Campaña electoral: deudas del pasado, artillería del presente

En tiempos electorales, cuando se acerca el día de las urnas, suelen multiplicarse las disputas verbales y los señalamientos. Y en un país de escándalos como Colombia, donde guerrilla, paramilitarismo, narcotráfico y corrupción agreden a la sociedad casi a diario, es común que esas rencillas se conviertan en denuncias judiciales. Por estos días proliferan y los candidatos, las redes sociales, las organizaciones y las veedurías ciudadanas las replican. Hay quienes llaman el fenómeno la judicialización de la política, pero entre el cúmulo de acusaciones y trapitos al sol, del pasado regresan algunas cuentas pendientes.

En una nación donde los titulares de prensa se sustituyen a través de sonados procesos penales, y rótulos como la parapolítica, el carrusel de la contratación, el cartel de la toga o el caso Odebrecht protagonizan con sus infractores y dolientes, la lucha electoral no puede eludirlos. Por eso, a un mes largo de las elecciones de autoridades locales y regionales, en la recta final de las campañas están al orden del día las denuncias y las demandas. En algunos casos promovidas por quienes ven que las encuestas no los favorecen, o en otras porque no se entiende cómo la política suele olvidar tan fácil y continúa premiando a muchos indelicados.

Seguramente la mayoría de esas denuncias se quedan en eso. Entre otros aspectos, porque a las fiscalías o a los organismos de control les bastan miles de causas acumuladas en el habitual panorama de la justicia congestionada. Pero hay casos de casos, y aunque no todos se registran en los medios o en las redes sociales, sí sobresalen por los contextos que traen. El Espectador escogió tres de esas peleas regionales que ya tocan a las puertas de los veedores o los jueces. Unos se defienden, otros atacan, es el modo en que también se desarrollan los procesos judiciales en un país convulsionado llamado Colombia.

El caso de Fernández Alcocer en Sincelejo

En 2006, cuando estalló el escándalo de la parapolítica en el país, uno de los departamentos más golpeados fue Sucre. Las cifras hablan de 35 dirigentes procesados por sus nexos con los grupos de autodefensa, que con el bloque Héroes de los Montes de María extendieron su influencia en la región, al mando de Diego Vecino y Rodrigo Antonio Mercado Pelufo, alias Rodrigo Cadena. Sus tentáculos llegaron hasta alcaldes, concejales, diputados, gobernadores, representantes a la Cámara y senadores como Álvaro García, Jorge Visbal y Jairo Merlano. Una sombra que va y vuelve cada vez que asoma un período electoral.

El martes pasado, ante la Corte Suprema de Justicia, fueron radicadas cuatro declaraciones -previamente autenticadas ante notario- de exparamilitares actualmente recluidos en las cárceles de Valledupar y Montería, inscritos dentro del proceso de Justicia y Paz: Samir Antonio Otero, Yairsiño Enrique Meza, Benjamín Barrera y Manuel de Jesús Contreras. En ellas involucran al exsenador y hoy candidato a la Alcaldía de Sincelejo por el Partido Liberal, Mario Alberto Fernández Alcocer, en la supuesta compra de su silencio frente a dos hechos en particular. El primero, dicen, sobre la entrega de $10 millones a Rodrigo Cadena para que no lo asesinaran, pues le habían dicho que él era el “dueño” del mercado de éxtasis en la ciudad y el jefe paramilitar quería quedarse con el negocio. El segundo, referente al pago para que los hoy detenidos guardaran silencio sobre una reunión entre el ahora candidato y el mismo Cadena en Ralito.

