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El excongresista y exprecandidato presidencial Carlos Amaya ganó este domingo las elecciones a la Gobernación de Boyacá, cargo que ya había tenido entre 2016 y 2019.
Según los últimos boletines de la Registraduría, el político de 38 años ganó con 260 mil votos, y obtuvo el 42,5% del total de votaciones con e 91 % de las mesas informadas.
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Amaya se impuso a Rodrigo Rojas, candidato de una coalición entre el partido Liberal, Conservador, ASI, Nuevo Liberalismo y Alianza por la Paz, y sobre Giovany Pinzón, del Pacto Histórico.
En Boyacá, estaban habilitados 398 puestos de votación y 3.250 mesas. Poco más de 1 millón de personas estaban habilitadas para votar en el departamento.
Amaya, copresidente del partido Verde, había sido noticia en los últimos meses tras varias denuncias de presunta corrupción por la construcción de una mansión en una zona de protección ambiental en Paipa (Boyacá). Según las denuncias, hay una serie de irregularidades en la obra y resaltan las relaciones personales de Amaya y su familia con Fabio Medrano, alcalde del municipio.
Este diario también ha contado otras de sus polémicas: la contratación que le hizo a sus financiadores.
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En su primera campaña departamental, en 2015, recibió aportes por 767 millones, entre donaciones y créditos. Una de esas donaciones fue la de $50 millones entregada por B&V Ingeniería, empresa propiedad de los ingenieros Jorge Boada y Ricardo Vargas.
Luego, esa empresa recibió dos contratos de manos de la gobernación de Amaya a través de licitación: el primero, en 2017, para la construcción de la avenida circunvalar de Duitama y el segundo, en 2019, para la adecuación y puesta en funcionamiento del auditorio Jorge Velosa de Tunja. Sumados, ambos contratos alcanzan los 10.000 millones de pesos.
La licitación para el teatro solo recibió la oferta de B&V ingeniería, la misma empresa que donó a la campaña de Amaya. Ese aporte superó el 2,5% del tope de gastos establecido para la elección de ese año en Boyacá. Según el estatuto anticorrupción, cualquier donación que supere ese valor genera una inhabilidad para contratar con la entidad a la que llegue el candidato, de quedar elegido.
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