Cada cuatro días hay una víctima de violencia político-electoral en Colombia

La aventura electoral de 2022 ya se siente. La primera parada son las elecciones legislativas, que se realizarán en marzo de 2022, y mientras las diferentes fuerzas políticas se mueven para perfilar a sus candidatos y quedarse con el espectro más amplio del Congreso, no cesan las advertencias sobre violencia electoral. Este miércoles, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) presentó un informe sobre las dinámicas que se han identificado desde el pasado 13 de marzo, fecha en que inició el calendario de las elecciones. De acuerdo con el documento, desde entonces se han registrado 36 víctimas y 29 hechos de violencia electoral.

La medición no toma en cuenta los hechos perpetrados contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, pero la cifra llama la atención pues se traduce en que en ese lapso de cinco meses (marzo - agosto) en Colombia se registró una víctima de violencia político-electoral cada cuatro días. Entre los hechos, que se han registrado en 15 departamentos del país, se identifican asesinatos selectivos, amenazas y homicidios, aunque el informe también enmarca como violencia electoral aquellas dinámicas de clientelismo y corrupción que igual terminan deformando el ejercicio democrático.

El documento, bautizado “Primer informe de violencia y dinámica electoral”, se basó en lo ocurrido durante una época considerada preelectoral, pues a pesar de la fecha de inicio que marca el calendario electoral, las campañas se lanzarán de manera formal en diciembre. Por esta razón, este periodo se establece como un momento de campaña “no formal”.

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El escenario es pesimista respecto a las últimas elecciones que se celebraron en el país, que fueron las de alcaldes, concejales, diputados, gobernadores y ediles, en 2019. En ese entonces, cuatro informes de Pares revelaron que en la época electoral hubo 230 víctimas de 177 hechos de violencia electoral, que se registraron en 136 municipios de 28 departamentos.

Esta vez, el informe que detalla solo el preámbulo de las elecciones de 2022 indica que se reiteran prácticas peligrosas para la democracia como el accionar de grupos armados ilegales “que compiten, cooperan o conviven con las instituciones del Estado y sus funcionarios para obtener o mantener el control territorial o de sus rentas”.

Entre los 29 hechos violentos que fueron documentados hubo 23 amenazas y 6 homicidios. Las víctimas más recurrentes de estos episodios fueron, con un 47,2 %, funcionarios públicos elegidos con votos popular, es decir concejales, ediles, diputados y congresistas. Entre ese perfil, los más afectados han sido concejales de cuatro entes territoriales (Ibagué, Tolima; Luruaco, Atlántico; Valledupar, Cesar; Medellín, Antioquia, y Bogotá). También han recibido amenazas dos ediles, dos diputados y una representante a la Cámara.

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La violencia electoral también se ha ensañado contra miembros de partidos políticos y periodistas. De acuerdo con el documento, con cinco y cuatro casos, respectivamente, fueron los siguientes perfiles más victimizados durante el primer semestre del año. En cuanto a filiación política, el texto reveló que en época preelectoral los partidos alternativos han sido los más victimizados, sobre todo en aquellos territorios en que hubo un cambio político.

“Los sectores más victimizados han sido aquellos que, a nivel local, según el estatuto de oposición, hacen parte de las coaliciones gobierno. Esto significa que los partidos que se declararon en gobierno a nivel local son los que han tenido mayor tendencia a ser sujetos de hechos victimizantes”, indicó en el informe sobre las amenazas a los grupos políticos que llegaron a gobernar, un fenómeno que se evidenció más que todo en municipios de Antioquia, Magdalena y Putumayo.

Para inferir que los partidos alternativos o emergentes fueron los más afectados, el informe presentó al Partido Alianza Verde, con un 29 %, como el que más víctimas reportó. Aunque le sigue un partido tradicional, el Liberal con 17 %, las otras colectividades que completan el cuadro de los más victimizados son el MAIS, con 13 %, y Colombia Humana con 13 %.

Las causas de estas violencias son diversas, pero según Pares el principal motivo son las alianzas con grupos al margen de la ley, algo que vienen identificando desde 2014 cuando han documentado casos de herederos de las estructuras asociadas a la parapolítica en el Congreso así como la injerencia que ha tenido este fenómenos en escándalos de corrupción. También entran a jugar en este apartado los clanes políticos, que para la fundación son responsables de buscar cualquier forma de corrupción para mover las maquinarias en sus regiones.

En cuanto a la violencia armada, las dinámicas giran en torno al reasentamiento de los grupos criminales tras la firma del Acuerdo de Paz. Y a pesar de que en la mayoría de casos de violencia no se ha podido identificar a los perpetradores (72,4 %), sí hay un 27,5 % en el que se identificaron como presuntos responsables a grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas, las Autodefensas Campesinas de la Sierra Nevada, las Autodefensas Unidas de Medellín y Los Caparros.

Sobre los actores perpetradores de la violencia, Pares avisó que las Águilas Negras volvió a aparecer como como uno de los presuntos responsable de los casos de violencia electoral. En cuanto a las formas, se mantienen los panfletos como principal forma de intimidación, en especial en ciudades como Bogotá, Ibagué, Riohacha y Villavicencio, donde tanto las bandas criminales han amenazado a políticos, activistas y periodistas.

Como conclusión, el informe resalta la importancia de “analizar los distintos fenómenos de violencia que puedan estar relacionados con este período preelectoral”, teniendo en cuenta que los grandes grupos políticos buscarán mover sus maquinarias y apoyos en territorio para impulsar sus respectivas fichas, y también menciona la necesidad de poner la lupa sobre las acciones de organizaciones criminales e incluso grupos políticos, a los que desde las pasadas elecciones locales se les viene haciendo registro del uso de la violencia como mecanismo de competencia electoral, sobre todo contra partidos en crecimiento o alternativos.

