Al ruido que generó la formulación de cargos del CNE contra el presidente Gustavo Petro y varios integrantes de su campaña se sumó en las últimas horas un nuevo episodio que podría enredar aún más el panorama. Se trata de una demanda contra los tres magistrados del Consejo de Estado que resolvieron el conflicto de competencias entre el CNE y la Comisión de Acusaciones del Congreso para abordar el tema.
De acuerdo con el oficio radicado ante esta última corporación, los tres togados de la Sala de Consulta y Servicio Civil que manejaron el caso (Ana María Charry, María del Pilar Bahamón y John Jairo Morales), habrían incurrido en presunto prevaricato por acción y abuso de la función pública, ya que el tribunal solo podría resolver ese tipo de conflictos con organismos de tipo administrativo, categoría en la que no entra la Comisión de Acusaciones, que es una instancia judicial.
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En la demanda, además, se solicitó ordenar de manera urgente una inspección oficial a la Sala en cuestión y a la oficina de la magistrada ponente, María del Pilar Bahamón, esto con el objetivo de obtener la copia del trámite que se le dio al conflicto de competencias. Así mismo, se pidió consultar a los magistrados del CNE por su conocimiento del caso.
Como se sabe, la Comisión de Acusaciones de la Cámara, en cabeza de un triunvirato de representantes (Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo) investiga al presidente Petro por la presunta financiación irregular de la campaña del 2022. Aunque el proceso lleva en esa instancia más de dos años, aún está en la etapa de recolección de pruebas.
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Entre tanto, el propio Petro y su defensa insisten en que el CNE no tiene facultades para investigarlo por ningún hecho y que es la Comisión de Acusaciones la que deberá encargarse de esos asuntos. De hecho, el mandatario le pidió a esa corporación hacer público todo el expediente para que los colombianos conozcan lo que a su juicio son las pruebas de su inocencia.
A esta nueva denuncia que enreda el caso Petro se sumó este mismo viernes una más, esta vez contra los magistrados del CNE. De acuerdo con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, el ente acusador recibió un recurso formulada por la Colombia Humana en contra de los magistrados Cesar Augusto Lorduy, Maritza Martínez Aristizábal, Álvaro Hernán Prada, Alejandro Vaquero Rueda, Cristian Ricardo Quiroz, Alfonso Campo Martínez y Benjamín Ortiz Torres, quienes investigan formalmente al presidente y a su campaña por, presuntamente, haber violado en más de $5.355 millones el tope de gasto permitido para las elecciones de 2022.
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