Detectan 12 predios de la Nación arrendados a posibles testaferros de disidencias

A los despachos de la Fiscalía llegó, desde julio de 2023, una denuncia que sigue pendiente de ser resuelta sobre la posible presencia de actores ilegales en predios que son baldíos de la Nación o que están en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por tratarse de tierras que, en el pasado, fueron de narcotraficantes. La situación se detectó en Cauca y generó alarma porque podría significar el ingreso de dineros ilícitos a las arcas del Estado.

A los despachos de la Fiscalía llegó, desde julio de 2023, una denuncia que sigue pendiente de ser resuelta sobre la posible presencia de actores ilegales en predios que son baldíos de la Nación o que están en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por tratarse de tierras que, en el pasado, fueron de narcotraficantes. La situación se detectó en Cauca y generó alarma porque podría significar el ingreso de dineros ilícitos a las arcas del Estado.

El caso se conoció por una denuncia anónima que llegó a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de Gustavo Petro, lo que motivó a verificar en terreno si posibles testaferros de las disidencias terminaron arrendando predios del Estado. Para ello, se desplegaron drones y se recolectaron testimonios, pero no se logró ingresar a las tierras por amenazas; eso sí, en medio de esa inspección, se recolectaron pruebas en torno a que algunos de esos predios estarían siendo utilizadas por el frente Carlos Patiño –de las disidencias de Iván Mordisco– e incluso desde el aire se vio a hombres armados ilegalmente usando las zonas.

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Un informe de la Fiscalía, conocido por El Espectador, confirmó que son 12 los predios sobre los que habría indicios de estar siendo ocupados irregularmente. El más pequeño tiene un área de 240 metros cuadrados, está ubicado en zona rural de Caloto y su titular es la misma Sociedad de Activos Especiales; mientras que el más grande mide 565 hectáreas y fue titulado, en 2021, al Consejo Comunitario El Samán, en el municipio de El Tambo.

De hecho, seis de las 12 propiedades aparecen como titulaciones colectivas por la Agencia Nacional de Tierras a comunidades afrodescendientes. Sobre estos, en el documento quedó consignado que son inembargables, “razón por la cual frente a los mismos no es posible el ejercicio de la acción de extinción del derecho de dominio”.

Sin embargo, hay otros siete territorios que la SAE reconoció que han sido ocupados ilegalmente por terceros. Esa entidad administra varias propiedades del Estado que han sido utilizadas para fines ilícitos o de narcotráfico y, como parte de su labor, busca que generen rentabilidad económica mientras se define su situación jurídica.

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Aunque al cierre de esta edición la SAE no había confirmado el valor de los contratos de arrendamiento, de manera extraoficial se pudo establecer que varios de esos predios han tenido acuerdos comerciales para explotación campesina o agrícola. Es decir que, en algunos casos, existiría la posibilidad de que los dineros que ha recibido el Estado por los arriendos tengan procedencia ilícita.

Algunos de los precios de arriendos de fincas o lotes en zona rural del suroccidente del país, en la página de la Sociedad, van desde los $800.000 hasta los $8 millones mensuales, según el área disponible. En esa zona, donde están sembradas las sospechas –y las denuncias formales–, operan las disidencias de Mordisco, fracciones de la Segunda Marquetalia de Iván Márquez y algunos reductos del ELN.

Y es que al Cauca llegaron las FARC en 1965, cuando se asentaron en Tierradentro y luego se transformaron en el Bloque Sur. En el norte, especialmente, se consolidó la columna móvil Jacobo Arenas y otros como el Bloque Alfonso Cano y el Bloque Occidental. Y algunos de los grupos violentos que hoy quedan en la zona son herederos de esta historia.

Además, la ubicación del departamento es estratégica por su cercanía con la Costa Pacífica y su salida al mar. Ese corredor, justamente, es una de las rutas del narcotráfico que más se disputan carteles y otros grupos criminales por su conexión entre el centro y el sur del país.

El Cauca ha sido, como gran parte del territorio nacional, zona cocalera y marimbera. Algunos municipios como Toribío, Caloto, Caldono y Miranda concentran, al menos, 3.000 hectáreas sembradas. Y hacia el centro y sur del departamento, la bonanza cocalera llegó a posicionarlo como el segundo con más hoja de coca sembrada en el país; hoy en día, según el último reporte de Naciones Unidas (2022), ocupa el cuarto lugar con 26.223 hectáreas.

Por ese contexto, no es menor que en el Cauca haya denuncias de 12 predios de la Nación que estarían siendo ocupados ilegalmente por testaferros de grupos armados que, además, están en un proceso de negociación con el Gobierno.

