Cannabis de uso recreativo, la apuesta de 20 representantes a la Cámara

La nueva política de drogas aterrizó con toda en este nuevo año legislativo. El pasado 23 de julio, la bancada de oposición e independientes radicaron cuatro proyectos para darle un giro al enfoque en cómo el Estado está atendiendo el problema. A las iniciativas, se le suma una última que fue presentada ayer y que busca permitir el uso recreativo del cannabis.

El proyecto es muy simple, consta de dos artículos, en los que se incluye la vigencia. El otro propone adicionar un párrafo al artículo 49 de la Constitución, que habla sobre la atención de la salud, el consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes bajo prescripción médica.

Lea: Oposición e independientes se la juegan por un giro en la política de drogas.

Seguido de este tema, de aprobarse el proyecto de acto legislativo, el artículo quedaría con este párrafo de más: “La prohibición prevista en el inciso anterior no aplicará frente al cannabis y sus derivados para el uso recreativo por parte de mayores de edad y dentro de los establecimientos que disponga la ley. Tampoco aplicará para su destinación científica, siempre y cuando se cuente con las licencias otorgadas por la autoridad competente”. 

A los autores de la iniciativa, los liberales Juan Carlos Losada y Juan Fernando Reyes, los acompañaron otros representantes como Mauricio Toro, Katherine Miranda, Catalina Ortiz, Juanita Goebertus, Inti Asprilla, de la Alianza Verde; David Racero, de la Lista de los Decentes; César Lorduy, Ciro Fernández, de Cambio Radical; Andrés Calle, Harry González, Fabio Arroyave, del Partido Liberal; entre otros. 

El objeto único del proyecto es “permitir la regularización del uso del cannabis con fines recreativos por parte de mayores de edad, así como la unificación de la normativa actual respecto a la utilización del cannabis para uso científico. Lo anterior dirigido a reconocer y garantizar los derechos fundamentales a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, a alinear las referencias constitucionales, legales y jurisprudenciales sobre la materia y a coadyuvar a combatir el tráfico ilegal de cannabis, como estrategia para reducir la violencia en el país”. 

Entre las razones que se argumentan levantar la prohibición del consumo del cannabis están las de sus propiedades médicas con efectos “terapéuticos, de tipo anestésico, anticonvulsivante, antiglaucomatoso y antiasmático para el uso en tratamiento de glaucoma, del asma y de la epilepsia”. A esto, le suman que este año la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió retirar esta sustancia de la lista de las drogas peligrosas. 

También, se esgrime el precedente que dejó la aprobación de la ley 1787 de 2016 que aumenta a dos situaciones el uso del cannabis: el científico y el medicinal. Con esto, más el sustento del libre desarrollo de la personalidad, la igualdad y la salud pública, los representantes darán la pelea legislativa para que avance este proyecto. 

Pero para darle más fuerza a sus posiciones, dentro de los antecedentes del proyecto, recuerdan que países como Uruguay, Argentina, México, Holanda, Canadá, Colorado (Estados Unidos) y Copenhague (Dinamarca) ya han dado el paso de regularización del consumo del cannabis. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, Canadá y Colorado los objetivos, además de atender el problema como un asunto de salud pública, también fue abordado como promoción de la legalidad y lucha contra el crimen organizado que rodea el tráfico de sustancias psicoactivas. 

(Le recomendamos: “Respeten a los electores”: Rodrigo Lara al uribismo)

Tampoco dejan de lado la relación económica que se puede derivar de la permisión del uso del cannabis recreativo. “Así como el alcohol y el tabaco están regulados y pagan impuestos, los impuestos al consumo de cannabis pueden ser fuente de financiación para programas sociales, de salud y de prevención de abuso de sustancias”.

Así pues, este proyecto se suma a los presentados a principio de legislatura que buscan que el Estado asuma la problemática del consumo con un enfoque diferencial de salud pública, prohibir la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato y cualquiera de sus derivados, y por último está la creación de un instituto encargado de la dirección e implementación de la política de prevención y atención al consumo de drogas.

