Bancada alternativa pide audiencia pública en Tarazá por situación de Hidroituango

Las explicaciones dadas por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, por la reducción del caudal del río Cauca, por cuenta del proyecto Hidroituango, no son suficientes para la bancada alternativa del Congreso. Por tal motivo, los representantes León Fredy Muñoz (Alianza Verde), María José Pizarro (MAIS) y David Racero (Lista de la Decencia) radicaron una proposición para instalar una audiencia pública en Tarazá, Antioquia, por la situación que viven los municipios aguas debajo de la obra que pretende generar el 17% de la energía del país.

Lea: Alianza Verde anuncia debate de control político por situación de Hidroituango​

“Se solicita al gerente de Empresas Públicas y al alcalde de Medellín (presidente de la junta de EPM) dar respuestas de fondo y no enarbolar discursos que desvíen la atención sobre el impacto social y ambiental de esta crisis generada desde el inicio del proyecto”, se lee en la petición radicada ante el presidente de la Cámara, el liberal Alejandro Carlos Chacón.

La reducción del caudal, que por lo general está por encima de los 500 metros cúbicos, pasó a menos de 100 metros, situación que produjo la muerte y migración de miles de peces. Los efectos ambientales que está produciendo el poco flujo del agua son nefastos y, por el momento, incalculables.

Lo ocurrido se presentó, el pasado martes, por el cierre de la compuerta 1 del proyecto que, según EPM, presentaba una presión de aire y agua que podría atentar contra la estructura y generar un daño mayor a la comunidad. Las cuentas de los expertos prevén que por cinco días los niveles del agua serán muy bajos. El 16 de enero se había cerrado la compuerta 2, con el fin de empezar a interrumpir el paso del agua por la casa de máquinas.

Lea más: Una guía rápida para entender lo que está pasando en Hidroituango.

La crisis en el proyecto se inició a finales de abril de 2018, por el taponamiento de uno de los túneles de desvío del río. El cuarto de máquinas fue inundado, con costos aún incalculables y retrasos como consecuencia, la única alternativa para evitar una catástrofe. El 12 de mayo, sin embargo, una creciente se llevó tres puentes y 20 casas.

Frente a este panorama, los representantes de la bancada alternativa piden respuestas que justifiquen las decisiones tomadas que, según ellos, fueron ejecutadas “sin consultar a los organismos ambientales de control, ni a las comunidades”.

A la audiencia se convocará a Luis Pérez, gobernador de Antioquia; Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín; Jorge Londoño, gerente de EPM; Rodrigo Suárez, director de la ANLA; Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior; Ricardo Lozano, ministro del Medio Ambiente; los alcaldes de los municipios en inmediaciones del proyecto, entre otros. 

Asimismo, se invitará al procurador, Fernando Carrillo; contralor, Carlos Felipe Córdoba; y defensor, Carlos Alfonso Negret.  

Las explicaciones dadas por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, por la reducción del caudal del río Cauca, por cuenta del proyecto Hidroituango, no son suficientes para la bancada alternativa del Congreso. Por tal motivo, los representantes León Fredy Muñoz (Alianza Verde), María José Pizarro (MAIS) y David Racero (Lista de la Decencia) radicaron una proposición para instalar una audiencia pública en Tarazá, Antioquia, por la situación que viven los municipios aguas debajo de la obra que pretende generar el 17% de la energía del país.

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“Se solicita al gerente de Empresas Públicas y al alcalde de Medellín (presidente de la junta de EPM) dar respuestas de fondo y no enarbolar discursos que desvíen la atención sobre el impacto social y ambiental de esta crisis generada desde el inicio del proyecto”, se lee en la petición radicada ante el presidente de la Cámara, el liberal Alejandro Carlos Chacón.

La reducción del caudal, que por lo general está por encima de los 500 metros cúbicos, pasó a menos de 100 metros, situación que produjo la muerte y migración de miles de peces. Los efectos ambientales que está produciendo el poco flujo del agua son nefastos y, por el momento, incalculables.

Lo ocurrido se presentó, el pasado martes, por el cierre de la compuerta 1 del proyecto que, según EPM, presentaba una presión de aire y agua que podría atentar contra la estructura y generar un daño mayor a la comunidad. Las cuentas de los expertos prevén que por cinco días los niveles del agua serán muy bajos. El 16 de enero se había cerrado la compuerta 2, con el fin de empezar a interrumpir el paso del agua por la casa de máquinas.

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La crisis en el proyecto se inició a finales de abril de 2018, por el taponamiento de uno de los túneles de desvío del río. El cuarto de máquinas fue inundado, con costos aún incalculables y retrasos como consecuencia, la única alternativa para evitar una catástrofe. El 12 de mayo, sin embargo, una creciente se llevó tres puentes y 20 casas.

Frente a este panorama, los representantes de la bancada alternativa piden respuestas que justifiquen las decisiones tomadas que, según ellos, fueron ejecutadas “sin consultar a los organismos ambientales de control, ni a las comunidades”.

A la audiencia se convocará a Luis Pérez, gobernador de Antioquia; Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín; Jorge Londoño, gerente de EPM; Rodrigo Suárez, director de la ANLA; Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior; Ricardo Lozano, ministro del Medio Ambiente; los alcaldes de los municipios en inmediaciones del proyecto, entre otros. 

Asimismo, se invitará al procurador, Fernando Carrillo; contralor, Carlos Felipe Córdoba; y defensor, Carlos Alfonso Negret.