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Carlos Ramón González, cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), se presentó este 18 de junio ante el Congreso para explicar el alcance de las estrategias de seguridad de inteligencia en el país. Según el senador David Luna, de Cambio Radical y quien lo citó al debate, algunas operaciones estarían direccionadas a miembros de la oposición.
El jefe de la entidad negó todos los señalamientos de la oposición, entre lo que estaban, por ejemplo, que se estarían realizando supuestos seguimientos ilegales e interceptaciones contra ex integrantes del anterior Gobierno, de Iván Duque, e incluso a oficiales retirados de la Fuerza Pública.
Al respecto, González negó tal escenario y, por el contrario, aseguró que la labor del Gobierno ha sido evitar cualquier tipo de suceso que pase sobre los derechos humanos y políticos. Además, invitó a los congresistas a revisar hacia atrás. Según dijo, en anteriores gobiernos sí se habrían emprendido acciones en contra de la que entonces era la oposición.
“No se trata de poner un retrovisor, pero hay cosas pendientes que resolver”, dijo durante su intervención. Y confirmó que tras las advertencias del Senado, se han adelantado varias investigaciones internas y que habrían arrojado que no hay ninguna actuación de ese tipo.
En suma, dijo que desde el gobierno Petro están totalmente abiertos para que se vigilen las acciones realizadas por la DNI. También mencionó algunas propuestas para vigilar la entidad; una de ellas serían las veedurías ciudadanas.
En otro sentido, se refirió al fortalecimiento de la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso y también solicitó a las altas Cortes una vereduría judicial, “para que le hagan seguimiento y control a las actividades de inteligencia y no se siga especulando más (...) Esa debe ser la solución”, dijo.
Para las veedurías ciudadanas invito a participar a las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros, para “fortalecer un sistema de control para que esto nunca vuelva a pasar”. Frente a las actuaciones de gobiernos pasados, señaló que se planteó la necesidad de “tomar correctivos e introducir todos los procedimientos para la garantía de los derechos humanos”.
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