Caída de González por saqueo a Ungrd impactaría en otros salpicados del Gobierno

Carlos Ramón González se convirtió en la primera ficha del corazón del gobierno de Gustavo Petro en caer por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Con una carta dirigida al jefe de Estado, en la que le aseguró que “jamás atentaría” contra este proyecto político por el que “se ha jugado la vida”, se apartó de su cargo a cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), luego de la audiencia de imputación a Olmedo López y Sneyder Pinilla que se llevó a cabo este jueves.

Carlos Ramón González se convirtió en la primera ficha del corazón del gobierno de Gustavo Petro en caer por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Con una carta dirigida al jefe de Estado, en la que le aseguró que “jamás atentaría” contra este proyecto político por el que “se ha jugado la vida”, se apartó de su cargo a cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), luego de la audiencia de imputación a Olmedo López y Sneyder Pinilla que se llevó a cabo este jueves.

En la cuerda floja podrían seguir ahora algunas de las figuras más cercanas a Petro. Entre ellos, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a quien tanto el primer mandatario como el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, han defendido públicamente; y los jefes de las carteras de Salud y Trabajo, Guillermo Alfonso Jaramillo y Gloria Inés Ramírez.

La caída de González no es menor. Se trata de un exfuncionario que, hace cinco meses, pasó de ocupar el despacho adyacente a la oficina presidencial, que le corresponde al director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), a manejar un presupuesto de $190 mil millones y 460 funcionarios en la DNI, una entidad encargada de gestionar la información más confidencial del Estado en materia de seguridad. Ahora, se le acusa de haber dado la orden de enviar dinero a los ahora expresidentes de la Cámara, Andrés Calle (Partido Liberal), y Senado, Iván Name (Alianza Verde), para que presuntamente favorecieran las reformas del Gobierno.

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El ya exdirector de la DNI se ganó el oído y la confianza del presidente con los años. Juntos combatieron en el M-19, cuando González fue jefe militar de esa guerrilla en Santander. Con el tiempo, se hizo con la personería del el movimiento AD M-19 y comenzó a construir una riqueza que no ha pasado desapercibida. Aun le cuestionan, por ejemplo, la cercanía que tuvo con Luis Alberto el Tuerto Gil, sentenciado por parapolítica hace más de 10 años.

En 2022, cuando llegó al poder, Petro le ofreció a González hacerse cargo de un ministerio, una propuesta que él declinó. Sin embargo, su momento de ser la mano derecha del jefe de Estado llegó en abril de 2023, y se mantuvo en la dirección del Dapre hasta febrero de este año, cuando Laura Sarabia regresó y él pasó a la DNI. Allí solo estuvo cinco meses, pues renunció este viernes porque el cargo era “políticamente insostenible e incompatible con cualquier investigación”, un concepto con el que el mismo presidente estuvo de acuerdo.

El nuevo presidente de la Cámara, el representante de la Alianza Verde Jaime Raúl Salamanca, quien era el candidato del peronismo a esa dignidad, dijo que le parecía bien que González haya salido del puesto y pueda defenderse de las acusaciones por fuera del cargo. Y de manera similar reaccionaron algunos miembros del Pacto Histórico. “Si su salida contribuye para que las investigaciones avancen con celeridad y transparencia, me parece bien”, dijo la representante María Fernanda Carrascal.

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Pero para muchos la renuncia de González no es suficiente y exigen las cabezas de los ministros que han sido mencionados en medio del escándalo de corrupción de la Ungrd. “Es muy importante que todos se retiren”, anotó la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia. “Colombia tiene que aprender que cuando hay una investigación con semejante gravedad, hay que cuidar más la dignidad de las instituciones que la presunción de inocencia de las personas”, añadió.

En particular, hay una renuncia que buscan algunos sectores políticos: la del ministro Bonilla. Voces como la de Jennifer Pedraza, representante de Dignidad y Compromiso, han hecho eco en que para la independencia tanto para la labor de la Fiscalía como para la defensa del aún funcionario sería clave que él también se apartara del cargo que ha ocupado desde abril de 2023.

El jefe de la cartera también viene de las entrañas del petrismo, un factor que lo salvó de salir del gabinete en el último remezón ministerial. Bonilla fue el secretario de Hacienda de la Alcaldía de Petro y, también como académico, fue una ficha importante en la formulación económica de su programa de gobierno una vez llegó a la Presidencia. Desde que empezó a ser salpicado por el saqueo a las Gestión del Riesgo, el primer mandatario lo ha defendido más de una vez.

