Benedetti alega que Fiscalía incurre en “irregularidades” en su proceso judicial

La semana pasada, la Fiscalía General de la Nación ocupó ocho de los bienes del senador Armando Benedetti. Lo hizo en el marco de la indagación preliminar que adelanta el Estado en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. La medida la ejecutó la Dirección de Extinción del Dominio del ente investigador y calculó que los bienes del congresista, situados en Bogotá, Atlántico y Meta, están avaluados en más de 8.000 millones de pesos.

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Aunque en algunos casos el proceso de extinción de dominio no pesa sobre él, sino sobre los propietarios anteriores de los bienes en cuestión, Benedetti aseguró que esta actuación y otras cinco hacen parte de una serie de “irregularidades” que está cometiendo la Fiscalía en el marco de la investigación. Las enumeró y describió en una carta que este martes envió al magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

A Hernández Barbosa, Benedetti le expresó que es era “la primera vez” que una magistrada de la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia, antes de una sentencia y sin definición de fondo de una situación jurídica, “compulsa copias para que se adelante un proceso de extinción de dominio en contra de los bienes que tiene un Senador. En ese sentido, manifestó que una segunda irregularidad se desencadenó por cuenta de dicha compulsa.

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Según el parlamentario y su equipo de abogados, la decisión de adelantar el proceso de extinción de dominio “trastoca el carácter real-patrimonial de dicha acción”. Para él, esta medida está impregnada de carácter personal en su contra. “Su argumentación se concentra y se dirige a reprochar mi conducta en lugar de verificar la procedencia o destinación ilícita de los bienes, lo cual denota una argumentación tendenciosa que minimiza la falta de fundamentos fácticos y jurídicos”, explicó.

En esa línea, afirmó que la decisión judicial se constituye sin tener en cuenta el vasto material probatorio que, insiste, lo favorece pues aclara la procedencia lícita de sus propiedades. “El Fiscal nada dice al respecto [de esto], pretendiendo hacer incurrir en error a los jueces de la República”, agregó, señalando además que esto contraria sus garantías y los principios procesales.

Añadió que la decisión afectó sus bienes en un tiempo récord y sin “un análisis probatorio riguroso”. Argumentó que la Fiscalía cuestionó la procedencia de sus propiedades y afirma “irresponsablemente” que estos provienen de actividades ilícitas, “a pesar de que dichas aseveraciones única y exclusivamente se sustentan en una denuncia, es decir, en declaraciones de particulares”.

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Ante la Corte Suprema de Justicia, Benedetti calificó los detalles del proceso de extinción de dominio como “peligrosos” pues solo se sustenta en las manifestaciones de particulares, alegando que estos señalamientos en su contra se hacen en alguien que es senador y que “por su labor se encuentra expuesto a contiendas e intereses políticos los cuales suelen valerse de instrumentos legales, como la acción de extinción de dominio, para tomar represalias por su actividad política”.

Puntualizó que la decisión de la discordia no solo le genera daños a nivel patrimonial, sino a nivel moral, de cara a la ciudadanía. “Con decisiones así se atenta contra la dignidad del cargo y de las instituciones, se quiebra la independencia y la autonomía de un funcionario de oposición, para que no pueda ejercer las labores que me han sido encomendadas, sin ser afectado por interferencias jurídicas”, concluyó.

La semana pasada, la Fiscalía General de la Nación ocupó ocho de los bienes del senador Armando Benedetti. Lo hizo en el marco de la indagación preliminar que adelanta el Estado en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. La medida la ejecutó la Dirección de Extinción del Dominio del ente investigador y calculó que los bienes del congresista, situados en Bogotá, Atlántico y Meta, están avaluados en más de 8.000 millones de pesos.

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Aunque en algunos casos el proceso de extinción de dominio no pesa sobre él, sino sobre los propietarios anteriores de los bienes en cuestión, Benedetti aseguró que esta actuación y otras cinco hacen parte de una serie de “irregularidades” que está cometiendo la Fiscalía en el marco de la investigación. Las enumeró y describió en una carta que este martes envió al magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

A Hernández Barbosa, Benedetti le expresó que es era “la primera vez” que una magistrada de la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia, antes de una sentencia y sin definición de fondo de una situación jurídica, “compulsa copias para que se adelante un proceso de extinción de dominio en contra de los bienes que tiene un Senador. En ese sentido, manifestó que una segunda irregularidad se desencadenó por cuenta de dicha compulsa.

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Según el parlamentario y su equipo de abogados, la decisión de adelantar el proceso de extinción de dominio “trastoca el carácter real-patrimonial de dicha acción”. Para él, esta medida está impregnada de carácter personal en su contra. “Su argumentación se concentra y se dirige a reprochar mi conducta en lugar de verificar la procedencia o destinación ilícita de los bienes, lo cual denota una argumentación tendenciosa que minimiza la falta de fundamentos fácticos y jurídicos”, explicó.

En esa línea, afirmó que la decisión judicial se constituye sin tener en cuenta el vasto material probatorio que, insiste, lo favorece pues aclara la procedencia lícita de sus propiedades. “El Fiscal nada dice al respecto [de esto], pretendiendo hacer incurrir en error a los jueces de la República”, agregó, señalando además que esto contraria sus garantías y los principios procesales.

Añadió que la decisión afectó sus bienes en un tiempo récord y sin “un análisis probatorio riguroso”. Argumentó que la Fiscalía cuestionó la procedencia de sus propiedades y afirma “irresponsablemente” que estos provienen de actividades ilícitas, “a pesar de que dichas aseveraciones única y exclusivamente se sustentan en una denuncia, es decir, en declaraciones de particulares”.

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Ante la Corte Suprema de Justicia, Benedetti calificó los detalles del proceso de extinción de dominio como “peligrosos” pues solo se sustenta en las manifestaciones de particulares, alegando que estos señalamientos en su contra se hacen en alguien que es senador y que “por su labor se encuentra expuesto a contiendas e intereses políticos los cuales suelen valerse de instrumentos legales, como la acción de extinción de dominio, para tomar represalias por su actividad política”.

Puntualizó que la decisión de la discordia no solo le genera daños a nivel patrimonial, sino a nivel moral, de cara a la ciudadanía. “Con decisiones así se atenta contra la dignidad del cargo y de las instituciones, se quiebra la independencia y la autonomía de un funcionario de oposición, para que no pueda ejercer las labores que me han sido encomendadas, sin ser afectado por interferencias jurídicas”, concluyó.