Buscan acuerdos para hallar desaparecidos de la guerra en el Canal del Dique

A las 270 organizaciones que conforman la Ruta del Cimarronaje, integrada por lideresas y líderes buscadores de desaparecidos en el Atlántico, Sucre y Bolívar, se les ha dicho que es prácticamente imposible encontrar a sus familiares que podrían estar en el cuerpo de agua del Canal del Dique. La búsqueda de los restos arrojados en el marco del conflicto armado a esa corriente entre el río Magdalena y el mar Caribe es compleja, pues requiere exploraciones subacuáticas y estudios técnicos.

Aun así, los familiares y miembros de la red aseguran que ellos, así como los pescadores, han avistado desde hace años restos humanos en la corriente de agua que sería uno de los “cementerios acuáticos” más grandes del Caribe. Hasta el momento no es posible una intervención, por las dificultades técnicas. No obstante, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) señaló que su “misión es buscar y en esa medida vamos a actuar. Tenemos que revisar técnicamente las posibilidades y hacer una acción de prospección”, dijo la coordinadora territorial en Sucre y Bolívar.

Además, las comunidades están a la espera de la aprobación de un protocolo claro que delinee los procedimientos para realizar una intervención y que permita una conjugación de fuerzas entre la UBPD, la Fiscalía y el concesionario del megaproyecto del Canal del Dique. Ese protocolo ya lo construyó la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) junto con la Ruta del Cimarronaje y la Unidad, luego de que en 2022 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenara medidas cautelares para la protección de la búsqueda en el marco de la mega obra que se realiza en el canal. Pero, está en revisión de esa corte.

Mientras sale ese protocolo, las comunidades están negociando con la UBPD la posibilidad de que ellos, por su cuenta, puedan proteger los hallazgos y aportar con su conocimiento y saberes en una eventual intervención en el cuerpo de agua. Por lo menos diez mujeres en representación de la red hablaron con la directora Luz Janeth Forero en el marco de un encuentro al que fueron invitadas junto a otras 25 organizaciones en Santa Marta, Magdalena, para recibir una capacitación en técnicas de innovación para la búsqueda en diversos contextos, pero especialmente en zonas de difícil acceso, como el Canal del Dique.

Allí, al igual que en el manglar de San Antonio en Buenaventura, en donde los grupos paramilitares habrían arrojado y amarrado a sus víctimas, hay complejidades por las condiciones del agua y el eventual estado de los cuerpos. De hecho, un funcionario de la Unidad le dijo a este diario que, si las organizaciones han avistado restos recientemente, podrían no estar bajo su competencia, pues la UBPD hace hallazgos de antes del 1 de diciembre de 2016, por razones del conflicto armado.

De todos modos, las representantes de la red aseguraron que hay buen ambiente con la Unidad y que incluso hablaron de la posible realización de una mesa técnica para escuchar sus dudas y definir cuál puede ser la calidad de la participación de los familiares en la búsqueda, más allá de su contribución como aportantes de información.

De hecho, en medio del taller que se extendió entre el 14 y 16 de marzo en Santa Marta y en el que participaron expertos forenses, dos de los temas centrales fueron cómo integrar los saberes de las poblaciones a la labor de la UBPD. Igualmente, se expuso como optimizar la búsqueda en condiciones y espacios de humedad, así como cuando hay malas prácticas administrativas o incluso en los que persisten dinámicas de violencia.

Precisamente, el pasado martes, 12 de marzo, la JEP extendió medidas cautelares en el aeropuerto de Cimitarra (Santander), en la pista y sus alrededores, donde podrían estar los cuerpos de campesinos. En el caso del Canal del Dique, habría alrededor de 9 mil desaparecidos y 121 puntos de interés forense, según la JEP.

Por su parte, la directora Luz Janeth Forero, quien llegó a la dirección de la Unidad en marzo de 2023, reconoció que son “conscientes de las limitaciones” y por eso están buscando la forma de modernizar cada vez más la búsqueda y tener mayor capacidad institucional, para lo que incluso están preparando un proyecto de ley que pase por el Congreso con el senador del partido Alianza Verde, Ariel Ávila.

