Brutalidad policial en el paro: radican moción de censura contra Mindefensa

En medio de las denuncias de excesos y abuso en el uso de la fuerza por parte de la Policía en el marco del Paro Nacional, y cuando en las redes sociales pululan videos que dejan al desnudo casos de arbitrariedad y atropello, en el Congreso de la República fue radicada este martes una moción contra el ministro de Defensa, Diego Molano.

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La iniciativa, argumentan un grupo de congresistas por medio de una carta dirigida al presidente del Senado, Arturo Char, busca discutir “el tratamiento de guerra que se le ha dado a la movilización social, y la situación de orden público” que enfrenta el país en el marco del Paro Nacional.

Entre las motivaciones, los parlamentarios recuerdan que, a raíz de la fallida reforma tributaria que tuvo que retirar el gobierno de Iván Duque en el Congreso, se convocó a una jornada de paro desde el pasado miércoles 28 de abril. Todo ello, en un contexto de insatisfacción general por el mal manejo gubernamental de la pandemia, el incremento de la pobreza, el desempleo y, en general, el deterioro de las condiciones de salubridad y vida de la población.

“Desde el mismo momento de la convocatoria, autoridades gubernamentales intentaron disuadir a la ciudadanía a través de discursos estigmatizantes para no realizar las manifestaciones convocadas”, explicaron, señalando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por cuenta de la emergencia sanitaria desatada por el COVID-19, ha recordado la obligación estatal de respetar los derechos humanos.

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Adicionalmente, siguiendo con los pronunciamientos de la Comisión, señalaron que los Estados están llamados a velar porque el uso de la fuerza se ajuste a los principios de absoluta necesidad, proporcionalidad y precaución. “Pese a lo anterior, la situación de derechos humanos en el marco de las protestas sociales que se han presentado en el país se ha caracterizado por un uso excesivo, desproporcionado y arbitrario de la fuerza por parte de agentes estatales, que ha derivado en una crítica situación no vista desde hace décadas en Colombia”.

En esa línea, citando cifras de la “Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas”, una red de diferentes organizaciones de derechos humanos en procura de hacer seguimiento y velar por los derechos humanos en las protestas sociales, advierten que entre el 28 de abril y el 3 de mayo de 2021, se registraron 305 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el Esmad; 23 sufrieron lesiones oculares; 47 defensores de derechos humanos fueron agredidas; 11 personas fueron víctimas de violencias basadas en género ejercidas por la Policía Nacional; 18 personas han sido asesinadas presuntamente por el accionar de la Policía, y 988 personas han sido detenidas, gran parte de ellas por medio de procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a tortura y/o tratos crueles.

Por otro lado, según la plataforma Grita de la ONG Temblores, desde el 28 de abril hasta el 3 de mayo se tiene registro de 1.181 casos de violencia policial; 142 víctimas de violencia física por parte de la Policía; 26 víctimas de violencia homicida por parte de la Policía; 761 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes; 215 intervenciones violentas por parte de la Fuerza Pública; 17 víctimas de agresión en sus ojos; 56 casos de disparos de arma de fuego por parte de la Policía, y 9 víctimas de violencia sexual por parte de la Fuerza Pública.

Para los congresistas, las detenciones se han caracterizado por violar todas las normas nacionales e internacionales en materia de privación de la libertad, teniendo en cuenta, entre otras, que muchas de ellas se han efectuado “sin que exista motivo legal para proceder con la detención”, y de otra parte, no se han cumplido “los procedimientos establecidos, particularmente el deber de presentar de manera inmediata a los detenidos o conducidos ante las autoridades judiciales competentes”.

“Es importante advertir que un número indeterminado de las detenciones se dieron bajo la modalidad de ‘traslado por protección’ o ‘traslado por procedimiento policivo’, medidas que contempla el Código Nacional de Policía como mecanismos de protección, pero no como mecanismos de sanción o castigo. Pese a ello, pareciera una directriz general de la Policía utilizar esta figura de manera generalizada para privar de la libertad a personas sin que medie delito o infracción alguna”, agregaron.

Adicionalmente, citaron estadísticas de la Mesa Nacional de Trabajo sobre Desaparición Forzada, que ha documentado 135 denuncias por posibles desapariciones forzadas de personas en los últimos 5 días. “28 han aparecido con vida después de sufrir detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles. 107 continúan desaparecidas”.

Por otra parte, llamaron la atención porque se ha evidenciado en algunas ciudades, como Cali, Bogotá, Santander y Medellín, cortes eléctricos, “situación que habría sido aprovechada por el ESMAD y la Policía para agredir, vulnerar, perseguir y capturar arbitrariamente a todos los ciudadanos que se encuentran fuera de sus casas. Incluso aprovechan para hacer uso de armas de fuego, situación que ha resultado en homicidios cuyos móviles aún no se han esclarecido”.