Con un ingrediente adicional con respecto a la primera denuncia: aseguran los exparamilitares que Fernández le habría dicho a Cadena que el verdadero “dueño” de la venta de éxtasis en Sincelejo era Carlos Vergara Paternina, quien fue asesinado en el barrio La Ford, el 25 de marzo de 2003. En ese ir y venir de señalamientos y acusaciones, Fernández afrontó ya una investigación en la Fiscalía, precisamente por presuntos nexos con las Autodefensas, que fue archivada en 2014. Sin embargo, dos años después, la Corte Suprema de Justicia inició un nuevo proceso, sin grandes avances hasta el momento. En 2011, un grupo ciudadano denominado “Dignidad por Sincelejo” lo había denunciado también ante este tribunal por el homicidio de Vergara, señalándolo de ser ficha de Carlos Mario García Ávila, alias Gonzalo, jefe político del bloque Norte.

Las encuestas muestran en estos momentos un cabeza a cabeza en la intención de voto por la Alcaldía entre Andrés Gómez Martínez, candidato del movimiento Todos por Sincelejo -al que se han sumado Cambio Radical, la U y Centro Democrático- y Fernández Alcocer. Y es a esa disputa política a la que este último atribuye el juego sucio en su contra, con un señalamiento directo: el actual alcalde Jacobo Quessep, de quien se dice apadrina a Gómez. “Tengo un gran enemigo que es el alcalde de Sincelejo (…) acuden a cualquier método con tal de enlodar mi nombre y dañar mi aspiración, y les mandan a ofrecer dinero a esos muchachos a la cárcel, quienes ceden ante la necesidad del dinero. A estas alturas, después de que ha corrido tanta agua debajo de este puente, ¿ahora es que se vinieron a acordar que yo dizque le di plata a Rodrigo Cadena?”, responde el candidato liberal.

A Fernández le llama la atención que quienes hoy lo denuncian han declarado en su proceso en el pasado ante la Corte Suprema, bajo la gravedad de juramento, exonerándolo de cualquier vínculo, relación o participación con los paramilitares. “Jamás visité Ralito”, reitera, aunque reconoce que fue amigo de alias Gonzalo. “Nunca he negado eso. Vivimos en el mismo barrio, crecimos juntos, nuestra infancia y adolescencia la pasamos juntos. Tomó su camino y hasta ahí. No lo volvimos a ver, esporádicamente que fue a Sincelejo me saludaba, pero se desaparecía otra vez y nunca más volvimos a saber de él. Tengo información por familiares que vive en Argentina. Negar mi amistad con Carlos Mario es un absurdo”.

También hay respuesta para las acusaciones de su participación en el asesinato de Vergara Paternina. “He escuchado ese cuento y lo que he averiguado es que unos desmovilizados asumieron la responsabilidad de ese hecho. Esos tipos han declarado y nunca me han mencionado a mí, ni como autor material ni intelectual”. Y concluye: “Si tuviese alguna participación en algo de eso, mi día a día sería estar en un juzgado o en una fiscalía o en la JEP. La Corte ha auscultado lo que ha querido y no ha encontrado nada. Esto parece una película de Hollywood. Como están las cosas, por los que me atacan, soy el único traficante de drogas que aspira a una alcaldía, mejor dicho, soy un suicida (…) no me preocupa el efecto jurídico de todo esto, sino el político, porque golpea mi nombre en plena campaña. Como se ven perdidos, están utilizando todas las artimañas posibles para derrotarme”.

El caso de Orozco en Tolima

Uno de los candidatos a los que le han sacado los trapos sucios es a José Ricardo Orozco, el más opcionado para ganar la Gobernación de Tolima, quien compite con Rosmery Martínez Rosales, excongresista de Cambio Radical. A Orozco le revivieron en los medios un asunto judicial de hace 29 años, cuando, como agente de Policía adscrito a la institución en Putumayo, fue separado del servicio luego de ser acusado de dispararle a un particular. El hoy candidato fue juzgado por el delito de tentativa de homicidio y, el 27 de abril de 1999, un Juzgado Penal del Circuito de Mocoa le dictó sentencia condenatoria, como reo ausente, de nueve años de prisión.