La aventura electoral de 2022 ya se siente. La primera parada son las elecciones legislativas, que se realizarán en marzo de 2022, y mientras las diferentes fuerzas políticas se mueven para perfilar a sus candidatos y quedarse con el espectro más amplio del Congreso, no cesan las advertencias sobre violencia electoral. Este miércoles, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) presentó un informe sobre las dinámicas que se han identificado desde el pasado 13 de marzo, fecha en que inició el calendario de las elecciones. De acuerdo con el documento, desde entonces se han registrado 36 víctimas y 29 hechos de violencia electoral.

La medición no toma en cuenta los hechos perpetrados contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, pero la cifra llama la atención pues se traduce en que en ese lapso de cinco meses (marzo - agosto) en Colombia se registró una víctima de violencia político-electoral cada cuatro días. Entre los hechos, que se han registrado en 15 departamentos del país, se identifican asesinatos selectivos, amenazas y homicidios, aunque el informe también enmarca como violencia electoral aquellas dinámicas de clientelismo y corrupción que igual terminan deformando el ejercicio democrático.

El documento, bautizado “Primer informe de violencia y dinámica electoral”, se basó en lo ocurrido durante una época considerada preelectoral, pues a pesar de la fecha de inicio que marca el calendario electoral, las campañas se lanzarán de manera formal en diciembre. Por esta razón, este periodo se establece como un momento de campaña “no formal”.

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El escenario es pesimista respecto a las últimas elecciones que se celebraron en el país, que fueron las de alcaldes, concejales, diputados, gobernadores y ediles, en 2019. En ese entonces, cuatro informes de Pares revelaron que en la época electoral hubo 230 víctimas de 177 hechos de violencia electoral, que se registraron en 136 municipios de 28 departamentos.

Esta vez, el informe que detalla solo el preámbulo de las elecciones de 2022 indica que se reiteran prácticas peligrosas para la democracia como el accionar de grupos armados ilegales “que compiten, cooperan o conviven con las instituciones del Estado y sus funcionarios para obtener o mantener el control territorial o de sus rentas”.

Entre los 29 hechos violentos que fueron documentados hubo 23 amenazas y 6 homicidios. Las víctimas más recurrentes de estos episodios fueron, con un 47,2 %, funcionarios públicos elegidos con votos popular, es decir concejales, ediles, diputados y congresistas. Entre ese perfil, los más afectados han sido concejales de cuatro entes territoriales (Ibagué, Tolima; Luruaco, Atlántico; Valledupar, Cesar; Medellín, Antioquia, y Bogotá). También han recibido amenazas dos ediles, dos diputados y una representante a la Cámara.

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La violencia electoral también se ha ensañado contra miembros de partidos políticos y periodistas. De acuerdo con el documento, con cinco y cuatro casos, respectivamente, fueron los siguientes perfiles más victimizados durante el primer semestre del año. En cuanto a filiación política, el texto reveló que en época preelectoral los partidos alternativos han sido los más victimizados, sobre todo en aquellos territorios en que hubo un cambio político.

“Los sectores más victimizados han sido aquellos que, a nivel local, según el estatuto de oposición, hacen parte de las coaliciones gobierno. Esto significa que los partidos que se declararon en gobierno a nivel local son los que han tenido mayor tendencia a ser sujetos de hechos victimizantes”, indicó en el informe sobre las amenazas a los grupos políticos que llegaron a gobernar, un fenómeno que se evidenció más que todo en municipios de Antioquia, Magdalena y Putumayo.

Para inferir que los partidos alternativos o emergentes fueron los más afectados, el informe presentó al Partido Alianza Verde, con un 29 %, como el que más víctimas reportó. Aunque le sigue un partido tradicional, el Liberal con 17 %, las otras colectividades que completan el cuadro de los más victimizados son el MAIS, con 13 %, y Colombia Humana con 13 %.

Las causas de estas violencias son diversas, pero según Pares el principal motivo son las alianzas con grupos al margen de la ley, algo que vienen identificando desde 2014 cuando han documentado casos de herederos de las estructuras asociadas a la parapolítica en el Congreso así como la injerencia que ha tenido este fenómenos en escándalos de corrupción. También entran a jugar en este apartado los clanes políticos, que para la fundación son responsables de buscar cualquier forma de corrupción para mover las maquinarias en sus regiones.

En cuanto a la violencia armada, las dinámicas giran en torno al reasentamiento de los grupos criminales tras la firma del Acuerdo de Paz. Y a pesar de que en la mayoría de casos de violencia no se ha podido identificar a los perpetradores (72,4 %), sí hay un 27,5 % en el que se identificaron como presuntos responsables a grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas, las Autodefensas Campesinas de la Sierra Nevada, las Autodefensas Unidas de Medellín y Los Caparros.

Sobre los actores perpetradores de la violencia, Pares avisó que las Águilas Negras volvió a aparecer como como uno de los presuntos responsable de los casos de violencia electoral. En cuanto a las formas, se mantienen los panfletos como principal forma de intimidación, en especial en ciudades como Bogotá, Ibagué, Riohacha y Villavicencio, donde tanto las bandas criminales han amenazado a políticos, activistas y periodistas.

Como conclusión, el informe resalta la importancia de “analizar los distintos fenómenos de violencia que puedan estar relacionados con este período preelectoral”, teniendo en cuenta que los grandes grupos políticos buscarán mover sus maquinarias y apoyos en territorio para impulsar sus respectivas fichas, y también menciona la necesidad de poner la lupa sobre las acciones de organizaciones criminales e incluso grupos políticos, a los que desde las pasadas elecciones locales se les viene haciendo registro del uso de la violencia como mecanismo de competencia electoral, sobre todo contra partidos en crecimiento o alternativos.