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El miércoles pasado, la Comisión de Paz del Congreso fue escenario de una agria disputa verbal entre el uribismo y la oposición, en una sesión en la que se intentaban discutir las objeciones del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). De “narcoterroristas” y “paracos” no se bajaron en el trato unos y otros. Un choque que, sin duda, marca desde ya la temperatura del debate que se librará a partir de esta semana en el Capitolio, al inicio del segundo período legislativo 2018-2019, cuando las plenarias de Senado y Cámara tendrán que discutir, dándoles prioridad en el orden del día, los reparos ya radicados por el jefe de Estado.
Más aún cuando de antemano se sabe que esa discusión no estará centrada solo en aceptar o negar las objeciones, sino que, como lo dijo el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, el objetivo apuntará a “introducir algunas reformas” al sistema de justicia transicional que definió el Acuerdo de Paz con las hoy desmovilizadas Farc. Un pulso azuzado, además, por las convocatorias que vienen haciendo partidos de oposición y sectores sociales a los colombianos para que salgan a movilizarse en defensa de la paz, una de ellas programada para este lunes, a las 5:00 de la tarde, en todo el país.
Contexto: Objeciones a la JEP no la tienen tan fácil en el Congreso
“No podemos quedarnos esperando a que este gobierno se decida a apostarle a la construcción de paz (…) Salgamos juntos, sin importar ideologías, a las calles y caminos de todo el país, no solo a exigirle al Gobierno que cumpla lo acordado, sino sobre todo para que cada persona exprese su compromiso con acciones concretas para avanzar en la construcción de paz, allí donde más han sufrido la guerra”, fue la invitación que hizo la representante a la Cámara Juanita Goebertus, como vocera de la oposición, en la réplica al discurso de Duque cuando anunció las objeciones.
En las redes sociales el debate se agudiza, a veces con argumentos, a veces con la bajeza acostumbrada por quienes se escudan en un seudónimo. El gobierno Duque, mientras tanto, arrecia en su cruzada por explicar las razones de su decisión, tanto en el escenario internacional como a los mismos desmovilizados, sumidos en un mar de incertidumbre. Y en el Congreso se prepara la artillería argumentativa para la batalla. Casi todos los partidos han sentado posición al respecto, pero la atención está puesta en uno de ellos, el que —dicen— tiene en sus manos el poder de inclinar la balanza: Cambio Radical. Primero, porque tiene 16 senadores y 30 representantes a la Cámara, es decir, sus números pesan. Segundo, porque ha mantenido su postura de independencia frente al Gobierno. Y tercero, porque, a diferencia del Partido Liberal (también en independencia), no ha dado muchas luces sobre cómo va a votar, lo que le da un margen de maniobra frente al Ejecutivo, que seguramente se empeñará en conquistar su apoyo.
Por ahora, en el Congreso, las cuentas están más o menos claras. El Gobierno tiene mayorías, pero son estrechas y riesgosas. Ahí radica la importancia en la actual coyuntura del partido cuyo jefe natural es Germán Vargas Lleras. El exvicepresidente escribió el domingo, en El Tiempo, que su partido está dividido y que espera que se tome una decisión en bancada, pero él no se ha pronunciado, ni en público ni en privado, sobre cuál es su posición. Y si alguna vez en el pasado, cuando daba inicio a la campaña para aspirar a la primera magistratura del Estado, expresó reparos a algunos elementos del sistema de justicia transicional, después, cuando la Corte Constitucional lo evaluó e introdujo modificaciones, señaló que las dudas estaban resueltas.
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Quienes se oponen a las objeciones sienten que son minoría y consideran que lo que diga Vargas Lleras pesará entre los indecisos. Una voz de la colectividad contó que un elemento de análisis para dilucidar lo que piensa puede ser la posición del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, cercano al exvicepresidente, quien no solo le pidió a Duque que objetara la ley estatutaria, sino que fue uno de los mayores aportantes en los debates en el Capitolio sobre qué debía y qué no debía contener esa norma.
