“No tenemos competencia alguna para sancionar al presidente Petro”: presidente CNE

¿Cómo recibe el Consejo Nacional Electoral?

¿Cómo recibe el Consejo Nacional Electoral?

Lo recibo, primero, con honor, dado que mis compañeros consideraron que yo era digno de ocupar esta posición por un periodo de tiempo. Lo recibo con orgullo, pero también lo recibo con expectativa y con compromiso de lograr que las metas del CNE se sigan cumpliendo, con expectativas de que lo que espera la ciudadanía que nosotros hagamos efectivamente se cumpla. Gran parte de esas expectativas quizás es porque no hemos sido lo suficientemente amplios en términos de comunicarle a la ciudadanía lo que hacemos, y de ese desconocimiento a veces nace el concepto de que nosotros no hacemos nada, que solamente existimos en época electoral, lo cual no es cierto.

Obviamente, con sueños de que al final de mi periodo pueda mostrar algunas realizaciones o por lo menos de no cambiar lo que está bien. La idea es lo que está bien hay que dejarlo que está bien, lo que se pueda mejorar, lograr que se mejore y fundamentalmente darle tranquilidad a la gente en su sistema de vinculación con el CNE.

Hay ciertas preocupaciones alrededor del Presupuesto General para 2025 que fue presentado en el Congreso y ahora va por decreto, pues les redujo el monto para el año preelectoral. ¿Cómo ven esta situación?

Nos generó mucha preocupación y casi que agonía, porque a las puertas del horno todo estaba a punto de cambiarse. El Gobierno nacional planteó unas alternativas con relación al presupuesto de ambas entidades y esas alternativas no fueron acogidas o, por lo menos, fueron objeto de rechazo por parte del Congreso. De alguna manera u otra sentimos que teníamos el respaldo de esa corporación, pero a su vez también teníamos la incertidumbre de cómo va a quedar.

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Todavía la tenemos, porque el Gobierno ha dicho que hay una plata que tiene que recuperar por la vía de una ley de financiamiento, y si eso no ocurre, obviamente habrá unos recortes. Así que las preocupaciones continúan y solamente desaparecerán el 1 o el 2 de enero, cuando podamos saber con certeza que en las cajas del CNE hay una suma determinada.

¿Qué estaría en riesgo con ese presupuesto?

Primero, la parte de funcionamiento, que incluye el personal. Nosotros, por poner un ejemplo, tenemos en este momento 25 mil cuentas que revisar, y eso requiere el concurso de muchísimos contadores. Nosotros aspiramos a tener para el próximo año el mayor número de contadores posible que nos permitan sacar, ojalá, el 100% de todas esas cuentas pendientes. Todo eso requiere un equipo, requiere unas redes en el interior del mismo CNE, procesar bastante información, lo cual significa que, si el presupuesto no es el adecuado, el avance tecnológico se atrasa.

Queremos ser una plataforma robusta para que el ciudadano consulte no solamente quién se inscribió, quién fue sancionado, cuál es el papel del CNE, sino que también tenga acceso a las cuentas. El famoso portal de Cuentas Claras depende de nosotros, y eso requiere una fortaleza tecnológica muy grande para que la gente pueda consultar ese servicio en línea y, obviamente, ayudará muchísimo a la transparencia del proceso electoral.

Esta discusión del presupuesto ha ocurrido paralelo a esos choques entre el Consejo Nacional Electoral y el presidente Gustavo Petro. El mandatario ha reiterado que, a pesar de la decisión del Consejo de Estado, el órgano no tiene vía para investigar al presidente. ¿Cuál es la respuesta del CNE?

Se han presentado muchas coincidencias: el elemento presupuestal, después se presentó una reforma política con un proyecto de reforma que incluye al CNE. En paralelo, hay unas iniciativas de congresistas que también proponen unas modificaciones a la forma en que se elige y a la gobernanza del CNE. Con todo ello, la ciudadanía se pudo haber imaginado algún tipo de presión. Yo, personalmente, y los magistrados no lo hemos sentido así. Creemos que las instituciones cumplen cada una de ellas su trabajo.

Afortunadamente, el transcurso de los días ha permitido decantar que no era ningún tipo de presión, nunca lo sentimos. De hecho, no actuamos bajo presión, no podemos actuar bajo presión. Entonces, esas presiones que algunos se pudieron haber imaginado, no las hemos sentido. Creo que ha habido elementos o circunstancias que no han sido oportunos por el momento en el que está el CNE.

Es decir, para dejarlo claro, ¿el CNE nunca ha sentido presión por parte del Gobierno nacional?

Nunca hemos sentido presión y nunca actuaremos bajo presión.

