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Un proyecto que busca eliminar las barreras para el acceso a la Intervención Voluntaria del Embarazo (IVE), fue aprobado por el Concejo de Bogotá el pasado 2 de febrero y espera la sanción de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Sin embargo, la bancada provida del Congreso de la República no lo ve con buenos ojos y pide a la mandataria de la capital del país que lo objete, argumentando que es “ilegal”.
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A través de un comunicado, los congresistas provida rechazaron el proyecto “por medio del cual se toman medidas para garantizar el derecho a la vida, la salud plena, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, y el derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y se dictan otras disposiciones”.
En su documento, el grupo de parlamentarios dio una lista de argumentos, con los cuales busca que la alcaldesa López frene las aspiraciones del Concejo. Según los congresistas provida, “no existe en la legislación colombiana un derecho fundamental a la “Interrupción Voluntaria del Embarazo”, o aborto, y el Congreso de la República, órgano competente para aprobar las leyes en nuestro país, no ha aprobado ningún Proyecto de Acto de Legislativo, o Ley Estatutaria que lo establezca como tal”.
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Por otra parte, este bloque de parlamentarios manifiesta que lo aprobado por el Concejo de Bogotá desconoce aspectos consagrados en la Carta Política. “El artículo 11 de la Constitución Política de Colombia, según el cual la vida es inviolable, también coarta la libertad de conciencia de todo el personal de la salud del Distrito Capital que por sus convicciones se niegue a practicar un aborto, amenazándolos con sanciones disciplinarias o penales”, dice el texto.
Con estos argumentos, congresistas como la senadora Beatriz Lorena Ríos Cuellar (Colombia Justas Libres) y Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán (Partido Conservador), le hablan a la primera mandataria de la capital colombiana. ”Hacemos un llamado respetuoso a la señora Alcaldesa de Bogotá Claudia López, para que en uso de sus facultades constitucionales objete este Acuerdo por ser contrario al ordenamiento jurídico colombiano”, señalan.
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Por último, la bancada provida del Congreso anunció que en caso de que el proyecto finalmente sea aprobado por la alcaldesa, iniciarán “las acciones judiciales como la acción de nulidad, las quejas disciplinarias y las denuncias penales por configurarse un presunto delito de Prevaricato”.
El proyecto, que espera la firma de López, obligaría a que los servidores públicos garanticen el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en condiciones dignas, promoviendo la eliminación de barreras, persecuciones y hostigamientos contra las personas que deseen acceder al procedimiento.
Además de esto, también se establecerá una mesa de seguimiento por parte de la Secretaría de la Mujer para asegurar el cumplimiento de la norma, que también incluye la implementación de estrategias de pedagogía en prevención del embarazo adolescente y proyecto de vida, derechos sexuales y reproductivos.
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