En otros casos, también hay dificultades para la identificación de los cuerpos luego de su hallazgo. De hecho, el universo de personas desaparecidas según la UBPD es de 103.389 y aunque hay 1.251 cuerpos recuperados, solo 256 han sido exhumados y entregados a sus familiares de manera culturalmente pertinente. En palabras de la directora, faltan recursos humanos, información de calidad y, además, tienen un presupuesto limitado de $183.781 millones –Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024–, que se queda corto frente a los costos del despliegue logístico y al valor de la confrontación de perfiles genéticos con muestras de ADN.

Pese a esas complejidades, se ha internado articular con la población, que tienen información útil para hallar a sus desaparecidos y que han solicitado por años el despliegue en territorios específicos. De hecho, hay quienes han realizado de forma autónoma la búsqueda, ese es el caso de El Copey, en Cesar, en donde actualmente la generalidad de la institucionalidad tiene dificultades para entrar en la zona por la escalada de la violencia y la operación de grupos armados como el Clan del Golfo y los Pachenca, que se disputan las rutas del narcotráfico. Pero la Unidad, pide hacerlo con su apoyo y en el marco de las posibilidades de ley.

Entre tanto, Forero habló de la articulación que realizan junto a la Fiscalía, Medicina Legal y otras instituciones y pidió a las entidades territoriales mantener buenas prácticas, tras hallar hace dos semanas 211 cuerpos en el cementerio de Cúcuta que habrían sido exhumados y reubicados sin seguir la reglamentación.

En el caso del Canal del Dique, las víctimas advierten que, con el protocolo, “no habrá excusa para la intervención” no solo de la UBPD sino de las demás entidades participantes. “Nos llevamos esa esperanza, de que podamos hacer una mesa de trabajo para tener avances”, dijo una de las integrantes de la Ruta del Cimarronaje.

Y la Unidad, por su parte, manifestó que –aunque no tienen claro el tiempo para que esos acuerdos rindan frutos– “esperamos que, en ese ejercicio articulado con el concesionario del canal y con la Fiscalía tengamos más posibilidades para salir”. Hay expectativa sobre ese resultado.

*Este texto fue posible gracias al apoyo de la Unidad de Busqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD).

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A las 270 organizaciones que conforman la Ruta del Cimarronaje, integrada por lideresas y líderes buscadores de desaparecidos en el Atlántico, Sucre y Bolívar, se les ha dicho que es prácticamente imposible encontrar a sus familiares que podrían estar en el cuerpo de agua del Canal del Dique. La búsqueda de los restos arrojados en el marco del conflicto armado a esa corriente entre el río Magdalena y el mar Caribe es compleja, pues requiere exploraciones subacuáticas y estudios técnicos.

Aun así, los familiares y miembros de la red aseguran que ellos, así como los pescadores, han avistado desde hace años restos humanos en la corriente de agua que sería uno de los “cementerios acuáticos” más grandes del Caribe. Hasta el momento no es posible una intervención, por las dificultades técnicas. No obstante, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) señaló que su “misión es buscar y en esa medida vamos a actuar. Tenemos que revisar técnicamente las posibilidades y hacer una acción de prospección”, dijo la coordinadora territorial en Sucre y Bolívar.

Además, las comunidades están a la espera de la aprobación de un protocolo claro que delinee los procedimientos para realizar una intervención y que permita una conjugación de fuerzas entre la UBPD, la Fiscalía y el concesionario del megaproyecto del Canal del Dique. Ese protocolo ya lo construyó la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) junto con la Ruta del Cimarronaje y la Unidad, luego de que en 2022 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenara medidas cautelares para la protección de la búsqueda en el marco de la mega obra que se realiza en el canal. Pero, está en revisión de esa corte.

Mientras sale ese protocolo, las comunidades están negociando con la UBPD la posibilidad de que ellos, por su cuenta, puedan proteger los hallazgos y aportar con su conocimiento y saberes en una eventual intervención en el cuerpo de agua. Por lo menos diez mujeres en representación de la red hablaron con la directora Luz Janeth Forero en el marco de un encuentro al que fueron invitadas junto a otras 25 organizaciones en Santa Marta, Magdalena, para recibir una capacitación en técnicas de innovación para la búsqueda en diversos contextos, pero especialmente en zonas de difícil acceso, como el Canal del Dique.

