Caos y filas: Cancillería tiene lista ruta para evitar escasez de pasaportes

Luego de que el contrato por $600.000 millones para la elaboración de pasaportes fuera declarado desierto por la Cancillería y el actual proveedor enunciara que sus servicios van hasta el próximo 2 de octubre, creció el temor de una posible escasez de pasaportes, al punto de que se han visto filas más largas de lo normal en las oficinas de la entidad. Todo esto se ha dado mientras el canciller Álvaro Leyva culmina en Estados Unidos su agenda en la Asamblea General de la ONU.

Luego de que el contrato por $600.000 millones para la elaboración de pasaportes fuera declarado desierto por la Cancillería y el actual proveedor enunciara que sus servicios van hasta el próximo 2 de octubre, creció el temor de una posible escasez de pasaportes, al punto de que se han visto filas más largas de lo normal en las oficinas de la entidad. Todo esto se ha dado mientras el canciller Álvaro Leyva culmina en Estados Unidos su agenda en la Asamblea General de la ONU.

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La tensión está hoy puesta sobre la contratación directa que se ejecutará en los próximos días luego de que el canciller declarara urgencia manifiesta la semana pasada al no adjudicar el contrato a Thomas Greg & Sons (TGS), actual proveedor y el único oferente a la propuesta, que además, sigue analizando si presentará una demanda contra Colombia que podría llegar a los $100.000 millones tras la caída del proceso.

El presidente Gustavo Petro ha sido enfático en que en su gobierno no habrá contrato con un solo oferente: “O compiten o compiten. No se trata de suspender licitaciones buscando que el tiempo nos acorrale para escoger al único proponente. Todo funcionario tiene mi mensaje. Las licitaciones con un proponente se declaran desiertas y se inicia de nuevo el proceso. En este gobierno no se permite la corrupción”. ¿A qué funcionario se refería?

Las otras seis empresas que participaron en esta licitación estarían de acuerdo con esta declaración, pues todas fueron saliendo del concurso argumentando que no había presuntas garantías para la libre participación, pero sí un supuesto favorecimiento a Thomas Greg. Para estas, los requisitos que dicte el documento de la urgencia manifiesta que se subirá al SECOP, posiblemente este jueves, marcarán las bases de lo que será la futura licitación a abrir.

Esperan que esta vez las condiciones sean más “realistas” al mercado y no se impongan medidas como las del anterior pliego: entrar a operar en dos meses después de adjudicado el contrato y la entrega de muestras en un corto tiempo. En resumen, buscan que los tiempos sean más “prudentes” para el empalme con Thomas Greg.

No obstante, todo indica que este contrato directo, que podría suplir la demanda de pasaportes hasta fin de año, se le otorgaría al actual contratista, pues lleva el negocio desde hace años, lo conoce, tiene todos los insumos de las libretas y sería la opción más viable por las escasas dos semanas que tiene el gobierno colombiano antes de que culmine el actual contrato, que antes vencía el 31 de agosto.

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Fuentes cercanas a TGS sostuvieron que la comunicación con la Cancillería ha sido poca, que no tienen conocimiento de cuáles serán las bases de los nuevos contratos y que es la primera vez que pasan por un episodio de incertidumbre como este, pues han contratado con todos los gobiernos.

Aunque su representante jurídico Juan Pablo Estrada se mostró molesto en la última audiencia y prometió que a partir del 2 de octubre “no habrá más pasaportes y el concesionario se retira de sus puestos”, hoy no rechazan una posible propuesta estatal sin antes conocer sus requerimientos.

Lo que decida Cancillería lo deberá hacer con prontitud, no solo para darle tranquilidad a los ciudadanos, a quienes se les ha visto en las largas filas de las oficinas de pasaportes, sino también a entidades como la Defensoría, que emitió un comunicado asegurando que de no solucionarse pronto el contrato se podría vulnerar el derecho a la libre circulación; y la Procuraduría, que alertó una posible escasez de este documento y rechazó las dos suspensiones al proceso que le dio Leyva, a quien le abrió una investigación disciplinaria.

A pesar de las largas filas que se han evidenciado, como en la sede centro de Bogotá, la Cancillería indicó que todo está bajo control y que la entrega del pasaporte sigue siendo una de las más rápidas en el mundo: 48 horas.

Eso, sí, invitan a que sean solo las personas próximas a viajar las que inicien este procedimiento. “El pasaporte es un documento esencial solo si el ciudadano va a realizar un viaje o si tiene un trámite de visado pendiente. Si no tienen un viaje, por favor no acudan a las oficinas. La invitación general de Cancillería a los ciudadanos es que se tranquilicen. No se va a dar una suspensión a pesar del cambio de licitación”, dijo Andrea Garzón, coordinadora de la oficina de pasaportes sede centro de Bogotá.

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Este mensaje de tranquilidad no ha calado completamente al interior de la Cancillería, pues según le contaron a este diario, hay empleados preocupados por los tropiezos en la contratación de un nuevo proveedor. Para algunos, el no tener una respuesta aún podría significar una sobrecarga laboral, aspecto que, apuntaron, no es nuevo y que se debe a una supuesta falta de liderazgo de parte de Leyva.

No son los únicos en afirmarlo. También lo creen algunas de las empresas que buscaron ganarse el multimillonario contrato: “Todo lo que le está pasando al canciller es porque subestimó las alertas que elevamos. Actuaron e intentaron solucionar, pero muy tarde”.

Leyva, además de las críticas que ha recibido, está siendo investigado por la Procuraduría por posiblemente haber vulnerado principios de la contratación estatal. La medida también fue para el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, quien lideraba el proceso hasta septiembre, cuando su jefe tomó las riendas. Ahora, Salazar, quien fue denunciado ante la Fiscalía, regresó y ya estaría finalizando el documento con las medidas para la contratación directa.

De otro lado, el gobierno está analizando la mejor estrategia para intentar contrarrestar la posible demanda de Thomas Greg, que aseguró haber cumplido con todo lo que pedía el gobierno para la licitación y haber obtenido 1.000 puntos sobre 1.000 posibles. Por su parte, Leyva estaría más tranquilo, pues, por su edad (81 años) las acciones jurídicas directas contra él como canciller no tendrían viabilidad jurídica, una especie de “veto” que no aplicaría para el secretario .

La Cancillería dice que tiene todo bajo control y que quien necesite tendrá pasaporte en sus manos. Lo cierto es que está por verse cuáles serán las condiciones de los dos nuevos contratos: el directo que debe solucionarse antes de octubre y el proceso más largo licitatorio que desde ya y por orden del presidente, se sabe, deberá llegar a su final con al menos dos proponentes.

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