Resolución de Cancillería reduciría requerimientos para el ingreso a carrera diplomática
Tras conocer el borrador del texto, sindicatos del Ministerio de Relaciones Exteriores señalan que este podría generar “varios riesgos asociados a la subjetividad, pérdida de anonimato, desigualdad en condiciones de presentación, inconsistencia en el proceso de selección, y potencial para controversias”.
La Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo) y la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) levantaron la mano por un nuevo decreto que reduciría los requerimientos para el ingreso a la carrera diplomática.
El borrador, publicado inicialmente el 13 de junio, busca “convocar y reglamentar el Concurso de Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular para el año 2026, con base en el mérito a través de procedimientos que garanticen la igualdad de condiciones de quienes demuestren cumplir con los requisitos para tal fin”. Este detalla los puntos para que se desarrolle el concurso: la convocatoria, las inscripciones, acciones afirmativas que se tomarán para “posicionar el mérito de manera diferencial” y las pruebas.
Sin embargo, organizaciones ya prendieron las alertas, como lo detalló El País de Cali. Los comentarios se hicieron principalmente por las acciones afirmativas que plantea el texto, el examen escrito y el cambio en el nivel de manejo del idioma.
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Asodiplo ha señalado que las reglas establecidas podrían dar paso a una selección subjetiva de los aspirantes, pues no se determinan criterios objetivos de calificación. Esto, específicamente en dos puntos: la fase II, que corresponde a la prueba oral, y la fase III, que comprende tres pruebas de evaluación de competencias psicotécnicas y de perfil diplomático. Según la organización, estas dos etapas “en realidad constituyen una sola entrevista que suma 55% y que, por lo tanto, pueden ‘implicar la consideración subjetiva de las calidades de los entrevistados, para inclinar la balanza del concurso a favor o en contra, según la simpatía o animadversión personal que generen los aspirantes’”, citando al Consejo de Estado.
En la prueba oral, que se presentará en forma de video, indican que, sin tener criterios objetivos de calificación, “no garantiza que sea una competencia equitativa para todos y se corre el riesgo de que se convierta en un método subjetivo de evaluación”. Sumado a eso, al no haber un formato establecido y único para presentarla, se podrían generar ventajas, además que, al no ser tomada en tiempo real, “el riesgo de manipulación es alto”.
“El proyecto no establece un puntaje mínimo aprobatorio sino la escogencia de un número determinado entre los mayores puntajes, pero es claro que los mayores puntajes pueden llegar a ser bajos y, por lo tanto, se reduce la calidad y exigencia para los aspirantes que sean admitidos de esta forma”, señaló Asodiplo.
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Por el lado de Unidiplo, indican que el decreto establecería el nivel B1 como el mínimo para el requisito de idioma, pero este debería mantenerse en B2, con el que “el manejo del idioma es suficiente para referirse a temas más complejos sobre la especialidad profesional del hablante”. Además, un cambio en esta materia incurriría en “la violación de lo establecido en el artículo 20 del decreto ley 274 de 2000 y que podría potencialmente poner el peligro la legalidad del desarrollo de todo el concurso de ingreso”.
Otro punto cuestionado es que las acciones afirmativas planteadas en el texto pudieran generar que “por ejemplo, que el aspirante que ocupó el puesto número 200 en el concurso, incrementara su puntaje lo suficiente para ingresar en los 50 mejores puntajes y avanzar a la siguiente fase”. La organización argumenta que esto sería una afectación al derecho de igualdad de los aspirantes que habrían tenido porcentajes superiores, así como la integridad misma del concurso.
“Llamamos asimismo la atención sobre el hecho de que las poblaciones que se han incluido como objetivo de las acciones afirmativas no contienen a la totalidad de los grupos poblacionales de especial protección en Colombia”, se lee en el comunicado.
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En la fase I, indican que “la decisión de eliminar la prueba de conocimientos por selección múltiple elimina el componente de evaluación precisa, al poder subjetivamente dos ensayos que no miden los conocimientos de los aspirantes sobre asuntos centrales de la entidad”. A eso se sumaría que en la fase II, el concurso de méritos introduce “varios riesgos asociados a la subjetividad, pérdida de anonimato, desigualdad en condiciones de presentación, inconsistencia en el proceso de selección, y potencial para controversias”.
