Elaboración de pasaportes quedó en vilo tras freno a contrato de $600 mil millones

La Cancillería tomó la decisión de declarar este miércoles desierta la licitación para la elaboración de pasaportes, un contrato por $600.000 millones que deja en vilo el trámite de este documento en el país. Y todo, tras varios meses de polémicas, quejas y hasta choques internos en el alto Gobierno.

La Cancillería tomó la decisión de declarar este miércoles desierta la licitación para la elaboración de pasaportes, un contrato por $600.000 millones que deja en vilo el trámite de este documento en el país. Y todo, tras varios meses de polémicas, quejas y hasta choques internos en el alto Gobierno.

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En efecto, y como se lee en la resolución 7485 de 2023, el proceso no terminó en manos de Thomas Greg & Sons (TGS), único oferente en el proceso luego de que las otras seis empresas que buscaban ganarse el contrato fueran saliendo del concurso al no encontrar, según dijeron, garantías para la libre participación y de que afirmaran que había un presunto favorecimiento a TGS. Esta última, además, es la firma que actualmente está a cargo de hacer las libretas y evidenció su malestar al no quedarse con el contrato, prometiendo que a partir de octubre “no habrá pasaportes”.

La decisión estuvo precedida de dos suspensiones ordenadas por el canciller Álvaro Leyva, las cuales decretó para definir detalles y pensar cuál sería la mejor decisión “con el fin de garantizar absoluta objetividad” tras los señalamientos de los oferentes que fueron abandonando el proceso.

Los roces de esta licitación fueron tales que el mismo presidente Gustavo Petro le pidió a la Cancillería una garantía de pluralidad de oferentes. Incluso, volvió a tocar el tema durante su viaje de esta semana a Chile, donde le solicitó a Leyva revisar las denuncias y acciones jurídicas que se han derivado de las polémicas del proceso. A esto se suma que la semana pasada, cuando se ordenó el último de los aplazamientos, se apartó de todo el proceso a José Antonio Salazar, secretario General de la Cancillería, por todas las controversias que se gestaron en torno a esta licitación.

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Pero hay un factor clave. La relación entre Petro y Thomas Greg no es la mejor, pues han sido varios los cuestionamientos que ha hecho el mandatario frente a la transparencia de la firma, en especial para los asuntos electorales. En 2019, por ejemplo, cuando TGS había suscrito un contrato con la Registraduría Nacional, Petro indicó que la empresa tenía el poder de “poner presidentes” y que había desarrollado un “software permeable al fraude”.

Eso sí, el tema no acaba con la decisión de Leyva, pues no solo deberá abrir un nuevo proceso de contratación bajo las advertencias que han hecho varias entidades de una posible escasez de pasaportes ante tanta incertidumbre y suspensiones, sino que también tiene el tiempo en su contra, en tanto TGS finaliza su contrato el próximo 2 de octubre (ya se aplazó una vez, pues antes iba hasta el 31 de agosto). Esto a desatado duras alertas de Procuraduría y Defensoría por el impacto que puede tener en la ciudadanía.

Además, hay asuntos pendientes que la justicia debe resolver: una acción popular en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores presentada por el abogado Esteban Puyo, quien impugnó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de inadmitirla y una denuncia penal disciplinaria presentada por el también abogado Hernando Perea contra varios miembros de la Cancillería y de Migración Colombia.

TGS no ganó esta licitación, pero ya cuenta con un contrato por $1 billón con la Registraduría Nacional para la auditoría de las elecciones regionales (el más alto hasta ahora de este 2023 con recursos del Presupuesto General de la Nación) y, de acuerdo con el Registro Único Empresarial y Social (RUES), ha tenido al menos 68 contratos con el Estado, 13 con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y nueve con la Registraduría Nacional.

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Igualmente, tiene desde ya sus ojos puestos en otra licitación que abrió Migración Colombia para la elaboración de cédulas de extranjería, negocio que también tiene actualmente bajo su responsabilidad.

Este nuevo proceso, un contrato por $2.868 millones, también ha generado comentarios por los requisitos que pide y que guardan similitud con los que pedía Leyva para la elaboración de pasaportes: un tiempo muy reducido para el montaje e inicio de operación después de adjudicado el contrato, que para nuevas empresas sería casi imposible de cumplir y les acarrearía multas por cada día de incumplimiento y la elaboración de muestras de pasaportes y cédulas exactamente con los mismos materiales actuales y en un tiempo corto para la compra de insumos y la ejecución.

“Lo de la Cancillería no es un caso aislado. Lo que pasa en Migración Colombia, que es una entidad adscrita a la Cancillería, está demostrando el mismo comportamiento en los modelos de contratación”, señaló Luis Villegas, vicepresidente de Cadena, una de las empresas que buscaba ganarse el contrato y que decidió salirse del proceso argumentando falta de garantías en su participación.

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En todo caso, un nuevo proceso de licitación se abrirá y varias de las empresas que se quedaron en medio del camino le apostarán de nuevo al contrato, siempre y cuando, dijeron, se mejoren las condiciones de participación.

Queda la duda de si TGS se presentaría, pues les generó malestar la decisión de la Cancillería: “Prefieren desconocer un oferente que cumplió con el pliego y generar un problema de marca mayor. La decisión atenta contra el interés general y a partir del 2 de octubre los que están en el exterior no tendrán pasaporte y el concesionario se retira de sus puestos”, dijo Juan Pablo Estrada, representante de TGS, conglomerado que ha sostenido que tiene la idoneidad para continuar elaborando las libretas.

¿Habrá escasez de pasaportes?, es una pregunta que deberá responder pronto la Cancillería.

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