Carta enviada por el fiscal Moreno de la CPI
Esta es la carta que le envió el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno, al embajador de Colombia en La Haya, Francisco José Lloreda, en la que pregunta cómo se asegurará en Colombia el juzgamiento de los máximos responsables de crímenes que estarían bajo la competencia de la CPI, incluyendo a dirigentes políticos y miembros del Congreso, presuntamente involucrados a los grupos desmovilizados:
El Espectador
Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi calidad de Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI). Como es de su conocimiento, mi oficina se encuentra analizando la situación colombiana a la luz del Estatuto de Roma, ratificado por Colombia.
En octubre de 2007 tuve la oportunidad de visitar Colombia con el objeto de analizar los procesos criminales pendientes a los máximos responsables de crímenes bajo la competencia de esta Corte. Tal como acordamos en nuestra conversación del 30 de mayo pasado, es importante para la Fiscalía recibir información sobre estos casos.
También hemos tenido conocimiento de las extradiciones de varios líderes paramilitares a los Estados Unidos el 13 de mayo pasado y, la semana previa, de Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’.
Tomo nota de la información dando cuenta de la respuesta enviada, el 16 de mayo de 2000, por el Gobierno colombiano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Agradezco, además, la información provista informalmente sobre la reunión que sostuvieron el Fiscal General de la Nación y su homólogo estadounidense.
A la luz de los acontecimientos mencionados y de las comunicaciones recibidas, le estaría muy agradecido si, como contribución a mi labor, pudiera suministrarme la siguiente información:
¿Cómo se asegurará el juzgamiento de los máximos responsables de crímenes que estarían bajo la competencia de la CPI, incluyendo a dirigentes políticos y miembros del Congreso presuntamente vinculados a los grupos desmovilizados? En particular, me gustaría saber si las investigaciones seguidas hasta la fecha indican la comisión de conductas penadas por el Estatuto de Roma y si la extradición de los líderes paramilitares presenta algún obstáculo en la eficaz investigación de los mencionados políticos.
Me permito aclarar que, al día de hoy, no se ha tomado ninguna decisión en relación con la apertura de una investigación. La situación continúa bajo análisis por mi Oficina.
Cualquier consulta respecto de esta misiva, le ruego dirigirla a Paul Seils, Jefe de análisis de Situaciones de la Oficina del Fiscal de la CPI.
Quedo a la espera de su respuesta y de cualquier información adicional que el Estado colombiano considere oportuno suministrarme.
Aprovecho la oportunidad para expresarle el testimonio de mi más alta y distinguida consideración.
Luis Moreno Ocampo.
Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi calidad de Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI). Como es de su conocimiento, mi oficina se encuentra analizando la situación colombiana a la luz del Estatuto de Roma, ratificado por Colombia.
En octubre de 2007 tuve la oportunidad de visitar Colombia con el objeto de analizar los procesos criminales pendientes a los máximos responsables de crímenes bajo la competencia de esta Corte. Tal como acordamos en nuestra conversación del 30 de mayo pasado, es importante para la Fiscalía recibir información sobre estos casos.
También hemos tenido conocimiento de las extradiciones de varios líderes paramilitares a los Estados Unidos el 13 de mayo pasado y, la semana previa, de Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’.
Tomo nota de la información dando cuenta de la respuesta enviada, el 16 de mayo de 2000, por el Gobierno colombiano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Agradezco, además, la información provista informalmente sobre la reunión que sostuvieron el Fiscal General de la Nación y su homólogo estadounidense.
A la luz de los acontecimientos mencionados y de las comunicaciones recibidas, le estaría muy agradecido si, como contribución a mi labor, pudiera suministrarme la siguiente información:
¿Cómo se asegurará el juzgamiento de los máximos responsables de crímenes que estarían bajo la competencia de la CPI, incluyendo a dirigentes políticos y miembros del Congreso presuntamente vinculados a los grupos desmovilizados? En particular, me gustaría saber si las investigaciones seguidas hasta la fecha indican la comisión de conductas penadas por el Estatuto de Roma y si la extradición de los líderes paramilitares presenta algún obstáculo en la eficaz investigación de los mencionados políticos.
Me permito aclarar que, al día de hoy, no se ha tomado ninguna decisión en relación con la apertura de una investigación. La situación continúa bajo análisis por mi Oficina.
Cualquier consulta respecto de esta misiva, le ruego dirigirla a Paul Seils, Jefe de análisis de Situaciones de la Oficina del Fiscal de la CPI.
Quedo a la espera de su respuesta y de cualquier información adicional que el Estado colombiano considere oportuno suministrarme.
Aprovecho la oportunidad para expresarle el testimonio de mi más alta y distinguida consideración.
Luis Moreno Ocampo.