Sobre la circular que se emitió desde el CNE, en la que se pedía garantizar la seguridad de los magistrados, ¿eso no constituiría cierto análisis del riesgo?

Eso sí es una apercepción que tenemos y sigue latente, porque algunas manifestaciones y declaraciones públicas, de alguna manera u otra, generan en las redes sociales la percepción de que hay algunos malos que deben ser castigados y hay algunos buenos que, de pronto, deben ser enaltecidos, pero esos escenarios cambian todos los días. Unos días los malos son unos, otros días son otros. Es decir, en el CNE hemos tenido la posibilidad de que todos, tarde o temprano, hemos sido malos y hemos sido buenos.

Esperar una reacción de la ciudadanía o de algunas personas, no de la ciudadanía, sino de personas muy nutridas de esas diferencias que hay en las redes sociales, pues, obviamente, hace temer por la seguridad. También ha habido elementos muy concretos que ha sufrido, por ejemplo, el magistrado Álvaro Hernán Prada, que ha tenido que sacar a su familia por fuera del país. No se descartan mensajes que hemos recibido a través de las redes sociales señalándonos de una cosa y de la otra.

Hasta ahora, las autoridades, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección, nos brindan seguridad, que esperamos que continúe y, en algún momento, de acuerdo con los análisis de riesgo que ellos hagan, se fortalezca. Asumimos la responsabilidad de que estamos acatando el cumplimiento de la ley y ejerceremos esa competencia en el mejor cumplimiento del debido proceso.

Se ha hablado de la reforma política que presentó el Gobierno, en cabeza del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y en ella se propone una reforma al Consejo Nacional Electoral, además de otra propuesta que habían hecho los mismos congresistas sobre este tema. ¿Cómo ve el CNE estas iniciativas?

Nosotros existimos desde 1888 y, de ese momento hasta hoy, el CNE ha tenido diferentes nombres, diferentes formas en cómo se ha originado su composición. A mí me parecería hasta un buen ejercicio saber por qué en 1948 se cambió o por qué en 1888 decidimos hacerlo así y por qué más adelante se cambió de otra manera. Evaluar lo que se ha hecho en el pasado permite saber qué puede ser el mejor futuro y el porqué de cambiar lo que hoy en día existe.

A lo que aspiramos nosotros es que absolutamente todo el mundo entienda que nosotros no existimos porque los magistrados actuales hayamos creado esa arquitectura constitucional, eso es de los constituyentes de 1991. Hoy, a algunos les parece que es malo que el Congreso de la República pueda elegir a los integrantes del CNE. Bueno, pero también algunos magistrados de la Corte Constitucional, el procurador, el defensor del Pueblo, el contralor, son elegidos por el Congreso de la República. Es decir, si la base es que lo que elige el Congreso es malo, entonces miremos todo lo que el Congreso elige.

Algunos inclusive consideran que las competencias electorales de las cortes también posiblemente pueden ser algo revisable, porque tienen que intervenir en la elección del fiscal, del procurador, y porque las cortes tienen que elegirse algunos de sus propios magistrados, eso también es otra discusión que se ha venido dando hace muchos años. Yo creo que el Congreso debe hacer esa evaluación y tomar la mejor decisión en beneficio del país y no teniendo como foco el elemento coyuntural que hoy se vive.

El argumento se centra en que para el CNE se trata de una plancha de candidatos impulsados por partidos, entonces se ha señalado que desde ahí se vería esa “politización” de la entidad...

Lo cual no es cierto. No es cierto porque, cuando el Congreso te elige para ser miembro del Consejo Nacional Electoral, no existe una plataforma jurídica que diga que tú debes decidir en función de los partidos políticos. Nosotros, nuestras decisiones, tienen que estar soportadas en la ley. Cuando un magistrado llega a ejercer su papel dentro del CNE no puede apartarse de la ley. Cuando actúa, no puede actuar políticamente, porque eso genera conflicto de interés, es causal de recusación, e inclusive, si se aparta de la ley, sencillamente cae o incurre en un prevaricato que puede ser señalado o denunciado por cualquier ciudadano.

Entonces, es totalmente falso que los magistrados puedan sentarse en el Consejo Nacional Electoral y tomar partido frente a determinadas circunstancias única y exclusivamente en función de su origen político. La ley no lo permite.

Este tema también ha salido a colación por el expediente que analiza el CNE sobre la campaña Petro. La votación de la ponencia que formula cargos contra esa organización se ha demorado, varios magistrados lo han pedido en rotación.

Es un derecho que le corresponde a cada magistrado tener acceso a un expediente cuando este no le corresponde a su despacho, sobre todo un expediente tan voluminoso, casi 9.000 folios más horas de video. Es lógico que alguien que quiera pronunciarse sobre una ponencia basado en el análisis de las pruebas, pues previamente revise el expediente. Ese es un derecho que todos los días lo ejercemos, solo que en esta oportunidad es un poco más llamativo y, digamos, más mediáticamente divulgado.

