Cárcel, bienes y reparación: las condiciones de sometimiento de grupos criminales

El proyecto de ley con el que el gobierno de Gustavo Petro busca establecer “mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto” finalmente llegó al Congreso. Este documento, que reposa en la secretaría de Senado y será tramitado con mensaje de urgencia, es un importante insumo dentro de la iniciativa de paz total, pues deja establecidos los beneficios y condiciones para que grupos armados que no tengan carácter político, como el Eln o el Estado Mayor Central de las Farc, dejen las armas. ¿Cuánto pagarán de cárcel? ¿Sabía que podrán quedarse con hasta 10.000 salarios mínimos?

El proyecto de ley con el que el gobierno de Gustavo Petro busca establecer “mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto” finalmente llegó al Congreso. Este documento, que reposa en la secretaría de Senado y será tramitado con mensaje de urgencia, es un importante insumo dentro de la iniciativa de paz total, pues deja establecidos los beneficios y condiciones para que grupos armados que no tengan carácter político, como el Eln o el Estado Mayor Central de las Farc, dejen las armas. ¿Cuánto pagarán de cárcel? ¿Sabía que podrán quedarse con hasta 10.000 salarios mínimos?

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¿Quiénes se podrán someter?

El Gobierno pensó este proyecto para “desmantelar las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto e impulsar la reintegración efectiva de sus integrantes mediante un enfoque restaurativo”. Es decir, acá entrarían grupos armaos cuya finalidad sea el crimen y no la obtención del poder político, característica que, por ahora, solo se le ha otorgado al Ejército de Liberación Nacional (Eln) y al Estado Mayor Central, disidencia de las extintas Farc.

Los grupos que busquen someterse tienen cumplir unas características para que la ley, en caso de que supere todo su trámite y reciba la sanción presidencial, los cobije: Que se trate de organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas, que se encuentren organizadas en una estructura jerárquica y/o en red, que se dediquen a la ejecución permanente o continua de conductas punibles, entre las que podrán encontrarse las tipificadas en la Convención de Palermo; que se enmarquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen, y que cumplan funciones en una o más economías ilícitas.

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¿A qué se comprometen para someterse?

Según el proyecto del Gobierno, son 12 condiciones las que deben cumplir para recibir los beneficios que otorga el sometimiento:

• Manifestar la intención colectiva de contribuir al cumplimiento efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición;
• Manifestar la intención colectiva de desmantelar la estructura armada organizada de crimen de alto impacto y sus redes de apoyo;
• Suspender todo tipo de actividades ilícitas;
• Manifestar su compromiso de asistir a los mecanismos institucionales diseñados por el Gobierno Nacional para la contribución a la verdad y la memoria histórica;
• Entregar la totalidad de las armas en poder de la estructura;
• Entregar la totalidad de personas secuestradas en su poder;
• Entregar la totalidad de los menores reclutados;
• Entregar inventario de bienes y activos vinculados a la actividad ilegal de la estructura, que se encuentren dentro del territorio nacional o fuera del país;
• Manifestar su compromiso de la entrega de información precisa sobre redes de apoyo, colaboradores, determinadores y beneficiarios de las actividades ilícitas de la estructura y sus redes de apoyo;
• Manifestar su compromiso de la entrega de información relacionada con los modos de operación de la estructura, que incluya la identificación de rutas, puntos de acopio, puntos de embarque y operadores de compra-venta de los productos ilegales.
• Manifestar su compromiso de la entrega de información relacionada con los vínculos o negocios de la estructura con otras organizaciones criminales.
• Las demás que se dispongan en el marco de los acercamientos y conversaciones.

También, dice el documento, deben reconocer su responsabilidad penal en la comisión de los delitos imputados por la Fiscalía, contribuir a la reparación integral de las víctimas, aportar verdad a las víctimas y participar en los programas de justicia restaurativa, participar en los programas de reintegración, aportar información a la Fiscalía para el desmantelamiento y judicialización de redes y colaboradores, en especial aquellas que involucren a otras organizaciones criminales, agentes del Estado y terceros civiles. Asimismo, tendrán que aportar información sobre actividades, rentas ilícitas y mecanismos de lavado de activos en los que haya tenido alguna intervención o de los que haya conocido, entre otros; aportar información, cuando cuente con ella, y participar en acciones para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, cuando sea requerido por las autoridades competentes, informar el lugar de domicilio y cambios del mismo.

