Cancillería vs. Thomas Greg: la pelea jurídica que comenzó por la licitación de pasaportes

Las repercusiones del cierre abrupto de la licitación de pasaportes en Colombia, a cargo de la Cancillería de Álvaro Leyva, aún reverberan en el país, y sin duda, la más fuerte de ellas es una reciente demanda por más de $117 mil millones de Thomas Greg & Sons en contra del Estado, argumentando haber cumplido con los requisitos para que se le adjudicara el contrato de $600 mil millones, que terminó siendo desierto. La decisión final de esta controversia la tendrá la justicia administrativa, pero esta podrá tardar en llegar.

Las repercusiones del cierre abrupto de la licitación de pasaportes en Colombia, a cargo de la Cancillería de Álvaro Leyva, aún reverberan en el país, y sin duda, la más fuerte de ellas es una reciente demanda por más de $117 mil millones de Thomas Greg & Sons en contra del Estado, argumentando haber cumplido con los requisitos para que se le adjudicara el contrato de $600 mil millones, que terminó siendo desierto. La decisión final de esta controversia la tendrá la justicia administrativa, pero esta podrá tardar en llegar.

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Luego de que el último intento para conciliar extrajudicialmente entre ambas partes fracasara, Thomas Greg & Sons (TGS) demandó oficialmente al Estado. La reunión de solo diez minutos, la cual tuvo lugar este 19 de diciembre en las instalaciones de la Procuraduría, terminó siendo la antesala de una batalla jurídica para la firma y la entidad gubernamental.

Por el momento, lo único claro es que la elaboración de los pasaportes de los colombianos no está en riesgo de colapsar ni presentaría contratiempos, al menos hasta octubre de 2024, cuando finaliza el contrato actual, que le fue entregado a TGS por urgencia manifiesta hace un poco más de dos meses.

Eso sí, los roces entre ambas partes vienen en aumento: mientras el canciller Álvaro Leyva califica a TGS como un “cartel de pasaportes” y señala que algunos de sus miembros han intentado desprestigiarlo, la firma internacional analiza solicitarle al Gobierno la posibilidad de que se nombre un canciller ad hoc que se encargue exclusivamente de este caso, pues, consideran que Leyva perdió la imparcialidad.

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“Presionaron para conciliar y no pudieron. Ahora el gobierno de Gustavo Petro les ganará en los tribunales”, indica Leyva, mientras que una fuente de TGS asegura: “estamos tranquilos porque confiamos en las instituciones. La Cancillería en todo este proceso ha demostrado una incoherencia mayúscula”.

¿Cuánto tardará?

Sobre el tiempo que pasarán en los tribunales se tienen diferentes cálculos. El abogado Ernesto Matallana, quien asumió la defensa de la Cancillería el mismo día de la conciliación (19 de diciembre), luego de que Germán Calderón España renunciara, menciona que espera que para el cabo de un año se tenga un veredicto. TGS considera que puede tardar hasta más de cinco años para llegarse a un fallo de fondo.

Tiene su punto de vista Camilo Gómez Alzate, exdirector de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), el mismo cargo que ocupó Martha Lucía Zamora, luego del supuesto choque entre ella y Leyva en medio de las audiencias de conciliación, y que no estuvo presente en las últimas audiencias de conciliación, como lo señala el acta de la última reunión.

De acuerdo con Gómez, la duración promedio de este tipo de casos en los que un oferente demanda al Estado está por encima de los cuatro años. Por otro lado, el exdirector sostiene que TGS y la unión temporal que formó para participar en este proceso licitatorio cuenta con “inversionistas extranjeros de Francia y Reino Unido, por lo que están protegidos por tratados internacionales vigentes en el país”. En otras palabras, este caso podría llegar a ser disputado en tribunales internacionales.

¿Cuánto costaría?

El precio es otro elemento de incertidumbre, pues este puede ir aumentando de acuerdo a los años que dure el caso en los juzgados. A quien logre el fallo a su favor podría lograr que se le cubran los costos de representación jurídica y otros que serán determinados.

Hasta ahora, Thomas Greg solicitó $117 mil millones por las utilidades que esperaba recibir por la ejecución del contrato, pero, de ganar el caso, terminaría recibiendo más. El mismo exabogado de la cancillería, Calderón España, luego de su salida, habló de $300 mil millones que el Estado debería pagarle a la firma, por lo que recomendó el camino de la conciliación para evitar el detrimento patrimonial.

“El peor camino es no conciliar, pues le costaría a Colombia $120 mil millones, más la indemnización en dos o tres años que resulte del fallo definitivo de este proceso, es decir, el monto podría ascender a $300 mil millones. ”, dijo el abogado Calderón a W Radio.

Gómez concuerda: “Frente a los costos se tendrá que actualizar el valor de las pretenciones y además se puede argumentar durante el proceso un daño reputacional, así como expectativas legítimas que no se pudieron ejecutar por una decisión que puede catalogarse de antijurídica”.

Pero, dice el abogado Matallana, sería algo que TGS tendría que demostrar “teniendo en cuenta que el Consejo de Estado tiene lineamientos claros y márgenes de utilidad para este tipo de casos. En un contrato de 600 mil millones, ellos quieren que se le reconozca alrededor de 117, es decir que calculan que su margen de utilidad es de alrededor 20 %”.

Para poner estos valores en perspectiva, con corte a septiembre de 2023 y según cifras de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), las pretensiones jurídicas en materia económica contra la Nación rondan alrededor de los 651 billones de pesos.

¿Cuál será la estrategia de ambas partes?

Reglas de participación vs. Ley 80 de la contratación pública. Estos serán los dos argumentos de la defensa de la Cancillería y TGS, respectivamente. La primera tiene el respaldo del presidente Petro, quien vía X, dijo que en su gobierno no habrá licitaciones con un solo oferente para hacerle frente a la corrupción. Consiguiente a este mensaje, Leyva, quien no venía liderando el proceso, pues lo hacía el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, declaró desierta la licitación.

“La estrategia en este punto y la visión del canciller es decir que se vulneró el principio de la selección objetiva cuando se hizo el pliego de condiciones, que debería de haber más participantes y que no se respetaron las reglas de igualdad y competencia. Si se hubiese adjudicado el contrato a TG&S, cualquier hubiera podido demandar señalando este mismo escenario, es irse por el proceso penal”, indica el abogado Matallana.

TGS, por su parte, se va a amparar en la Ley 80 para argumentar que en Colombia no son ilegales los procesos licitatorios con un solo oferente, siempre y cuando, este cumpla con las condiciones solicitadas. Es el caso de la firma que viene siendo el operador para la elaboración de los pasaportes en los últimos 17 años, y que para este nuevo contrato obtuvo 1.000 puntos sobre 1.000 posibles en la calificación.

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