![María del Rosario Guerra, Milla Romero y Gabriel Vallejo, entre otros, fueron los congresistas que impulsaron la inscripción.](https://www.elespectador.com/resizer/v2/G7QKCO2VONF73M4TTJH37SQIZ4.jpg?auth=b83465235848d1ac15e5e160695ea95d68083d44423eec089de1dd4b077472f2&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
este martes, la autodenominada bancada “provida” inscribió ante la Registraduría el comité promotor para realizar un referendo contra el derecho al aborto. Lo hace un poco más de dos meses después de que la Corte Constitucional avalara el derecho total al aborto hasta la semana 24 de embarazo, y el mismo día que se cumplen 16 años desde que el alto tribunal decidió la sentencia C- 355 de 2006, que despenalizó el aborto en tres causales.
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Los senadores María del Rosario Guerra, John Milton Rodríguez (también candidato presidencial), Milla Romero, Eduardo Pacheco, Esperanza Andrade y Juan Diego Gómez, todos integrantes de los partidos Colombia Justa-Libres, Centro Democrático y Conservador, integran la autodenominada bancada que, a su juicio, busca proteger los derechos del “no nacido” y la “dignidad de la mujer”, no obstante, deja de lado la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos y sobre el deseo que tengan o no de convertirse en madres, algo que hace parte del proyecto individual y el desarrollo a la personalidad de cada humano.
A pesar de ello, de las manifestaciones de cientos de mujeres, médicas, académicas, entre tantas otras, pidiendo la despenalización total del aborto, y de la decisión de la Corte Constitucional, la bancada siguió adelante con su intención de presentar un referendo contra este derecho para que los ciudadanos deroguen y rechacen la libertad recién ganada a pulso por el movimiento de mujeres.
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El comité está integrado por nueve personas que incluye a los senadores ya mencionados y a tres personas más: , la líder Andrea Garzón, la académica Nubia Posada y la pastora Fulvia Arboleda.
“El referendo buscará modificar la Constitución en tres puntos concretos: la protección constitucional de los colombianos que están por nacer, defensa de la vida desde la concepción, garantía de objeción de conciencia para todas las personas independientemente de que se desempeñen en el sector público o privado”, indicó la bancada en un comunicado.
Así las cosas, el comité hoy inscrito ante la Registraduría para dar inicio al largo proceso de un referendo busca modificar los artículos quinto, 11 y 18 de la Constitución para que prohíba el aborto como un derecho. Por ejemplo, sus integrantes piden que el artículo 11 quede así: “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. La vida humana es indisponible en todas sus etapas. El ser humano, desde el inicio de la concepción y durante la gestación, tiene derecho a nacer, sin discriminación. No existe el derecho al aborto o a la interrupción voluntaria del embarazo”.
¿Qué sigue?
La bancada ya cumplió con el primer paso de inscribir al comité promotor. Ahora la Registraduría cuenta con ocho días hábiles para verificar requisitos, luego tiene quince días para expedir la resolución de reconocimiento y el formulario de recolección de firmas. Este formulario tiene seis meses para recolectar el cinco por ciento del total del censo nacional y en ese mismo tiempo el registrador deberá indicar si las firmas recolectadas son válidas o no. Al tiempo debe confirmar si se cumplió con todos los requisitos o hay nulidad del proceso.
El referendo antiaborto resulta después de que los senadores presentaron proyectos para prohibir el aborto, siendo estos todos fallidos. Ahora lo hace en un momento en el que Colombia avanza en la visión global sobre el aborto, entendiéndolo después de décadas como un derecho que busca entender a las mujeres como sujetas autónomas de sus cuerpos y sus decisiones, y que tiene que ver con la salud de las mujeres y del cumplimiento del cuerpo médico de realizar procedimientos sin trabas ni moralidades.
A pesar de las intenciones de la bancada, el referendo, antes de efectuarse en las calles mediante el voto, debe primero pasar por la Corte Constitucional para un examen de constitucionalidad. Así las cosas, el tribunal que decidió despenalizar el aborto tendría que revisar si es viable en términos jurídicos este procedimiento que busca retroceder en derechos.