El programa Jóvenes en Paz del Ministerio de Igualdad ha sido uno de los programas insignia del presidente Gustavo Petro y también uno de los más cuestionados por la oposición por hacer transferencias de hasta un millón de pesos a la juventud en condición de vulnerabilidad para evitar que caiga en la delincuencia. Esta semana, la representante de Cambio Radical Carolina Arbeláez indicó que habría irregularidades en estos pagos.
De acuerdo con la respuesta a un derecho de petición que envió la congresista a Minigualdad, la transferencia por hacer parte del programa y cumplir con los compromisos adquiridos se habría hecho a 460 personas nacidas en 1899. Estos datos estaban en una tabla en la que se detallaba cuántas personas han recibido el dinero, que serían al menos 1723 y, excluyendo la fecha del siglo pasado, nacieron entre 1996 y 2009.
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🚨 DENUNCIA
— Carolina Arbeláez (@kroarbelaez) August 16, 2024
El Gobierno inició el pago de un millón de pesos mensual a jóvenes delincuentes, a la fecha hemos identificado transferencias a 460 personas de 125 años. ¡nacidas en 1899! 🤷🏼♀️️
¿En manos de quién está nuestros recursos? 💰
Este programa debe tener especial… pic.twitter.com/yspiqB9kxN
“Este programa debe tener especial vigilancia de los organismos de control. Señora Contraloría General, les pido auditar estas cuestionadas transferencias”, pidió Arbeláez.
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Hasta el momento, los pagos se han hecho a jóvenes en Antioquia, Bogotá, Cauca, Chocó y Valle del Cauca. Específicamente, en los municipios de Medellín, Guachené, Puerto Tejada, Quibdó y Buenaventura.
El Consejo de Estado ha admitido dos demandas en lo que va del año contra el Decreto 1649 de 2023, “por el cual se reglamenta el artículo 348 de la Ley 2294 de 2023, que crea el Programa Nacional Jóvenes en Paz”.
La primera fue interpuesta por el exministro de Justicia Wilson Ruiz y fue aceptada en febrero. De acuerdo con Ruiz, “hay una desigualdad evidente en el reparto de los recursos económicos del Estado” y cuestionaba que algunos funcionarios públicos recibieran menor compensación económica. La segunda fue presentada por dos ciudadanos, quienes argumentan que el decreto desconoce el principio de igualdad, pues solo se enfoca en un sector de la población.
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“Se evidencia un claro desconocimiento del precepto de igualdad enunciado en el párrafo precedente y consagrado en nuestra Carta Magna, toda vez que los beneficios consagrados en el citado decreto, solo abarca a un grupo de la población en estado de vulnerabilidad el cual es el de jóvenes entre los 14 y 28″, se lee en el texto.
Por el momento, el tribunal no ha tomado una decisión sobre estos casos. Sin embargo, la ley que dio creación al Ministerio que encabeza la vicepresidenta Francia Márquez sí fue tumbado por la Corte Constitucional, que determinó que hubo un “vicio de procedimiento insubsanable” en su paso por el Congreso, pues no se realizó un análisis de impacto fiscal.
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