Durante los siguientes tres años Orozco estuvo prófugo de la justicia hasta su captura, el 9 de agosto de 2002, cuando fue recluido en la cárcel de Picaleña, en Ibagué. Esa sentencia no fue apelada por el condenado, sin embargo, años después el hoy candidato presentó una tutela aduciendo que había habido violación al derecho de la legítima defensa y al debido proceso. “Fui condenado por tentativa de homicidio agravado y mi llamado a juicio fue por tentativa de homicidio simple. Puse una tutela porque se violaban mis derechos. Nunca me pude defender, la audiencia mía tiene apenas tres hojas y yo nunca me escondí”, comenta el candidato.

Explica que la acción que interpuso fue una tutela porque, tras la condena, “no sabía que podía apelar” y, en efecto, no apeló la decisión. “Cuando uno no apela en segunda instancia no tiene derecho a casación, entonces queda la revisión extraordinaria y una tutela por daño irremediable”, señala Orozco. Para él, su permanencia en la prisión es la traducción de ese daño. Tres años después de interponer la acción judicial, el 23 de junio de 2005, el Tribunal Superior de Pasto ordenó modificar el tiempo de la condena de acuerdo con el delito de tentativa de homicidio simple y el juez penal del Circuito de Mocoa decretó la prescripción, señalando que la acción penal estaba extinguida porque habían transcurrido más de 15 años.

En el largo proceso, Orozco quedó en libertad el 29 de junio de 2005. Dos años después demandó al Estado al considerar que estuvo detenido injustamente. Pidió 470 salarios mínimos legales vigentes por prejuicios morales contra él y su familia -$52 millones por lucro cesante y $15 millones por daño emergente. Sin embargo, un tribunal negó las pretensiones argumentando que la prisión no había sido injusta porque se había demostrado la comisión de un delito y que el juez que decidió la tutela no cuestionó ese hecho, “sino que consideró violado el principio congruente por la aplicación de un agravante que fue establecido en la resolución de acusación”.

Pero Orozco se defiende. “Se puede mirar en cualquier parte y contra mi nombre no figura ninguna condena. Nunca le disparé a ese señor y él nunca me denunció. La investigación fue de oficio. Dicen que tengo una condena y que la tutela solo quitó el agravante y esta está en firme. Pero es mentira, no tengo ningún tipo de antecedente. Pasé por la ventanilla única y cumplo con los requisitos de Procuraduría y Fiscalía”, comenta el candidato, recalcando que esta noticia se saca a poco de las elecciones para afectar su favoritismo.

De paso, denuncia que la campaña rival, la de Martínez Rosales, ha hecho contrataciones de personas conocedoras en el manejo de medios para mover la información. Incluso, aporta una “agenda estratégica” que ha diseñado su contendora para “hacerle daño” día por día desde el 9 de septiembre hasta el domingo 27 de octubre, fecha en que se realizan las elecciones.

El caso de Montelíbano

El Bajo Cauca y el sur de Córdoba son regiones donde la guerra está prendida. Caparrapos, Clan del Golfo, Eln y disidencias de las Farc se pelean centímetro a centímetro las rutas de la coca y el oro ilegal. La confrontación recuerda los peores tiempos del paramilitarismo, que en esta región tuvo una de sus bases principales, de la mano de los hermanos Castaño, Salvatore Mancuso y Ramiro Cuco Vanoy. Y por lo mismo, la campaña política allí está atravesada por sombras que rodean a los dos candidatos a la Alcaldía de Montelíbano (Córdoba), donde el bloque Norte de las Autodefensas puso uno de sus cuarteles generales.

Se trata de Gabriel Alberto Calle Demoya y José David Cura Buelvas. Los dos miembros de dos casas familiares que figuran en expedientes judiciales de larga data. Paramilitarismo, narcotráfico, masacres, asesinatos selectivos, corrupción o denuncias por amenazas son algunos de los señalamientos de los que las campañas echan mano para desprestigiarse mutuamente. Y es que la historia de estos dos candidatos es la representación exacta de la contaminación política.

