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El nombre de Carlos Ramón González no está dentro de las conversaciones más mediáticas del país. Está más bien a la sombra del poder, aunque pareciera que, en muchos escenarios, el del poder es él. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y actual jefe de gabinete del Gobierno es la mano derecha —y la izquierda— del presidente Gustavo Petro.
Su despacho, en el quinto piso de la Casa de Nariño, colinda con la oficina presidencial, hasta donde llega sin tener cita o sin previo aviso. Sus consejos y mensajes llegan directamente al oído del primer mandatario. Y usualmente son escuchados.
Pocas personas en el Gobierno tienen ese poder de ser tenidos en cuenta en las decisiones más trascendentales. Carlos Ramón es, de hecho, una especie de primera línea para el presidente Petro. No hay cita, evento, sugerencia, queja o reclamo que no pase primero por él antes de llegar al mandatario.
Lo buscan las altas cortes, los congresistas, la Fiscalía, los ministros y, claro, los periodistas. Su relacionamiento con todo el mundo político colombiano —y el internacional— lo ha llevado a ganarse un título entre los congresistas que niega rotundamente tener, aunque en la práctica lleve muchas de esas funciones: la de ministro del Interior.
Y lo dicen porque González es, además, un conocedor y negociador de las minucias legislativas. Conoce de cerca las dinámicas de los partidos, se relaciona con la oposición, con los mismos “verdes” y con los cercanos al Gobierno, que frecuentemente lo buscan para enviarle mensajes al presidente.
En medio de la pelea entre Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, con el canciller Álvaro Leyva, ella confesó que fue a él a quien le hizo llegar su carta de renuncia.
No es secreto que González es una de las pocas personas en las que el jefe de Estado confía. En los consejos de ministros de cada lunes su asiento está reservado a la derecha de Petro. Y, como dicen en los pasillos de la Casa de Nariño, en los viajes nacionales o internacionales, “siempre es el primer nombre que se escribe en la lista del avión presidencial”.
No es para menos. Se conocieron en la exguerrilla del M-19, a la que él se unió en 1975. Cinco años después comenzó la aspiración política de los excombatientes y el sueño de “llegar a tomarse el poder”. Para ese momento Carlos Ramón ocupaba el cargo de coronel en la guerrilla y era el encargado de las actividades militares en el departamento de Santander, de donde es oriundo. Ahí también conoció a Antonio Navarro Wolff, que llegó a ser el segundo comandante de la organización.
Y esa dupla Navarro Wolff-González es la que primero le sonó al presidente, en agosto de 2022, cuando comenzó a armar el primer gabinete tras su victoria. Por esos días reunió a dos de sus compañeros de lucha del Eme, que además son fundadores del Partido Alianza Verde —la colectividad política que surgió de varios excombatientes de esa guerrilla y que inicialmente se llamó Partido Opción Centro—. El presidente Petro formalizó su propuesta de que entraran a su equipo de gobierno y les puso sobre la mesa dos ministerios: Minas y Defensa.
Pero la realidad es que ninguno aceptó porque, en ese momento, no tenían intenciones de ocupar altos cargos. Su sueño se había cumplido: un exintegrante del M-19 había llegado a la Presidencia de Colombia, como se lo plantearon 48 años antes cuando estaban en armas.
Fue hasta abril de 2023 cuando el presidente le pidió la renuncia a Mauricio Lizcano, que estaba para ese momento como director del Dapre, y, en su lugar, llegó a reemplazarlo Carlos Ramón González, quien meses atrás había rechazado la oferta de ser ministro.
No había pasado ni un mes en su cargo cuando reventó el escándalo de la exjefa de gabinete de Petro, Laura Sarabia, que le costó su salida del Gobierno. Fuentes cercanas al presidente dicen que, en medio de la crisis política y de legitimidad, el mandatario cerró aún más su círculo de confianza. Y en reemplazo de Sarabia nombró a González como jefe de gabinete encargado, una función que empezó como temporal, pero que lleva más de seis meses ejerciendo.
Su tiempo para cumplir ambas funciones es medido y preciso, algo que no tiene el presidente, “que acaba una reunión cuando la tiene que acabar, así se pase del tiempo establecido”, como dicen cercanos al mandatario. Carlos Ramón es más estricto con el reloj.
Comienza el día en la Casa de Nariño a las 6:00 a.m., y hasta las 9:00 a.m. funge como director del Dapre. El resto del día se pone el traje de jefe de gabinete, es quien le organiza la agenda al presidente y le habla sobre las prioridades en la jornada. Esa primera conversación con Petro, de hecho, la tiene a primera hora y es poco lo que se desconecta del mandatario durante el día y la noche.
Esa relevancia que ha tomado en estos meses ha sido tal, que quienes lo rodean saben que Carlos Ramón también gobierna. De hecho, cuando el presidente Petro sale del país, y no va acompañado de su jefe de gabinete, es él quien queda al mando de los temas más relevantes para el Gobierno. Aunque, desde el regreso de Sarabia al gabinete, nadie niega que ella sigue siendo “una gran amiga del presidente”. Y de vez en cuando asume roles de la jefatura del gabinete.
Desde su visión —y su rol—, González tiene claro que 2024 deberá ser el año de las ejecuciones y los desarrollos del gobierno Petro. Lo piensa con la certeza de que las apuestas progresistas en las que cree deben tener un espacio en el panorama político nacional.
Y no es en vano: busca que su colectividad siga teniendo relevancia a nivel nacional, a pesar de las divisiones internas que se han agudizado en los últimos meses por su posición frente al Gobierno y su inminente salida de la coalición. Alguien de su círculo cercano lo retrató en una frase: “Es como cuando dos hijos se pelean”. Y para él, uno de esos hijos son los “verdes” y el otro es el petrismo.
Desde esa orilla, Carlos Ramón González ha sido también blanco de críticas de la oposición, entre otras cosas, porque aunque no ha estado en la primera línea del poder, su riqueza se ha alimentado desde la sombra. La Silla Vacía, en 2022, reveló que González y su familia han sido contratistas del Estado con procesos por más de $14.000 millones a través de empresas cercanas al sector salud y una que presta dinero a su propio partido político.
Lo que tampoco le perdonan es que hace casi dos décadas fue condenado por falsificación de documentos para volarse topes de campaña, cuando fue concejal en Bucaramanga. Y una mancha imborrable en su hoja de vida, por la cercanía que llegó a tener con Luis Alberto el Tuerto Gil, condenado por parapolítica en 2012 y con quien puso los primeros ladrillos de su vida política.
Lo cierto es que, en la Casa de Nariño, al hombre de estatura baja y 65 años lo ven como si fuera la ficha del rey en un tablero de ajedrez, que aunque no es la pieza más importante —o más protegida—, sí es, cuando menos, el segundo de mayor relevancia.
Y así vive la política, como un partido en el que la estrategia puede prevalecer sobre las ideologías y las diferencias. No es fortuito que, para muchos, sea “el conciliador” o “con el que se puede hablar”. Así lo hizo, por ejemplo, cuando le sugirió al presidente que se reunieran con su mayor cabeza de la oposición con tinto sobre la mesa. A su teléfono llaman desde Álvaro Uribe hasta el mismo Petro. Y para todos tiene agenda. Incluso para los periodistas.
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