Caso Nicolás Petro: ¿y si es la política la que no cambia? (Análisis)

Varios analistas lo han llamado ‘el péndulo latinoamericano’, ese ir y venir entre gobiernos de izquierda y derecha, que en países como Argentina, Brasil, Ecuador, Chile, Bolivia y Venezuela (hasta antes de que el chavismo se entronizara) ha sido casi una constante desde el último cuarto del siglo XX. Si la izquierda gobernaba, la derecha denunciaba sus equivocaciones y sus excesos con disciplina para cultivar su llegada al poder en el siguiente periodo; y si era la derecha la que estaba en el poder, la izquierda se articulaba para hacer lo propio. Cada una lo hacía con sus promesas, cada una con sus discursos y prioridades económicas.

A Colombia ese péndulo no llegó, básicamente, porque la izquierda nunca había tenido la oportunidad de gobernar. La constante de gobiernos de centro-derecha en el país, en cambio y con los años, sirvió para aceitar muy bien la retórica opositora, que se resumía en el permanente señalamiento de clanes regionales y familiares alineados con el Gobierno Nacional para defender ciertos intereses; en el influjo de dineros de cuestionable procedencia en campañas electorales; en carruseles de contratación...

(Lea: “Más atomización: sigue aumentando inscripción de grupos ciudadanos para elecciones”)

Pero, ¿qué pasa cuando ahora, a ocho meses de comenzar su gobierno progresista, el presidente Petro es tocado porque su hijo mayor, Nicolás, se ve envuelto en denuncias de corrupción, de trato aparentemente privilegiado con ministros y con supuestos pagos de personas que han navegado la ilegalidad?

La sociedad civil, esa fuerza que en los últimos cuatro años en el país comenzó a hacerle un serio contrapeso en las calles a la gobernante derecha tradicional, encontró en la indignación el vehículo que necesitaba para ganarse un lugar. No sería preciso decir que todas las manifestaciones populares que comenzaron en 2019 estaban alineadas con el proyecto político del petrismo, pero sí quizá sea cierto que fue Petro quien mejor supo convertir esa indignación en un plan de gobierno enfocado en el cambio.

Pero el cambio no sólo venía por el lado de las reformas en temas clave como la salud, el mercado laboral y el recaudo de impuestos, sino, justamente, por la oportunidad de poder ver a la política libre de los escándalos de siempre. No era que Petro representara todo eso en su campaña (de hecho le llovieron críticas cuando empezó a tejer alianzas con los partidos tradicionales), pero dentro de la diversidad de la ciudadanía, activada en las calles y luego en las redes, el mensaje que parecía urgente sí era el de intentar una vía diferente.

(Le podría interesar: “Cambió Radical se oficializó como partido de oposición”)

Quizá sea muy pronto para afirmar tajantemente que con el caso de Nicolás Petro estamos volviendo a la vieja política (¿acaso nos estamos dando cuenta que no hemos salido de ella?), pues aún restan las investigaciones y el proceso que su caso tendrá que seguir en la Justicia. Sin embargo, sí da la impresión de que como sociedad ya estamos un paso más adelante de la resignación con la que asumíamos que la corrupción y las malas prácticas de los gobiernos –y sus allegados– eran una suerte de ‘parte inevitable del paquete’. Si la política no cambia, lo que sí puede cambiar es nuestra actitud hacia ella.

Así pues, este antecedente que vincula directamente al hijo del Presidente podría ser el comienzo de un gran reto para la sociedad civil y es el de demostrar su independencia frente al nuevo gobierno o frente a quien gobierne en el futuro. El valor de la veeduría ciudadana y de su incidencia en las decisiones públicas crecerá o disminuirá cuando no sean las personas ni los proyectos políticos lo que las movilicen, sino los principios a los que obedecen.

De la manera en que la ciudadanía asuma posiciones frente a los problemas dependerá cómo, al final, se mueva el naciente ‘péndulo colombiano’. El progresismo nacional carga con el peso histórico de su debut, mientras que la región le entrega varios contrajemplos de cómo el cambio de rumbo no fue más que un mero asunto cosmético. Y por eso hay que estar alertas.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político

El reto, asimismo, será para los entes de control, en especial para la Fiscalía y la Procuraduría, hoy encabezados, respectivamente, por un exfuncionario y una exfuncionaria del gobierno uribista de Iván Duque. De su rigor y ecuanimidad investigativa, en casos como el de Nicolás Petro, dependerá su credibilidad institucional en los meses venideros, al tiempo que entramos en el último cuarto de la gestión tanto del fiscal, Francisco Barbosa, como de la procuradora, Margarita Cabello.

No es un asunto menor: el gobierno tendrá la responsabilidad de candidatizar ante la Corte Suprema a sus eventuales reemplazos. Así que ya veremos quiénes aparecen en el mapa y qué sensaciones nos van a transmitir, ojalá no tan permeadas por la política cuando esperemos independencia.