A la cárcel

Uno de los términos clave del proyecto es el “principio de oportunidad”. Un beneficio que normalmente se le da a quienes cometen un delito por primera vez, a cambio de colaborar con la justicia. Con el proyecto, algunos miembros de grupos criminales podrían firmar principios de oportunidad y no pagar un día de cárcel. La única condición es que resulten condenados, después de someterse, por los delitos de concierto para delinquir, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores y porte ilegal de armas. Sin embargo, los sentenciados deberán comprometerse a cuatro (4) años de actividades de justicia restaurativa con sus víctimas.

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Para todos los demás criminales se esperan penas entre seis (6) y ocho (8) años de cárcel. Sobre todo para quienes son considerados “cabecillas” y que podrían someterse por crímenes que signifiquen graves de violaciones de derechos humanos, delitos de lesa humanidad e infracciones al derecho internacional humanitario, como crímenes de guerra y masacres. Después de ello, una vez cumplida su pena, los procesados entrarán a un periodo de vigilancia de cuatro (4) años, en los que cumplan con actividades de justicia restaurativa y de reintegración a la sociedad.

Los bienes

Los procesados deberán presentar un inventario con los bienes muebles e inmuebles relacionados con sus actividades ilícitas. Después de ello, cada uno se hará acreedor al beneficio de mantener hasta el 6 % del valor de los bienes que sean entregados y que sean monetizarles y, por lo tanto, con los cuales se pueda restaurar a las víctimas. El Gobierno aclaró que, sin importar su patrimonio criminal, no podrán mantener más de 10.000 salarios mínimos en bienes. Es decir, $11.600 millones.

El papel de las víctimas

A excepción de los menores de edad que hayan cometido genocidio o crimines de lesa humanidad, todos los niños, niñas y adolescentes que se sometan a la justicia serán considerados víctimas de la estructura criminal. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar liderará su proceso de desvinculación y de reintegración que, según lo prometió el Gobierno, tendrá en cuenta el enfoque de género y su pertenencia étnico-racial. “El programa priorizará acciones al interior de las comunidades afectadas, en el marco de los programas restaurativos que trata esta ley”, se lee en el texto.

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Asimismo, se espera que las víctimas tengan garantizada su participación en todas las etapas del sometimiento. A su favor, los criminales deberán aportar información para la reconstrucción de memoria histórica en materia de graves violaciones de derechos humanos y violencia de género. La Defensoría del Pueblo, a la par, sistematizará las demandas de verdad de las víctimas y de reconocimiento de responsabilidad por parte de los grupos armados. Esta información la conocerá el Ministerio de Justicia y el Alto Comisionado para la Paz para diseñar sus programas de justicia restaurativa. Las víctimas serán reparadas económica y simbólicamente.

¿Y la extradición?

El ministro Osuna dijo que “la figura de la extradición, que es una figura de la cooperación judicial internacional, sigue rigiéndose por las normas actualmente vigentes y por eso no consideramos procedente ni necesario incluir ninguna mención al tema de la extradición en el proyecto”. También resaltó que como se seguirá manejando de la misma manera, algo clave es que en las extradiciones siempre hay “un momento de discrecionalidad del presidente de la República para conceder o negar caso por caso las extradiciones que hayan sido previamente solicitadas y aprobadas por el poder judicial. Eso no se modifica con este proyecto”.

¿Y qué pasa si incumplen los compromisos del sometimiento?

Las causales para perder los beneficios son: Retornar a las armas, ser condenado por delitos dolosos cometidos después del sometimiento, involucrarse en algún tipo de economía ilegal, en cualquiera de sus etapas de operación; no cumplir con las obligaciones de contribución de esta ley, no cumplir, de manera reiterada e injustificada, con la participación en programas de justicia restaurativa y de reintegración. En caso de que algo de esto pase, dice el proyecto, se revocarán los beneficios y “los hechos y conductas cometidos por este serán investigados y juzgados según el procedimiento ordinario”.

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