Entre las motivaciones no se pasó por alto la situación en la ciudad de Cali, donde, según información periodística, han perdido la vida por lo menos 22 personas en hechos relacionados con la protesta social. “Varias víctimas han sido jóvenes y adolescentes, sobre los cuales se ha aplicado una fuerza letal sin que existan méritos legales para ello”.

Para los congresistas, todos estos hechos fueron de conocimiento inmediato del ministro de Defensa, quien ha presidido los Puestos de Mando Unificado, lugar en el cual se visibiliza la totalidad del sistema de seguridad y cámaras del país. “Desde ese lugar, el ministro tuvo conocimiento del uso desmedido de armas de fuego y no adoptó ni emitió orden que alentara a los agentes de policía a cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, pudiendo así evitar la tragedia a la que nos estamos enfrentando desde hace seis días”.

Según los parlamentarios, el uso de armas de fuego y el uso indebido de armas potencialmente letales para contener escenarios de protesta social no ha conducido a la debida investigación de los casos sobre abuso policial, ni el retiro de los cargos de los altos mandos responsables y la correspondiente sanción de estas conductas. Por el contrario, alegan, el posicionamiento oficial de que las acciones efectivas de la Policía permitían “reducir el vandalismo” creó un manto de impunidad y legitimidad de estas acciones.

“Las cifras aquí presentadas evidencian que existen hechos y conductas que se repiten deliberadamente en distintas ciudades del país, lo que denota la improbabilidad de su carácter fortuito. La existencia de un caso de violencia o de unos cuantos podría alegarse como un hecho fortuito, pero cuando los actos demuestran la repetición de patrones, como se evidencia en el uso de armas durante cortes de luz, las detenciones arbitrarias, la negativa a reconocer la detención, los golpes y otros tratos crueles, evidencian una similitud en los múltiples actos, por lo cual debe dejarse fuera la consideración de su carácter fortuito”, explicaron.

Reclamaron, por último, que las recientes declaraciones del ministro de Defensa reproducen la estigmatización y la criminalización de la protesta social, en medio de un clima de violencia sistemática contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.

“De acuerdo con los múltiples registros que son de público conocimiento, las graves y sistemáticas agresiones contra manifestantes se han exacerbado por cuenta de las declaraciones del ministro de Defensa que ha difundido una versión que no se ajusta al comportamiento de los manifestantes, ni al desarrollo de las protestas”, puntualizan.

En medio de las denuncias de excesos y abuso en el uso de la fuerza por parte de la Policía en el marco del Paro Nacional, y cuando en las redes sociales pululan videos que dejan al desnudo casos de arbitrariedad y atropello, en el Congreso de la República fue radicada este martes una moción contra el ministro de Defensa, Diego Molano.

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La iniciativa, argumentan un grupo de congresistas por medio de una carta dirigida al presidente del Senado, Arturo Char, busca discutir “el tratamiento de guerra que se le ha dado a la movilización social, y la situación de orden público” que enfrenta el país en el marco del Paro Nacional.

Entre las motivaciones, los parlamentarios recuerdan que, a raíz de la fallida reforma tributaria que tuvo que retirar el gobierno de Iván Duque en el Congreso, se convocó a una jornada de paro desde el pasado miércoles 28 de abril. Todo ello, en un contexto de insatisfacción general por el mal manejo gubernamental de la pandemia, el incremento de la pobreza, el desempleo y, en general, el deterioro de las condiciones de salubridad y vida de la población.

“Desde el mismo momento de la convocatoria, autoridades gubernamentales intentaron disuadir a la ciudadanía a través de discursos estigmatizantes para no realizar las manifestaciones convocadas”, explicaron, señalando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por cuenta de la emergencia sanitaria desatada por el COVID-19, ha recordado la obligación estatal de respetar los derechos humanos.

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Adicionalmente, siguiendo con los pronunciamientos de la Comisión, señalaron que los Estados están llamados a velar porque el uso de la fuerza se ajuste a los principios de absoluta necesidad, proporcionalidad y precaución. “Pese a lo anterior, la situación de derechos humanos en el marco de las protestas sociales que se han presentado en el país se ha caracterizado por un uso excesivo, desproporcionado y arbitrario de la fuerza por parte de agentes estatales, que ha derivado en una crítica situación no vista desde hace décadas en Colombia”.

En esa línea, citando cifras de la “Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas”, una red de diferentes organizaciones de derechos humanos en procura de hacer seguimiento y velar por los derechos humanos en las protestas sociales, advierten que entre el 28 de abril y el 3 de mayo de 2021, se registraron 305 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el Esmad; 23 sufrieron lesiones oculares; 47 defensores de derechos humanos fueron agredidas; 11 personas fueron víctimas de violencias basadas en género ejercidas por la Policía Nacional; 18 personas han sido asesinadas presuntamente por el accionar de la Policía, y 988 personas han sido detenidas, gran parte de ellas por medio de procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a tortura y/o tratos crueles.