La nueva política de drogas aterrizó con toda en este nuevo año legislativo. El pasado 23 de julio, la bancada de oposición e independientes radicaron cuatro proyectos para darle un giro al enfoque en cómo el Estado está atendiendo el problema. A las iniciativas, se le suma una última que fue presentada ayer y que busca permitir el uso recreativo del cannabis.

El proyecto es muy simple, consta de dos artículos, en los que se incluye la vigencia. El otro propone adicionar un párrafo al artículo 49 de la Constitución, que habla sobre la atención de la salud, el consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes bajo prescripción médica.

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Seguido de este tema, de aprobarse el proyecto de acto legislativo, el artículo quedaría con este párrafo de más: “La prohibición prevista en el inciso anterior no aplicará frente al cannabis y sus derivados para el uso recreativo por parte de mayores de edad y dentro de los establecimientos que disponga la ley. Tampoco aplicará para su destinación científica, siempre y cuando se cuente con las licencias otorgadas por la autoridad competente”. 

A los autores de la iniciativa, los liberales Juan Carlos Losada y Juan Fernando Reyes, los acompañaron otros representantes como Mauricio Toro, Katherine Miranda, Catalina Ortiz, Juanita Goebertus, Inti Asprilla, de la Alianza Verde; David Racero, de la Lista de los Decentes; César Lorduy, Ciro Fernández, de Cambio Radical; Andrés Calle, Harry González, Fabio Arroyave, del Partido Liberal; entre otros. 

El objeto único del proyecto es “permitir la regularización del uso del cannabis con fines recreativos por parte de mayores de edad, así como la unificación de la normativa actual respecto a la utilización del cannabis para uso científico. Lo anterior dirigido a reconocer y garantizar los derechos fundamentales a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad, a alinear las referencias constitucionales, legales y jurisprudenciales sobre la materia y a coadyuvar a combatir el tráfico ilegal de cannabis, como estrategia para reducir la violencia en el país”. 

Entre las razones que se argumentan levantar la prohibición del consumo del cannabis están las de sus propiedades médicas con efectos “terapéuticos, de tipo anestésico, anticonvulsivante, antiglaucomatoso y antiasmático para el uso en tratamiento de glaucoma, del asma y de la epilepsia”. A esto, le suman que este año la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió retirar esta sustancia de la lista de las drogas peligrosas. 

También, se esgrime el precedente que dejó la aprobación de la ley 1787 de 2016 que aumenta a dos situaciones el uso del cannabis: el científico y el medicinal. Con esto, más el sustento del libre desarrollo de la personalidad, la igualdad y la salud pública, los representantes darán la pelea legislativa para que avance este proyecto. 

Pero para darle más fuerza a sus posiciones, dentro de los antecedentes del proyecto, recuerdan que países como Uruguay, Argentina, México, Holanda, Canadá, Colorado (Estados Unidos) y Copenhague (Dinamarca) ya han dado el paso de regularización del consumo del cannabis. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, Canadá y Colorado los objetivos, además de atender el problema como un asunto de salud pública, también fue abordado como promoción de la legalidad y lucha contra el crimen organizado que rodea el tráfico de sustancias psicoactivas. 

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Tampoco dejan de lado la relación económica que se puede derivar de la permisión del uso del cannabis recreativo. “Así como el alcohol y el tabaco están regulados y pagan impuestos, los impuestos al consumo de cannabis pueden ser fuente de financiación para programas sociales, de salud y de prevención de abuso de sustancias”.

Así pues, este proyecto se suma a los presentados a principio de legislatura que buscan que el Estado asuma la problemática del consumo con un enfoque diferencial de salud pública, prohibir la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato y cualquiera de sus derivados, y por último está la creación de un instituto encargado de la dirección e implementación de la política de prevención y atención al consumo de drogas.