La fecha límite para hacer comentarios sobre el documento fue el 18 de junio y, por el momento, este se encuentra en análisis de comentarios.
En los últimos días, el nombramiento del general (r) Luis Mauricio Ospina como cónsul en Madrid fue causa de controversia, pues los sindicatos cuestionaron que no tuviera experiencia diplomática y fuera a asumir el mando de uno de los consulados más importantes que tiene Colombia en el mundo. El canciller Luis Gilberto Murillo ha dicho que revisará las preocupaciones antes de la posesión de Ospina en el cargo.
Aquí puede ver el último borrador que fue publicado para comentarios:
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La Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo) y la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) levantaron la mano por un nuevo decreto que reduciría los requerimientos para el ingreso a la carrera diplomática.
El borrador, publicado inicialmente el 13 de junio, busca “convocar y reglamentar el Concurso de Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular para el año 2026, con base en el mérito a través de procedimientos que garanticen la igualdad de condiciones de quienes demuestren cumplir con los requisitos para tal fin”. Este detalla los puntos para que se desarrolle el concurso: la convocatoria, las inscripciones, acciones afirmativas que se tomarán para “posicionar el mérito de manera diferencial” y las pruebas.
Sin embargo, organizaciones ya prendieron las alertas, como lo detalló El País de Cali. Los comentarios se hicieron principalmente por las acciones afirmativas que plantea el texto, el examen escrito y el cambio en el nivel de manejo del idioma.
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Asodiplo ha señalado que las reglas establecidas podrían dar paso a una selección subjetiva de los aspirantes, pues no se determinan criterios objetivos de calificación. Esto, específicamente en dos puntos: la fase II, que corresponde a la prueba oral, y la fase III, que comprende tres pruebas de evaluación de competencias psicotécnicas y de perfil diplomático. Según la organización, estas dos etapas “en realidad constituyen una sola entrevista que suma 55% y que, por lo tanto, pueden ‘implicar la consideración subjetiva de las calidades de los entrevistados, para inclinar la balanza del concurso a favor o en contra, según la simpatía o animadversión personal que generen los aspirantes’”, citando al Consejo de Estado.
En la prueba oral, que se presentará en forma de video, indican que, sin tener criterios objetivos de calificación, “no garantiza que sea una competencia equitativa para todos y se corre el riesgo de que se convierta en un método subjetivo de evaluación”. Sumado a eso, al no haber un formato establecido y único para presentarla, se podrían generar ventajas, además que, al no ser tomada en tiempo real, “el riesgo de manipulación es alto”.
“El proyecto no establece un puntaje mínimo aprobatorio sino la escogencia de un número determinado entre los mayores puntajes, pero es claro que los mayores puntajes pueden llegar a ser bajos y, por lo tanto, se reduce la calidad y exigencia para los aspirantes que sean admitidos de esta forma”, señaló Asodiplo.
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Por el lado de Unidiplo, indican que el decreto establecería el nivel B1 como el mínimo para el requisito de idioma, pero este debería mantenerse en B2, con el que “el manejo del idioma es suficiente para referirse a temas más complejos sobre la especialidad profesional del hablante”. Además, un cambio en esta materia incurriría en “la violación de lo establecido en el artículo 20 del decreto ley 274 de 2000 y que podría potencialmente poner el peligro la legalidad del desarrollo de todo el concurso de ingreso”.
Otro punto cuestionado es que las acciones afirmativas planteadas en el texto pudieran generar que “por ejemplo, que el aspirante que ocupó el puesto número 200 en el concurso, incrementara su puntaje lo suficiente para ingresar en los 50 mejores puntajes y avanzar a la siguiente fase”. La organización argumenta que esto sería una afectación al derecho de igualdad de los aspirantes que habrían tenido porcentajes superiores, así como la integridad misma del concurso.
“Llamamos asimismo la atención sobre el hecho de que las poblaciones que se han incluido como objetivo de las acciones afirmativas no contienen a la totalidad de los grupos poblacionales de especial protección en Colombia”, se lee en el comunicado.
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La fecha límite para hacer comentarios sobre el documento fue el 18 de junio y, por el momento, este se encuentra en análisis de comentarios.
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