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Y se han presentado dos circunstancias muy ajenas a la voluntad institucional del CNE. Uno, la magistrada Alba Lucía Velásquez se enfermó, ajeno a toda voluntad de alguien, inclusive ajeno a su voluntad, pues no podía estar en esa circunstancia y a su vez leyendo el expediente. Cuando terminó su incapacidad, ejerció su derecho. El magistrado Altus Baquero ha venido adelantando toda una serie de debates frente al Consejo de Estado y frente a la Corte Constitucional, ajeno también a nuestra voluntad. No fue el CNE el que lo demandó ni nada por el estilo. Por el contrario, para nosotros, tener esa ausencia, pues obviamente nos afectaba no solamente el quórum, sino también por los conocimientos de él. El magistrado recibe una sentencia de la Corte Constitucional que se produjo fue hasta hace poco, que consideró que debería ser reintegrado. Él se reintegra y se vincula a la sala y ejerce su derecho.

Una vez que se venza, como lo anuncié la vez pasada, realizaremos la sala plena el día 8 de octubre a las 9 de la mañana. Sala que no solamente está citada para estudiar esa ponencia, sino muchas otras ponencias.

También estaría el otro expediente de la campaña Petro para estudiarse en esa fecha...

Hay dos expedientes relacionados con la campaña que eligió al presidente Petro, como para hacer la precisión. Uno de esos es del que acabamos de hablar y el otro tiene que ver con que se realizó una campaña por fuera de los términos que establece la ley. Eso también será considerado el día martes.

Y después de esa votación, ¿qué seguiría?

La ley establece cuál es el procedimiento. Nosotros no tenemos competencia alguna para sancionar al presidente de la República como candidato electo de esa campaña, más allá de las sanciones económicas que le podamos imponer a la campaña y al gerente y a todos los demás responsables. En el caso de la campaña del candidato elegido, nosotros remitiremos a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para lo de su competencia y, en el caso de las otras personas que no tienen condición de aforados, pues se trasladará a la Fiscalía General.

Pasando al tema de su elección como presidente, algunas figuras del Congreso, por ejemplo, el senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical), cuestionaron su llegada al puesto. ¿Qué responde frente a estos señalamientos?

Es normal. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo en el nombre de una persona. Y estoy muy extrañado con el senador Motoa. Obviamente, uno en el proceso de estar como magistrado del CNE toma muchas decisiones y esperemos que el doctor Motoa no sienta que algunas de esas decisiones fueron motivos o circunstancias para que él esté, digamos, tan enojado. Yo conozco al senador, tengo el mejor concepto sobre él, pero no puedo expresar ni interpretar cuál es la razón o motivo por los cuales él considera que César Lorduy o el Consejo Nacional Electoral no representan o no tienen las expectativas que él espera.

Yo espero que entienda que la labor que uno hace en el CNE es en ejercicio de lo que dispone la ley. Por ejemplo, él señala que nosotros nos autodenominamos magistrados. No nos autodenominamos magistrados, ese nombre nos lo da la Constitución y la ley. Que no tenemos segunda instancia, eso no lo decidimos nosotros, eso lo decidió el Congreso cuando aprobó la Ley 1475 y la Ley 1437, y eso no lo aprobamos nosotros, ni siquiera yo estaba en el Congreso en ese momento.

Es decir, la vía por la cual un ciudadano, en este caso un senador, considera que el CNE no representa una cosa o la otra, no es culpa de los magistrados. Si la ley dispone que un candidato debe ser inhabilitado, porque, por ejemplo, fue condenado en cualquiera época de su vida y esa condena efectivamente está comprobada, o hay un candidato que ha firmado unos contratos y que esos contratos generan una inhabilidad, no tenemos nada distinto que declarar la inhabilidad, porque el contrato existe allí. No lo inventamos, lo traen los ciudadanos, se prueba, se hace un debate, se consulta y se toma una decisión.

La representante Jennifer Pedraza (Dignidad & Compromiso) también ha sido crítica de su participación en algunos eventos y, ahora, como presidente, por el caso del presunto feminicidio.

Mantiene una narrativa que, inclusive, fue objeto de debate en alguna oportunidad en el Consejo de Estado. Ese tema que menciona la doctora Jennifer fue resuelto y fue solucionado judicialmente hace 50 años. Cuando yo fui elegido como representante a la Cámara, el Consejo de Estado tuvo oportunidad de evaluarlo y allí se encontraron los elementos para poder predicar que yo no tenía ningún tipo de inhabilidad. Adicionalmente, fue un hecho, un accidente, que ocurrió hace 50 años, y se quiere invertir la presunción de inocencia. Es decir, yo no tengo que demostrar que yo soy inocente: yo soy inocente. Lo que tienen que demostrarme a mí es que yo soy culpable.