Calle Demoya es uno de los barones electorales del municipio. Fue concejal desde 1995 hasta 2000. Después se convirtió en diputado hasta 2003, cuando se convirtió en alcalde. De su paso por el palacio municipal le quedó una investigación por presunta corrupción. Desde 2012, la Fiscalía abrió una investigación en su contra y al actual burgomaestre, Francisco Daniel Alean Martínez. Las autoridades sostienen que contrataron más de $40 mil millones de forma directa para la ejecución de proyectos de obra pública sin cumplir con los requisitos de ley.

Las pesquisas llevaron a que, a principios de año, mandatario y exalcalde se presentaran ante el ente acusador, el cual los cobijó con medida de aseguramiento. Sin embargo, en junio de este año, un juez los dejó en libertad. Así pues, Calle Demoya pudo inscribir su candidatura por el Partido Liberal. El mismo partido por el cual salió elegido representante a la Cámara su hijo, Andrés Calle, quien, a su vez, ha venido denunciando que ha recibido amenazas a su vida, al punto que se ha convertido en el denunciante del principal competidor de su padre en las elecciones de octubre.

Calle ha llevado ante el Partido la U, el Ministerio del Interior, la Misión de Observación Electoral, el Consejo Nacional Electoral y hasta la misma Fiscalía una denuncia contra José David Cura Buelvas, avalado por la U. Y los señalamientos no son de poca monta: lo acusa de pertenecer a un “clan familiar relacionado con el narcotráfico y el paramilitarismo”. En la denuncia que entabló el representante Calle sostiene que la campaña de Cura Buelvas está siendo financiada por su primo, César Emilio Cura Vergara, a quien el congresista señala de ser hijo de un reconocido narcotraficante, de quien heredó las actividades delictivas y “es conocido en el mundo del hampa con el alias de Millo Cura”.

La denuncia afirma que el padre, Mariano Cura, y el tío, César Cura, tuvieron relaciones delictivas con la familia Ochoa, del cartel de Medellín; que el tío fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos, que también fue señalado como autor intelectual de la masacre paramilitar en Mejor Esquina -donde fueron asesinados 36 campesinos- y que posteriormente fue asesinado en Santa Marta. La denuncia agrega que el primo del candidato, el mencionado Millo Cura, es propietario de una empresa fachada con propiedades millonarias que no han sido debidamente justificadas. También lo acusa de ser dueño de una camioneta que fue encontrada por las autoridades con tres cuerpos calcinados en su interior.

Mariano Cura -quien también fue alcalde de Montelíbano en el período 2001-2003- lo mencionó el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso por haber financiado a las Autodefensas con los recursos de la administración municipal.

De todas estas acusaciones se defendió José David Cura Buelvas, quien acusó a la familia Calle de “juego sucio” en la campaña, los responsabilizó de lo que pueda pasarle a él y a su familia, y afirmó que en Colombia no existen los delitos de sangre. Reconoce, eso sí, que cuenta con el apoyo de Moisés Ramón Nader Restrepo, quien pertenece a otra tradicional familia política en Córdoba pasada por escándalos de corrupción y parapolítica. “Mi campaña no me la financia ningún primo, él me apoya simplemente con su voto, porque además de primos somos grandes amigos, pero él no me financia. Somos una familia muy de bien. Mi primo declara renta desde el año 82, es un ganadero reconocido en el departamento. Y en este país nadie hereda los delitos de sus padres”, apuntó.

“Las denuncias vienen de los Calle porque hoy en día soy el candidato que les está ganando en las encuestas. Hemos iniciado nuestras acciones legales contra el representante Andrés Calle y su hermano. Ellos le están poniendo precio a mi cabeza porque aquí hay dos grupos armados ilegales. Dicen que uno de los dos me financia, lo cual me pone en riesgo, como le pasó a la candidata del Cauca asesinada, así que si algo me pasa es su responsabilidad. Pero bueno, esto es política y sabemos que lo que están es asustados porque van camino a la derrota y que se les acabe la corrupción que tienen montada en el municipio”, concluyó Calle.