Por otro lado, según la plataforma Grita de la ONG Temblores, desde el 28 de abril hasta el 3 de mayo se tiene registro de 1.181 casos de violencia policial; 142 víctimas de violencia física por parte de la Policía; 26 víctimas de violencia homicida por parte de la Policía; 761 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes; 215 intervenciones violentas por parte de la Fuerza Pública; 17 víctimas de agresión en sus ojos; 56 casos de disparos de arma de fuego por parte de la Policía, y 9 víctimas de violencia sexual por parte de la Fuerza Pública.

Para los congresistas, las detenciones se han caracterizado por violar todas las normas nacionales e internacionales en materia de privación de la libertad, teniendo en cuenta, entre otras, que muchas de ellas se han efectuado “sin que exista motivo legal para proceder con la detención”, y de otra parte, no se han cumplido “los procedimientos establecidos, particularmente el deber de presentar de manera inmediata a los detenidos o conducidos ante las autoridades judiciales competentes”.

“Es importante advertir que un número indeterminado de las detenciones se dieron bajo la modalidad de ‘traslado por protección’ o ‘traslado por procedimiento policivo’, medidas que contempla el Código Nacional de Policía como mecanismos de protección, pero no como mecanismos de sanción o castigo. Pese a ello, pareciera una directriz general de la Policía utilizar esta figura de manera generalizada para privar de la libertad a personas sin que medie delito o infracción alguna”, agregaron.

Adicionalmente, citaron estadísticas de la Mesa Nacional de Trabajo sobre Desaparición Forzada, que ha documentado 135 denuncias por posibles desapariciones forzadas de personas en los últimos 5 días. “28 han aparecido con vida después de sufrir detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles. 107 continúan desaparecidas”.

Por otra parte, llamaron la atención porque se ha evidenciado en algunas ciudades, como Cali, Bogotá, Santander y Medellín, cortes eléctricos, “situación que habría sido aprovechada por el ESMAD y la Policía para agredir, vulnerar, perseguir y capturar arbitrariamente a todos los ciudadanos que se encuentran fuera de sus casas. Incluso aprovechan para hacer uso de armas de fuego, situación que ha resultado en homicidios cuyos móviles aún no se han esclarecido”.

Entre las motivaciones no se pasó por alto la situación en la ciudad de Cali, donde, según información periodística, han perdido la vida por lo menos 22 personas en hechos relacionados con la protesta social. “Varias víctimas han sido jóvenes y adolescentes, sobre los cuales se ha aplicado una fuerza letal sin que existan méritos legales para ello”.

Para los congresistas, todos estos hechos fueron de conocimiento inmediato del ministro de Defensa, quien ha presidido los Puestos de Mando Unificado, lugar en el cual se visibiliza la totalidad del sistema de seguridad y cámaras del país. “Desde ese lugar, el ministro tuvo conocimiento del uso desmedido de armas de fuego y no adoptó ni emitió orden que alentara a los agentes de policía a cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, pudiendo así evitar la tragedia a la que nos estamos enfrentando desde hace seis días”.

Según los parlamentarios, el uso de armas de fuego y el uso indebido de armas potencialmente letales para contener escenarios de protesta social no ha conducido a la debida investigación de los casos sobre abuso policial, ni el retiro de los cargos de los altos mandos responsables y la correspondiente sanción de estas conductas. Por el contrario, alegan, el posicionamiento oficial de que las acciones efectivas de la Policía permitían “reducir el vandalismo” creó un manto de impunidad y legitimidad de estas acciones.

“Las cifras aquí presentadas evidencian que existen hechos y conductas que se repiten deliberadamente en distintas ciudades del país, lo que denota la improbabilidad de su carácter fortuito. La existencia de un caso de violencia o de unos cuantos podría alegarse como un hecho fortuito, pero cuando los actos demuestran la repetición de patrones, como se evidencia en el uso de armas durante cortes de luz, las detenciones arbitrarias, la negativa a reconocer la detención, los golpes y otros tratos crueles, evidencian una similitud en los múltiples actos, por lo cual debe dejarse fuera la consideración de su carácter fortuito”, explicaron.

Reclamaron, por último, que las recientes declaraciones del ministro de Defensa reproducen la estigmatización y la criminalización de la protesta social, en medio de un clima de violencia sistemática contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.

“De acuerdo con los múltiples registros que son de público conocimiento, las graves y sistemáticas agresiones contra manifestantes se han exacerbado por cuenta de las declaraciones del ministro de Defensa que ha difundido una versión que no se ajusta al comportamiento de los manifestantes, ni al desarrollo de las protestas”, puntualizan.