Cámara rechazó objeciones de Duque a proyecto sobre acceso a la información

La Cámara se pronunció: con una aplastante votación, los representantes le dijeron al presidente Iván Duque que no comparten sus argumentos en contra del proyecto de ley que buscar normalizar los tiempos de respuesta a los derechos de petición. Aunque todavía falta que el Senado de la República se pronuncie, el mensaje sobre este tema parece ser contundente frente a la necesidad de que las instituciones respondan en el tiempo que es estos documentos de vital importancia para el acceso a la información.

La historia es de vieja data. Ante la pandemia del COVID-19, el Gobierno implementó el decreto 491. La norma modificó varios procesos, entre ellos, duplicó los tiempos de respuesta a los derechos de petición. Así las cosas, las instituciones pasaron de tener 15 días hábiles para responder derechos de petición, a poder hacerlo en 30. De forma más específica, las peticiones de documentos y de información pasaron de 10 a 20 días, como tiempo máximo para ser contestados, y la consulta a autoridades sobre materias a su cargo pasó de 30 a 35 días prorrogables.

Dado que el país volvió paulatinamente a la normalidad, los legisladores entablaron un proyecto para dejar sin efecto el decreto 491. La iniciativa, de autoría de Juanita Goebertus, representante verde, fue aprobado meses atrás por el Congreso y ahora estaba en manos del presidente Iván Duque Márquez para que lo sancionara y lo convirtiera, formalmente, en ley de la República. A pesar del sí de los parlamentarios, el jefe de Estado le dio un no al proyecto por considerar que, entre otras cosas, no se ajustaba a la realidad del país.

En síntesis, el primer mandatario objetó el proyecto aprobado el pasado 28 de diciembre de 2021. “A juicio del Gobierno Nacional las medidas adoptadas en la norma que se objetan resultan inconvenientes en razón a que las circunstancias de salud pública y emergencia sanitaria aún no han sido superadas”, fue su argumento central.

Ante la situación, este martes en plenaria, la Cámara votó en contra de los motivos del Gobierno. 93 votos rechazaron sus objeciones, versus a los 23 apoyos que obtuvo en esta sesión. “Este era un proyecto que había surgido a raíz de revisar los decretos legislativos emitidos en la fase de la pandemia. Tenía todo el sentido que en la fase más estricta de la pandemia se hubiera prorrogado los tiempos para adecuar el proceso. Pero, dos años después de ese decreto, no tiene ningún sentido que eso siguiera así. Era una violación grave al derecho al acceso a la información pública, al periodismo, y a la veeduría ciudadana y control político”, dijo Goebertus.

¿Qué sigue? Aunque la derrota del Gobierno en la Cámara fue contundente, todavía falta que el Senado se pronuncie para conocer qué pasará con la propuesta legislativa. Si el Senado también rechaza las objeciones de Duque, el jefe de Estado no tendrá de otra que sancionar el proyecto y convertirlo en ley.

La Cámara se pronunció: con una aplastante votación, los representantes le dijeron al presidente Iván Duque que no comparten sus argumentos en contra del proyecto de ley que buscar normalizar los tiempos de respuesta a los derechos de petición. Aunque todavía falta que el Senado de la República se pronuncie, el mensaje sobre este tema parece ser contundente frente a la necesidad de que las instituciones respondan en el tiempo que es estos documentos de vital importancia para el acceso a la información.

La historia es de vieja data. Ante la pandemia del COVID-19, el Gobierno implementó el decreto 491. La norma modificó varios procesos, entre ellos, duplicó los tiempos de respuesta a los derechos de petición. Así las cosas, las instituciones pasaron de tener 15 días hábiles para responder derechos de petición, a poder hacerlo en 30. De forma más específica, las peticiones de documentos y de información pasaron de 10 a 20 días, como tiempo máximo para ser contestados, y la consulta a autoridades sobre materias a su cargo pasó de 30 a 35 días prorrogables.

Dado que el país volvió paulatinamente a la normalidad, los legisladores entablaron un proyecto para dejar sin efecto el decreto 491. La iniciativa, de autoría de Juanita Goebertus, representante verde, fue aprobado meses atrás por el Congreso y ahora estaba en manos del presidente Iván Duque Márquez para que lo sancionara y lo convirtiera, formalmente, en ley de la República. A pesar del sí de los parlamentarios, el jefe de Estado le dio un no al proyecto por considerar que, entre otras cosas, no se ajustaba a la realidad del país.

En síntesis, el primer mandatario objetó el proyecto aprobado el pasado 28 de diciembre de 2021. “A juicio del Gobierno Nacional las medidas adoptadas en la norma que se objetan resultan inconvenientes en razón a que las circunstancias de salud pública y emergencia sanitaria aún no han sido superadas”, fue su argumento central.

Ante la situación, este martes en plenaria, la Cámara votó en contra de los motivos del Gobierno. 93 votos rechazaron sus objeciones, versus a los 23 apoyos que obtuvo en esta sesión. “Este era un proyecto que había surgido a raíz de revisar los decretos legislativos emitidos en la fase de la pandemia. Tenía todo el sentido que en la fase más estricta de la pandemia se hubiera prorrogado los tiempos para adecuar el proceso. Pero, dos años después de ese decreto, no tiene ningún sentido que eso siguiera así. Era una violación grave al derecho al acceso a la información pública, al periodismo, y a la veeduría ciudadana y control político”, dijo Goebertus.

¿Qué sigue? Aunque la derrota del Gobierno en la Cámara fue contundente, todavía falta que el Senado se pronuncie para conocer qué pasará con la propuesta legislativa. Si el Senado también rechaza las objeciones de Duque, el jefe de Estado no tendrá de otra que sancionar el proyecto y convertirlo en ley.