En tiempos electorales, cuando se acerca el día de las urnas, suelen multiplicarse las disputas verbales y los señalamientos. Y en un país de escándalos como Colombia, donde guerrilla, paramilitarismo, narcotráfico y corrupción agreden a la sociedad casi a diario, es común que esas rencillas se conviertan en denuncias judiciales. Por estos días proliferan y los candidatos, las redes sociales, las organizaciones y las veedurías ciudadanas las replican. Hay quienes llaman el fenómeno la judicialización de la política, pero entre el cúmulo de acusaciones y trapitos al sol, del pasado regresan algunas cuentas pendientes.

En una nación donde los titulares de prensa se sustituyen a través de sonados procesos penales, y rótulos como la parapolítica, el carrusel de la contratación, el cartel de la toga o el caso Odebrecht protagonizan con sus infractores y dolientes, la lucha electoral no puede eludirlos. Por eso, a un mes largo de las elecciones de autoridades locales y regionales, en la recta final de las campañas están al orden del día las denuncias y las demandas. En algunos casos promovidas por quienes ven que las encuestas no los favorecen, o en otras porque no se entiende cómo la política suele olvidar tan fácil y continúa premiando a muchos indelicados.

Seguramente la mayoría de esas denuncias se quedan en eso. Entre otros aspectos, porque a las fiscalías o a los organismos de control les bastan miles de causas acumuladas en el habitual panorama de la justicia congestionada. Pero hay casos de casos, y aunque no todos se registran en los medios o en las redes sociales, sí sobresalen por los contextos que traen. El Espectador escogió tres de esas peleas regionales que ya tocan a las puertas de los veedores o los jueces. Unos se defienden, otros atacan, es el modo en que también se desarrollan los procesos judiciales en un país convulsionado llamado Colombia.

El caso de Fernández Alcocer en Sincelejo

En 2006, cuando estalló el escándalo de la parapolítica en el país, uno de los departamentos más golpeados fue Sucre. Las cifras hablan de 35 dirigentes procesados por sus nexos con los grupos de autodefensa, que con el bloque Héroes de los Montes de María extendieron su influencia en la región, al mando de Diego Vecino y Rodrigo Antonio Mercado Pelufo, alias Rodrigo Cadena. Sus tentáculos llegaron hasta alcaldes, concejales, diputados, gobernadores, representantes a la Cámara y senadores como Álvaro García, Jorge Visbal y Jairo Merlano. Una sombra que va y vuelve cada vez que asoma un período electoral.

El martes pasado, ante la Corte Suprema de Justicia, fueron radicadas cuatro declaraciones -previamente autenticadas ante notario- de exparamilitares actualmente recluidos en las cárceles de Valledupar y Montería, inscritos dentro del proceso de Justicia y Paz: Samir Antonio Otero, Yairsiño Enrique Meza, Benjamín Barrera y Manuel de Jesús Contreras. En ellas involucran al exsenador y hoy candidato a la Alcaldía de Sincelejo por el Partido Liberal, Mario Alberto Fernández Alcocer, en la supuesta compra de su silencio frente a dos hechos en particular. El primero, dicen, sobre la entrega de $10 millones a Rodrigo Cadena para que no lo asesinaran, pues le habían dicho que él era el “dueño” del mercado de éxtasis en la ciudad y el jefe paramilitar quería quedarse con el negocio. El segundo, referente al pago para que los hoy detenidos guardaran silencio sobre una reunión entre el ahora candidato y el mismo Cadena en Ralito.