“Sé que le ha tocado pasar a todos los ministros de hacienda para mantener la estabilidad macroeconómica del país”, dijo Petro cuando aseguró que creía en la inocencia de su ministro. Y es precisamente el impacto en el mercado el otro factor que jugó a favor de Bonilla para permanecer hasta este momento en el Ministerio.

Además de Bonilla y Carlos Ramón González hay otras ocho figuras que estuvieron o permanecen en el alto gobierno: Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud; Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo; César Manrique Soacha, director de Función Pública; Camilo Romero, embajador de Colombia en Argentina; Luis Fernando Velasco, exministro del Interior; y Sandra Ortiz, exconsejera de Regiones.

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Al igual que el ministro de Hacienda, Jaramillo y Manrique también fueron parte de la era de la Alcaldía Petro. El primero, como secretario distrital de Salud y luego de Gobierno, y fue secretario general de la Colombia Humana, a pesar de sus raíces liberales que lo llevaron hasta la Gobernación de Tolima en los años 80. El segundo, César Manrique Soacha, quien fue director del Fondo de Vigilancia, está siendo investigado por posibles irregularidades relacionadas con un contrato de 2012 para la compra de 100 motos eléctricas para la Policía Metropolitana por un valor cercano a los $4.300 millones.

Por su parte, Gloria Inés Ramírez, otra de las presuntas implicadas y quien abogó por las reformas laboral y pensional en la legislatura pasada, ha sido profesora y sindicalista y tiene su corazón en el Partido Comunista, colectividad que hoy en día lidera. Sandra Ortiz, quien salió de su cargo en mayo por su presunta participación en el entramado como “mensajera”, es ficha de Carlos Ramón González y parte de los verdes que apoyaron a Petro a llegar a la Casa de Nariño.

Este viernes la Procuraduría les abrió indagación a Bonilla, al exministro Luis Fernando Velasco; al embajador Camilo Romero; y a ocho congresistas por su presunto involucramiento en el entramado de corrupción. El antiguo jefe de la cartera del Interior viene del liberalismo, pero se la jugó por Gustavo Petro como candidato hace dos años. Dentro del “gobierno del cambio”, Velasco ejerció como Consejero Presidencial para las Regiones y director de Ungrd en encargo. Romero, quien ha rechazado enfáticamente las acusaciones de corrupción, formó parte del Movimiento Progresistas, que impulsó a que Petro llegara a la Alcaldía de Bogotá.

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Parte de la exigencia de que los funcionarios salgan de sus cargos, más allá de la independencia de los entes investigadores, tiene que ver con el cumplimiento de sus funciones. Al menos así lo explican algunos congresistas, quienes se preguntan con qué autoridad van a llegar los ministros a impulsar los proyectos de reforma en el Capitolio, una pregunta similar a la que le hicieron a Iván Name y Andrés Calle hace unos meses, cuando empezaron los señalamientos de corrupción en su contra.

“Que este trámite se dé en cabeza de quienes están siendo señalados, siembra un manto de duda sobre los trámites actuales y la manera como estarían consiguiendo los votos”, señaló Cathy Juvinao, representante de la Alianza Verde.

Por su parte, David Luna, senador de Cambio Radical, afirmó: “Yo se lo dije al Presidente el pasado 20 de julio cuando le pidió perdón al país por los actos de corrupción de su gobierno: ese perdón, por lo menos, debe acompañarse de responsabilidad política y esa, se materializa con la renuncia o la declaratoria de insubsistencia de los funcionarios implicados”.

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375 días después de que Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente, fuera capturado por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, este 7 de agosto tendrá lugar la audiencia para pedir medida de aseguramiento intramural contra Olmedo López, exdirector de la Ungrd; Sneyder Pinilla, exsubdirector; y Luis Eduardo López, el empresario conocido como “el Pastuso”.

Aunque la fecha consolida el fin de un turbulento primer tiempo para el gobierno inaugural de izquierda en el país, desde diferentes sectores del espectro político coinciden en que este escándalo seguramente no detendrá a las reformas e iniciativas de Gustavo Petro, que ya tiene las mayorías en la Cámara y que demostró poder avanzar en su agenda con el éxito de la reforma pensional.

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