Otras voces les han restado importancia a las objeciones, señalando que, si el Congreso las acepta, no pasaría mayor cosa con la JEP, pero aseguran que la decisión del presidente Duque lo puso en un escenario de complejidades. “Quedó en el peor de los mundos. La derecha está molesta porque no acabó con toda la JEP, solo objetó seis de 159 artículos, o sea, nada. Y la oposición se le vino encima por objetarla. Yo no creo que las objeciones sean para acabar con la JEP”, comentó un legislador que pidió la reserva de su nombre.
Por su parte, el senador Carlos Fernando Motoa le dijo a El Espectador que el partido debería mantener coherencia con su pasado reciente, teniendo en cuenta que “siempre presentó reparos a la JEP”. “La opinión pública conoció que Cambio Radical presentó observaciones y reparos en esa ley estatutaria. Fuimos los que apoyamos todos los interrogantes que el fiscal presentó, tanto así que costó la relación con el gobierno de Santos. En ese momento salió el ministro de Vivienda, que era de Cambio Radical, y también otros funcionarios que estaban en representación nuestra en el Gobierno”, comentó Motoa.
Y agregó: “Si el partido tiene coherencia, debe seguir respaldando las mismas inquietudes que el fiscal general ha presentado, que no han sido modificadas ni variadas”. Esa es la tendencia de varios de los congresistas de la colectividad; sin embargo, una de las características en común es que no comparten la totalidad de las objeciones presentadas, sino dos o tres.
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En contraste, para el representante a la Cámara José Daniel López, el Congreso no tiene la competencia para decidir sobre las objeciones, por considerar que no se dirigen al texto aprobado sino a lo determinado por la sentencia de la Corte Constitucional y debatir alrededor de ésta sería una extralimitación. Además, advierte el legislador, aprobar modificaciones sentaría un precedente negativo y alentaría al Centro Democrático a “hacer trizas” lo pactado. “Abrimos la puerta de los sustos. Avalaríamos el inicio de un proceso de revisión del Acuerdo de Paz, que poco a poco podría hacerlo trizas”, anotó.
En este sentido, López le pidió al Congreso no jugar con fuego ni generar desconfianza en la comunidad internacional, que ha destinado recursos para financiar la implementación de los acuerdos. Según indicó, los dineros que han aportados otros países a Colombia, y que fueron incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), son alrededor de $4,1 billones.
Hay otros que van más allá de las objeciones. El senador Rodrigo Lara Restrepo dejó claro, de entrada, que respetará la decisión que tome la bancada sobre cuál será la postura de Cambio Radical, pero expone un debate desde otra perspectiva. Señala que las objeciones no tocan temas de fondo y que la JEP seguirá funcionando sin problemas, con o sin ellas. “Lo que realmente me preocupa es que las objeciones fueron un pretexto para radicar un acto legislativo que tiene un potencial muy grande para cambiar las bases de la JEP y de todo el Acuerdo de Paz”, advirtió.
Para Lara, los reparos presidenciales a la norma son irrelevantes si se comparan con lo que el Gobierno, o más propiamente el uribismo, puede lograr con esa otra iniciativa: “El proyecto de acto legislativo es como tirar a un cristiano a la fosa de los leones. Quien toma la decisión dice: ‘allá verán los leones’. Y eso es lo que se esconde detrás del discurso de respeto a la separación de poderes de Duque. Y no, el presidente tiene que asumir una responsabilidad de lo que pase con ese acto legislativo”, concluyó.
Además, Lara llama al país político a no fijarse “en ventanas, marcos y puerta de la casa, cuando hay una retroexcavadora que amenaza con mover los cimientos”, en referencia al real peligro que, considera, representa el acto legislativo que anunció el mandatario y que será radicado una vez se inicien las sesiones ordinarias en el Congreso.
Lo que algunos congresistas en el interior de Cambio Radical vaticinan es que tanto en la Cámara como en el Senado serán aprobadas las objeciones, lo que haría que el presidente firme una ley estatutaria que va a tener muy pocos efectos en el funcionamiento de la JEP. Y lo que va a quedar vivo será una iniciativa que intentará modificar el cuerpo del acto legislativo que creó el sistema de justicia transicional. En Cambio Radical, la idea es llegar con una postura unánime, que se definiría en los próximos días, en una reunión de bancada que aún no ha sido convocada y en la que estaría Germán Vargas Lleras.