Con un ingrediente adicional con respecto a la primera denuncia: aseguran los exparamilitares que Fernández le habría dicho a Cadena que el verdadero “dueño” de la venta de éxtasis en Sincelejo era Carlos Vergara Paternina, quien fue asesinado en el barrio La Ford, el 25 de marzo de 2003. En ese ir y venir de señalamientos y acusaciones, Fernández afrontó ya una investigación en la Fiscalía, precisamente por presuntos nexos con las Autodefensas, que fue archivada en 2014. Sin embargo, dos años después, la Corte Suprema de Justicia inició un nuevo proceso, sin grandes avances hasta el momento. En 2011, un grupo ciudadano denominado “Dignidad por Sincelejo” lo había denunciado también ante este tribunal por el homicidio de Vergara, señalándolo de ser ficha de Carlos Mario García Ávila, alias Gonzalo, jefe político del bloque Norte.

Las encuestas muestran en estos momentos un cabeza a cabeza en la intención de voto por la Alcaldía entre Andrés Gómez Martínez, candidato del movimiento Todos por Sincelejo -al que se han sumado Cambio Radical, la U y Centro Democrático- y Fernández Alcocer. Y es a esa disputa política a la que este último atribuye el juego sucio en su contra, con un señalamiento directo: el actual alcalde Jacobo Quessep, de quien se dice apadrina a Gómez. “Tengo un gran enemigo que es el alcalde de Sincelejo (…) acuden a cualquier método con tal de enlodar mi nombre y dañar mi aspiración, y les mandan a ofrecer dinero a esos muchachos a la cárcel, quienes ceden ante la necesidad del dinero. A estas alturas, después de que ha corrido tanta agua debajo de este puente, ¿ahora es que se vinieron a acordar que yo dizque le di plata a Rodrigo Cadena?”, responde el candidato liberal.

A Fernández le llama la atención que quienes hoy lo denuncian han declarado en su proceso en el pasado ante la Corte Suprema, bajo la gravedad de juramento, exonerándolo de cualquier vínculo, relación o participación con los paramilitares. “Jamás visité Ralito”, reitera, aunque reconoce que fue amigo de alias Gonzalo. “Nunca he negado eso. Vivimos en el mismo barrio, crecimos juntos, nuestra infancia y adolescencia la pasamos juntos. Tomó su camino y hasta ahí. No lo volvimos a ver, esporádicamente que fue a Sincelejo me saludaba, pero se desaparecía otra vez y nunca más volvimos a saber de él. Tengo información por familiares que vive en Argentina. Negar mi amistad con Carlos Mario es un absurdo”.

También hay respuesta para las acusaciones de su participación en el asesinato de Vergara Paternina. “He escuchado ese cuento y lo que he averiguado es que unos desmovilizados asumieron la responsabilidad de ese hecho. Esos tipos han declarado y nunca me han mencionado a mí, ni como autor material ni intelectual”. Y concluye: “Si tuviese alguna participación en algo de eso, mi día a día sería estar en un juzgado o en una fiscalía o en la JEP. La Corte ha auscultado lo que ha querido y no ha encontrado nada. Esto parece una película de Hollywood. Como están las cosas, por los que me atacan, soy el único traficante de drogas que aspira a una alcaldía, mejor dicho, soy un suicida (…) no me preocupa el efecto jurídico de todo esto, sino el político, porque golpea mi nombre en plena campaña. Como se ven perdidos, están utilizando todas las artimañas posibles para derrotarme”.

El caso de Orozco en Tolima

Uno de los candidatos a los que le han sacado los trapos sucios es a José Ricardo Orozco, el más opcionado para ganar la Gobernación de Tolima, quien compite con Rosmery Martínez Rosales, excongresista de Cambio Radical. A Orozco le revivieron en los medios un asunto judicial de hace 29 años, cuando, como agente de Policía adscrito a la institución en Putumayo, fue separado del servicio luego de ser acusado de dispararle a un particular. El hoy candidato fue juzgado por el delito de tentativa de homicidio y, el 27 de abril de 1999, un Juzgado Penal del Circuito de Mocoa le dictó sentencia condenatoria, como reo ausente, de nueve años de prisión.