Allí, al igual que en el manglar de San Antonio en Buenaventura, en donde los grupos paramilitares habrían arrojado y amarrado a sus víctimas, hay complejidades por las condiciones del agua y el eventual estado de los cuerpos. De hecho, un funcionario de la Unidad le dijo a este diario que, si las organizaciones han avistado restos recientemente, podrían no estar bajo su competencia, pues la UBPD hace hallazgos de antes del 1 de diciembre de 2016, por razones del conflicto armado.

De todos modos, las representantes de la red aseguraron que hay buen ambiente con la Unidad y que incluso hablaron de la posible realización de una mesa técnica para escuchar sus dudas y definir cuál puede ser la calidad de la participación de los familiares en la búsqueda, más allá de su contribución como aportantes de información.

De hecho, en medio del taller que se extendió entre el 14 y 16 de marzo en Santa Marta y en el que participaron expertos forenses, dos de los temas centrales fueron cómo integrar los saberes de las poblaciones a la labor de la UBPD. Igualmente, se expuso como optimizar la búsqueda en condiciones y espacios de humedad, así como cuando hay malas prácticas administrativas o incluso en los que persisten dinámicas de violencia.

Precisamente, el pasado martes, 12 de marzo, la JEP extendió medidas cautelares en el aeropuerto de Cimitarra (Santander), en la pista y sus alrededores, donde podrían estar los cuerpos de campesinos. En el caso del Canal del Dique, habría alrededor de 9 mil desaparecidos y 121 puntos de interés forense, según la JEP.

Por su parte, la directora Luz Janeth Forero, quien llegó a la dirección de la Unidad en marzo de 2023, reconoció que son “conscientes de las limitaciones” y por eso están buscando la forma de modernizar cada vez más la búsqueda y tener mayor capacidad institucional, para lo que incluso están preparando un proyecto de ley que pase por el Congreso con el senador del partido Alianza Verde, Ariel Ávila.

En otros casos, también hay dificultades para la identificación de los cuerpos luego de su hallazgo. De hecho, el universo de personas desaparecidas según la UBPD es de 103.389 y aunque hay 1.251 cuerpos recuperados, solo 256 han sido exhumados y entregados a sus familiares de manera culturalmente pertinente. En palabras de la directora, faltan recursos humanos, información de calidad y, además, tienen un presupuesto limitado de $183.781 millones –Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024–, que se queda corto frente a los costos del despliegue logístico y al valor de la confrontación de perfiles genéticos con muestras de ADN.

Pese a esas complejidades, se ha internado articular con la población, que tienen información útil para hallar a sus desaparecidos y que han solicitado por años el despliegue en territorios específicos. De hecho, hay quienes han realizado de forma autónoma la búsqueda, ese es el caso de El Copey, en Cesar, en donde actualmente la generalidad de la institucionalidad tiene dificultades para entrar en la zona por la escalada de la violencia y la operación de grupos armados como el Clan del Golfo y los Pachenca, que se disputan las rutas del narcotráfico. Pero la Unidad, pide hacerlo con su apoyo y en el marco de las posibilidades de ley.

Entre tanto, Forero habló de la articulación que realizan junto a la Fiscalía, Medicina Legal y otras instituciones y pidió a las entidades territoriales mantener buenas prácticas, tras hallar hace dos semanas 211 cuerpos en el cementerio de Cúcuta que habrían sido exhumados y reubicados sin seguir la reglamentación.

En el caso del Canal del Dique, las víctimas advierten que, con el protocolo, “no habrá excusa para la intervención” no solo de la UBPD sino de las demás entidades participantes. “Nos llevamos esa esperanza, de que podamos hacer una mesa de trabajo para tener avances”, dijo una de las integrantes de la Ruta del Cimarronaje.

Y la Unidad, por su parte, manifestó que –aunque no tienen claro el tiempo para que esos acuerdos rindan frutos– “esperamos que, en ese ejercicio articulado con el concesionario del canal y con la Fiscalía tengamos más posibilidades para salir”. Hay expectativa sobre ese resultado.

*Este texto fue posible gracias al apoyo de la Unidad de Busqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD).

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