Bancada verde rechaza pretensión del Gobierno de reanudar aspersión con glifosato

Los 16 senadores y representantes a la Cámara que conforman la bancada de la Alianza Verde rechazaron la pretensión del Gobierno de reanudar la fumigación con glifosato, como parte del programa de erradicación de cultivos de uso ilícito. Puntualmente, se refirieron a la convocatoria por parte de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), de convocar a audiencias públicas virtuales durante la emergencia nacional por el COVID-19 y la cuarentena. 

(Contexto: Corte Constitucional mantiene condiciones para retomar aspersión con glifosato)

Según expusieron, el pasado 22 de abril, la Anla convocó a alcaldes, gobernadores, personeros, corporaciones autónomas regionales, organizaciones sociales e instituciones que hacen presencia en las regiones con cultivos de este tipo, a un cronograma de audiencias públicas a distancia, desde el 7 al 27 de mayo. Para los congresistas del ala alternativa, dicho llamado va en contra del concepto de la Procuraduría que ampara la participación ciudadana en asuntos relevantes para las comunidades. 

“Esta convocatoria no solo desconoce los conceptos de la Procuraduría General de la Nación, que considera que el mecanismo de audiencias públicas virtuales no garantiza plenamente el derecho a la participación ciudadana que se requiere en esta decisión, si no que evidencia la premura y urgencia que tiene el Gobierno Nacional de reanudar la aspersión con glifosato de los cultivos de uso ilícito, por encima de garantizar la salud e integridad de los habitantes de estas zonas y del ambiente”, dice el documento. 

(Recuerde: Los cuatro reparos al uso del glifosato que encontró el procurador)

Sumado a eso, la bancada critica que se hagan esas citaciones en un momento en que “todos los esfuerzos del Gobierno y sus ministerios deberían estar enfocados en propender por cuidar la vida de los ciudadanos y ciudadanas”. Consideran, entonces, que regresar a la aspersión aérea con glifosato es un retroceso a lo dispuesto por la Corte Constitucional sobre el tema, y que va en un camino completamente distinto a las medidas que debería implementar esta administración en favor de la salubridad del país. 

El senador Antonio Sanguino manifestó que esos intentos en torno al uso del químico pone en riesgo a los campesinos, una población supremamente importante en esta emergencia pues son quienes producen los alimentos que abastecen a las personas durante el aislamiento. 

(Lea: Corte Constitucional estudia ya 72 decretos por el COVID-19)

“Precisamente, cuando en la pandemia del coronavirus necesitamos atender a esos ciudadanos desatendidos históricamente, cuando además necesitamos al campo y al campesinado produciendo los alimentos que necesitamos en estos tiempos de cuarentena”, dijo. 

Por ello, piden al presidente de la República, Iván Duque, y al director de la Anla, Rodrigo Suárez Castaño, a que suspendan las audiencias sobre el programa para utilizar el herbicida, al menos durante la emergencia por el COVID-19 y “hasta que se pueda garantizar plenamente la transparencia del proceso y la participación de las comunidades en estos escenarios”. 

Los 16 senadores y representantes a la Cámara que conforman la bancada de la Alianza Verde rechazaron la pretensión del Gobierno de reanudar la fumigación con glifosato, como parte del programa de erradicación de cultivos de uso ilícito. Puntualmente, se refirieron a la convocatoria por parte de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), de convocar a audiencias públicas virtuales durante la emergencia nacional por el COVID-19 y la cuarentena. 

(Contexto: Corte Constitucional mantiene condiciones para retomar aspersión con glifosato)

Según expusieron, el pasado 22 de abril, la Anla convocó a alcaldes, gobernadores, personeros, corporaciones autónomas regionales, organizaciones sociales e instituciones que hacen presencia en las regiones con cultivos de este tipo, a un cronograma de audiencias públicas a distancia, desde el 7 al 27 de mayo. Para los congresistas del ala alternativa, dicho llamado va en contra del concepto de la Procuraduría que ampara la participación ciudadana en asuntos relevantes para las comunidades. 

“Esta convocatoria no solo desconoce los conceptos de la Procuraduría General de la Nación, que considera que el mecanismo de audiencias públicas virtuales no garantiza plenamente el derecho a la participación ciudadana que se requiere en esta decisión, si no que evidencia la premura y urgencia que tiene el Gobierno Nacional de reanudar la aspersión con glifosato de los cultivos de uso ilícito, por encima de garantizar la salud e integridad de los habitantes de estas zonas y del ambiente”, dice el documento. 

(Recuerde: Los cuatro reparos al uso del glifosato que encontró el procurador)

Sumado a eso, la bancada critica que se hagan esas citaciones en un momento en que “todos los esfuerzos del Gobierno y sus ministerios deberían estar enfocados en propender por cuidar la vida de los ciudadanos y ciudadanas”. Consideran, entonces, que regresar a la aspersión aérea con glifosato es un retroceso a lo dispuesto por la Corte Constitucional sobre el tema, y que va en un camino completamente distinto a las medidas que debería implementar esta administración en favor de la salubridad del país. 

El senador Antonio Sanguino manifestó que esos intentos en torno al uso del químico pone en riesgo a los campesinos, una población supremamente importante en esta emergencia pues son quienes producen los alimentos que abastecen a las personas durante el aislamiento. 

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“Precisamente, cuando en la pandemia del coronavirus necesitamos atender a esos ciudadanos desatendidos históricamente, cuando además necesitamos al campo y al campesinado produciendo los alimentos que necesitamos en estos tiempos de cuarentena”, dijo. 

Por ello, piden al presidente de la República, Iván Duque, y al director de la Anla, Rodrigo Suárez Castaño, a que suspendan las audiencias sobre el programa para utilizar el herbicida, al menos durante la emergencia por el COVID-19 y “hasta que se pueda garantizar plenamente la transparencia del proceso y la participación de las comunidades en estos escenarios”.