Durante los siguientes tres años Orozco estuvo prófugo de la justicia hasta su captura, el 9 de agosto de 2002, cuando fue recluido en la cárcel de Picaleña, en Ibagué. Esa sentencia no fue apelada por el condenado, sin embargo, años después el hoy candidato presentó una tutela aduciendo que había habido violación al derecho de la legítima defensa y al debido proceso. “Fui condenado por tentativa de homicidio agravado y mi llamado a juicio fue por tentativa de homicidio simple. Puse una tutela porque se violaban mis derechos. Nunca me pude defender, la audiencia mía tiene apenas tres hojas y yo nunca me escondí”, comenta el candidato.

Explica que la acción que interpuso fue una tutela porque, tras la condena, “no sabía que podía apelar” y, en efecto, no apeló la decisión. “Cuando uno no apela en segunda instancia no tiene derecho a casación, entonces queda la revisión extraordinaria y una tutela por daño irremediable”, señala Orozco. Para él, su permanencia en la prisión es la traducción de ese daño. Tres años después de interponer la acción judicial, el 23 de junio de 2005, el Tribunal Superior de Pasto ordenó modificar el tiempo de la condena de acuerdo con el delito de tentativa de homicidio simple y el juez penal del Circuito de Mocoa decretó la prescripción, señalando que la acción penal estaba extinguida porque habían transcurrido más de 15 años.

En el largo proceso, Orozco quedó en libertad el 29 de junio de 2005. Dos años después demandó al Estado al considerar que estuvo detenido injustamente. Pidió 470 salarios mínimos legales vigentes por prejuicios morales contra él y su familia -$52 millones por lucro cesante y $15 millones por daño emergente. Sin embargo, un tribunal negó las pretensiones argumentando que la prisión no había sido injusta porque se había demostrado la comisión de un delito y que el juez que decidió la tutela no cuestionó ese hecho, “sino que consideró violado el principio congruente por la aplicación de un agravante que fue establecido en la resolución de acusación”.

Pero Orozco se defiende. “Se puede mirar en cualquier parte y contra mi nombre no figura ninguna condena. Nunca le disparé a ese señor y él nunca me denunció. La investigación fue de oficio. Dicen que tengo una condena y que la tutela solo quitó el agravante y esta está en firme. Pero es mentira, no tengo ningún tipo de antecedente. Pasé por la ventanilla única y cumplo con los requisitos de Procuraduría y Fiscalía”, comenta el candidato, recalcando que esta noticia se saca a poco de las elecciones para afectar su favoritismo.

De paso, denuncia que la campaña rival, la de Martínez Rosales, ha hecho contrataciones de personas conocedoras en el manejo de medios para mover la información. Incluso, aporta una “agenda estratégica” que ha diseñado su contendora para “hacerle daño” día por día desde el 9 de septiembre hasta el domingo 27 de octubre, fecha en que se realizan las elecciones.

El caso de Montelíbano

El Bajo Cauca y el sur de Córdoba son regiones donde la guerra está prendida. Caparrapos, Clan del Golfo, Eln y disidencias de las Farc se pelean centímetro a centímetro las rutas de la coca y el oro ilegal. La confrontación recuerda los peores tiempos del paramilitarismo, que en esta región tuvo una de sus bases principales, de la mano de los hermanos Castaño, Salvatore Mancuso y Ramiro Cuco Vanoy. Y por lo mismo, la campaña política allí está atravesada por sombras que rodean a los dos candidatos a la Alcaldía de Montelíbano (Córdoba), donde el bloque Norte de las Autodefensas puso uno de sus cuarteles generales.

Se trata de Gabriel Alberto Calle Demoya y José David Cura Buelvas. Los dos miembros de dos casas familiares que figuran en expedientes judiciales de larga data. Paramilitarismo, narcotráfico, masacres, asesinatos selectivos, corrupción o denuncias por amenazas son algunos de los señalamientos de los que las campañas echan mano para desprestigiarse mutuamente. Y es que la historia de estos dos candidatos es la representación exacta de la contaminación política.