*Juliana Uribe Villegas es CEO de Movilizatorio

Varios analistas lo han llamado ‘el péndulo latinoamericano’, ese ir y venir entre gobiernos de izquierda y derecha, que en países como Argentina, Brasil, Ecuador, Chile, Bolivia y Venezuela (hasta antes de que el chavismo se entronizara) ha sido casi una constante desde el último cuarto del siglo XX. Si la izquierda gobernaba, la derecha denunciaba sus equivocaciones y sus excesos con disciplina para cultivar su llegada al poder en el siguiente periodo; y si era la derecha la que estaba en el poder, la izquierda se articulaba para hacer lo propio. Cada una lo hacía con sus promesas, cada una con sus discursos y prioridades económicas.

A Colombia ese péndulo no llegó, básicamente, porque la izquierda nunca había tenido la oportunidad de gobernar. La constante de gobiernos de centro-derecha en el país, en cambio y con los años, sirvió para aceitar muy bien la retórica opositora, que se resumía en el permanente señalamiento de clanes regionales y familiares alineados con el Gobierno Nacional para defender ciertos intereses; en el influjo de dineros de cuestionable procedencia en campañas electorales; en carruseles de contratación...

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Pero, ¿qué pasa cuando ahora, a ocho meses de comenzar su gobierno progresista, el presidente Petro es tocado porque su hijo mayor, Nicolás, se ve envuelto en denuncias de corrupción, de trato aparentemente privilegiado con ministros y con supuestos pagos de personas que han navegado la ilegalidad?

La sociedad civil, esa fuerza que en los últimos cuatro años en el país comenzó a hacerle un serio contrapeso en las calles a la gobernante derecha tradicional, encontró en la indignación el vehículo que necesitaba para ganarse un lugar. No sería preciso decir que todas las manifestaciones populares que comenzaron en 2019 estaban alineadas con el proyecto político del petrismo, pero sí quizá sea cierto que fue Petro quien mejor supo convertir esa indignación en un plan de gobierno enfocado en el cambio.

Pero el cambio no sólo venía por el lado de las reformas en temas clave como la salud, el mercado laboral y el recaudo de impuestos, sino, justamente, por la oportunidad de poder ver a la política libre de los escándalos de siempre. No era que Petro representara todo eso en su campaña (de hecho le llovieron críticas cuando empezó a tejer alianzas con los partidos tradicionales), pero dentro de la diversidad de la ciudadanía, activada en las calles y luego en las redes, el mensaje que parecía urgente sí era el de intentar una vía diferente.

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Quizá sea muy pronto para afirmar tajantemente que con el caso de Nicolás Petro estamos volviendo a la vieja política (¿acaso nos estamos dando cuenta que no hemos salido de ella?), pues aún restan las investigaciones y el proceso que su caso tendrá que seguir en la Justicia. Sin embargo, sí da la impresión de que como sociedad ya estamos un paso más adelante de la resignación con la que asumíamos que la corrupción y las malas prácticas de los gobiernos –y sus allegados– eran una suerte de ‘parte inevitable del paquete’. Si la política no cambia, lo que sí puede cambiar es nuestra actitud hacia ella.

Así pues, este antecedente que vincula directamente al hijo del Presidente podría ser el comienzo de un gran reto para la sociedad civil y es el de demostrar su independencia frente al nuevo gobierno o frente a quien gobierne en el futuro. El valor de la veeduría ciudadana y de su incidencia en las decisiones públicas crecerá o disminuirá cuando no sean las personas ni los proyectos políticos lo que las movilicen, sino los principios a los que obedecen.

De la manera en que la ciudadanía asuma posiciones frente a los problemas dependerá cómo, al final, se mueva el naciente ‘péndulo colombiano’. El progresismo nacional carga con el peso histórico de su debut, mientras que la región le entrega varios contrajemplos de cómo el cambio de rumbo no fue más que un mero asunto cosmético. Y por eso hay que estar alertas.

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El reto, asimismo, será para los entes de control, en especial para la Fiscalía y la Procuraduría, hoy encabezados, respectivamente, por un exfuncionario y una exfuncionaria del gobierno uribista de Iván Duque. De su rigor y ecuanimidad investigativa, en casos como el de Nicolás Petro, dependerá su credibilidad institucional en los meses venideros, al tiempo que entramos en el último cuarto de la gestión tanto del fiscal, Francisco Barbosa, como de la procuradora, Margarita Cabello.

No es un asunto menor: el gobierno tendrá la responsabilidad de candidatizar ante la Corte Suprema a sus eventuales reemplazos. Así que ya veremos quiénes aparecen en el mapa y qué sensaciones nos van a transmitir, ojalá no tan permeadas por la política cuando esperemos independencia.

*Juliana Uribe Villegas es CEO de Movilizatorio