Lo segundo que menciona la doctora Jennifer es que hay una denuncia. Sí, claro. Nosotros todos los días somos objeto de denuncias. Son denuncias, no son condenas, no son sentencias. El presidente Petro tiene muchísimas denuncias en la Comisión de Acusaciones, por poner un ejemplo, y eso no lo hace culpable de absolutamente nada. Yo tuve una denuncia con los términos en los que menciona la doctora Pedraza como consecuencia de una situación y encontraron que había una manera de recusarme. La ley dice que si hay alguien que haya sido denunciado previamente y que está en curso en una situación frente a un proceso determinado, pues pudiera ser objeto de recusación. Y eso fue lo que hicieron las personas que estaban tratando de impedir que mi despacho tomara una decisión.

No he sido condenado, no he sido sentenciado, no he sido absolutamente nada. Pero bueno, eso es una denuncia bastante llamativa, sobre la cual tengo toda la tranquilidad de conciencia, toda la honorabilidad para decir y hablar del tema con la tranquilidad del caso. Tranquilidad total frente a los dos puntos que tú mencionas, no tengo mayor comentario alrededor de eso.

Esto último que usted menciona se trató de una denuncia ante la Fiscalía hecha por la representante Ingrid Aguirre, de Fuerza Ciudadana. ¿En qué va ese proceso?

La representante Ingrid Aguirre es la representante de un movimiento político que, en su momento, fue un partido político por el que yo voté para otorgarle la personalidad jurídica. Ella es la representante y tenía una apoderada para impedir que el CNE declarara la inhabilidad en su momento del que hoy es el señor gobernador del departamento del Magdalena [Rafael Martínez]. Como consecuencia de esa denuncia que ella presentó, yo fui objeto de una recusación y parcialmente me aparté de esa decisión.

Yo no sé en qué va ese proceso. Me imagino que la doctora Ingrid podrá estar más enterada de eso. No he sido llamado, nadie me ha dicho absolutamente nada. A mí me llegó la denuncia y, efectivamente, la denuncia se radicó. Yo le di poder al doctor Cancino y él está encargado del asunto.

Y también quería hablar con usted sobre un tema específico que es el proyecto de transfuguismo que se presentó en el Congreso. ¿Cómo lo ven desde el Consejo Nacional Electoral?

Importante esa pregunta, pero mucho más importante si me permite mencionar un proyecto que nosotros radicamos en el Congreso. Nosotros radicamos un proyecto, uno, para revivir la paridad. Yo fui el autor del artículo sobre paridad. Es decir, de alguien como yo fue el artículo que solicitaba que las mujeres ocuparan el 50 % de las curules. Y eso se aprobó en la primera versión del Código Electoral.

Segundo, incorporamos allí un elemento que nos parece supremamente importante: que los Grupos Significativos de Ciudadanos que participen en los procesos electorales o el candidato que se ampare de un Grupo Significativo de Ciudadanos no puede, posteriormente, abandonar el grupo significativo de ciudadanos y terminar siendo avalado por un partido político, porque en la realidad él se gana seis meses de campaña anticipada recogiendo firmas. Lo tercero que me parece importante es que estamos solicitando que no exista dinero en efectivo en la financiación de campañas electorales. Eso es lo que nosotros consideramos importante anunciar con los dos proyectos que radicamos en el Congreso.

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Con relación al proyecto de reforma política, que hay dos, uno del que ya hablamos de manera inicial y otro de transfuguismo, que se mete un poquitico con el tema electoral. Nosotros aspiramos que el Congreso de la República en su sabiduría apruebe o no apruebe esa institucional. Puede haber elementos positivos de esa propuesta, puede haber elementos que podían ser reevaluados, pero obviamente decir si nos parece bueno o nos parece malo está por fuera de nosotros, a menos de que el Congreso, nos llame y nos pida una opinión.

Hablando de su tiempo como representante, pues se sabe que usted tiene cierta cercanía con la familia Char, ¿cómo está esa relación?

Yo sí tengo una cercanía con la familia Char. Es una cercanía de la que me siento orgulloso, es una familia muy vinculada al desarrollo y a la prosperidad de Barranquilla y al departamento del Atlántico. Esa es una relación que surgió hace algunos años, producto de mi actividad en el sector privado y de mi actividad gremial. Ahora que soy magistrado del Consejo Nacional Electoral se sienten orgullosos de que una persona de sus afectos y de su cariño esté en esta posición, pero bastante convencidos de que las decisiones de César Lorduy siempre las tomará en derecho.

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