Calle Demoya es uno de los barones electorales del municipio. Fue concejal desde 1995 hasta 2000. Después se convirtió en diputado hasta 2003, cuando se convirtió en alcalde. De su paso por el palacio municipal le quedó una investigación por presunta corrupción. Desde 2012, la Fiscalía abrió una investigación en su contra y al actual burgomaestre, Francisco Daniel Alean Martínez. Las autoridades sostienen que contrataron más de $40 mil millones de forma directa para la ejecución de proyectos de obra pública sin cumplir con los requisitos de ley.

Las pesquisas llevaron a que, a principios de año, mandatario y exalcalde se presentaran ante el ente acusador, el cual los cobijó con medida de aseguramiento. Sin embargo, en junio de este año, un juez los dejó en libertad. Así pues, Calle Demoya pudo inscribir su candidatura por el Partido Liberal. El mismo partido por el cual salió elegido representante a la Cámara su hijo, Andrés Calle, quien, a su vez, ha venido denunciando que ha recibido amenazas a su vida, al punto que se ha convertido en el denunciante del principal competidor de su padre en las elecciones de octubre.

Calle ha llevado ante el Partido la U, el Ministerio del Interior, la Misión de Observación Electoral, el Consejo Nacional Electoral y hasta la misma Fiscalía una denuncia contra José David Cura Buelvas, avalado por la U. Y los señalamientos no son de poca monta: lo acusa de pertenecer a un “clan familiar relacionado con el narcotráfico y el paramilitarismo”. En la denuncia que entabló el representante Calle sostiene que la campaña de Cura Buelvas está siendo financiada por su primo, César Emilio Cura Vergara, a quien el congresista señala de ser hijo de un reconocido narcotraficante, de quien heredó las actividades delictivas y “es conocido en el mundo del hampa con el alias de Millo Cura”.

La denuncia afirma que el padre, Mariano Cura, y el tío, César Cura, tuvieron relaciones delictivas con la familia Ochoa, del cartel de Medellín; que el tío fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos, que también fue señalado como autor intelectual de la masacre paramilitar en Mejor Esquina -donde fueron asesinados 36 campesinos- y que posteriormente fue asesinado en Santa Marta. La denuncia agrega que el primo del candidato, el mencionado Millo Cura, es propietario de una empresa fachada con propiedades millonarias que no han sido debidamente justificadas. También lo acusa de ser dueño de una camioneta que fue encontrada por las autoridades con tres cuerpos calcinados en su interior.

Mariano Cura -quien también fue alcalde de Montelíbano en el período 2001-2003- lo mencionó el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso por haber financiado a las Autodefensas con los recursos de la administración municipal.

De todas estas acusaciones se defendió José David Cura Buelvas, quien acusó a la familia Calle de “juego sucio” en la campaña, los responsabilizó de lo que pueda pasarle a él y a su familia, y afirmó que en Colombia no existen los delitos de sangre. Reconoce, eso sí, que cuenta con el apoyo de Moisés Ramón Nader Restrepo, quien pertenece a otra tradicional familia política en Córdoba pasada por escándalos de corrupción y parapolítica. “Mi campaña no me la financia ningún primo, él me apoya simplemente con su voto, porque además de primos somos grandes amigos, pero él no me financia. Somos una familia muy de bien. Mi primo declara renta desde el año 82, es un ganadero reconocido en el departamento. Y en este país nadie hereda los delitos de sus padres”, apuntó.

“Las denuncias vienen de los Calle porque hoy en día soy el candidato que les está ganando en las encuestas. Hemos iniciado nuestras acciones legales contra el representante Andrés Calle y su hermano. Ellos le están poniendo precio a mi cabeza porque aquí hay dos grupos armados ilegales. Dicen que uno de los dos me financia, lo cual me pone en riesgo, como le pasó a la candidata del Cauca asesinada, así que si algo me pasa es su responsabilidad. Pero bueno, esto es política y sabemos que lo que están es asustados porque van camino a la derrota y que se les acabe la corrupción que tienen montada en el municipio”, concluyó Calle.