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En varios de los procesos derivados de la denuncia aparecen personas naturales en calidad de intervinientes, como Salvador Araújo Ojeda, quien tiene un proceso por tráfico de estupefacientes (2006) y otro por extinción de dominio (2011) en el predio de Campobello, en zona rural de El Bordo (Patía). Pese a esos expedientes, Araújo fue beneficiario en 2014 de un subsidio municipal de vivienda en el sector de Llano Verde (oriente de Cali). En esa zona, según pudo confirmar este diario, recibió una vivienda de manera gratuita. Pero sobre el predio que le quitaron, la SAE hizo su última visita de inspección el 3 de julio del 2019 y determinó que había ocupación irregular en las tres hectáreas que lo conforman.

Otro de los casos de tierras en las que podría haber presencia de ilegales está en Caloto. Allí hay registros desde 2014 de denuncias por perturbación de la posesión del inmueble interpuestos por Edinson Peña Villegas, quien aparece en registros como beneficiario del Incoder en la adjudicación de un terreno de dos hectáreas, avaluado en $475 millones, el mismo año en que radicó la denuncia.

En marzo de 2022, Peña radicó dos denuncias más por un delito de posesión irregular en el inmueble que aparece a su nombre. El caso, según pudo confirmar este diario, sigue abierto. La respuesta del ente investigador por este —y el resto de casos— es que “no se identificó actividad ilícita ni nexo causal con ninguno de los bienes señalados por parte de la Presidencia como presuntamente en cabeza de grupos armados”.

Pero en varias de las denuncias la SAE notificó que había remitido a Policía Judicial órdenes para que se hicieran diligencias de recuperación de los predios; sin embargo, en un documento que se le entregó a la Presidencia se advirtió que “no tienen dentro de sus facultades legales la competencia para realizar investigaciones o adelantar procesos de ninguna naturaleza en contra de bienes inmuebles, sociedad o personas naturales”. En el documento se dijo, además, que eso es competencia de la Fiscalía.

Sin embargo, el ente investigador contestó que, como los bienes son administrados directamente por la Sociedad, “no es una acción de extinción del derecho de dominio, sino que la SAE debe iniciar los desalojos correspondientes”. Es decir, hasta el año pasado, ambas entidades se “lanzaban la pelota” por su responsabilidad en esta denuncia y no enviaron reportes de avances sobre el caso.

Este diario también consultó a la Fiscalía para conocer el estado actual de estos procesos y saber si abrieron pesquisas posteriores, pero hasta el cierre de esta edición, no habían enviado ninguna respuesta.

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Otra de las observaciones sobre estos predios, que hizo la misma Fiscalía en su momento, es que cinco de ellos corresponden a bienes fiscales patrimoniales de propiedad de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y otro del Ministerio del Interior.

En consulta con la ANT, aunque tuvieron conocimiento de la denuncia, nunca vincularon formalmente a la Agencia y al interior de la entidad no hay procesos relacionados con los casos de los predios que están a su nombre o los que ya adjudicaron a comunidades étnicas.

Este último, el que aparece a nombre del Mininterior y la Dirección Nacional de Estupefacientes, es un predio en zona rural de Santander de Quilichao y fue extinto a Fernando y Aparicio Tróchez Yule; ninguno de ellos con procesos judiciales. Y a pesar de la historia de ese terreno, no tiene medidas cautelares vigentes ni registros de visitas periódicas de verificación.

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Estas denuncias no son menores, entre otras cosas, porque se registran en un momento coyuntural del conflicto en el sector de El Plateado (municipio de Argelia), una zona que ha sido impactada por la Operación Trueno, uno de los despliegues más grandes militares más grandes que, incluso, llevó a que por primera vez un soldado pisara esa zona del país.

Es una región controlada por el frente Carlos Patiño de las disidencias, que mantiene el control territorial en esa zona que, históricamente, tuvo injerencia del ELN. Juan Manuel Torres, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación para el suroccidente, la ha llegado a catalogar como “el territorio más complejo del país en materia de conflicto armado”, entre otras cosas, por los constantes enfrentamientos de la Segunda Marquetalia, que también se consolidó en la parte media del municipio.

Justamente con ese grupo, de las disidencias de Iván Mordisco, el Gobierno mantiene una mesa de negociación que pretende el desarme de esa facción de las FARC que, en 2016, se negaron a firmar el Acuerdo de Paz. Ya llevan tres ciclos de diálogos con el Estado y mantienen un cese al fuego bilateral hasta el 15 de julio.

En la agenda han hablado sobre: cultivos de uso ilícito, economías asociadas al narcotráfico, conflictos medioambientales y acuerdos de respeto a la población civil. En este último cabrían las denuncias por ocupación de tierras del Estado –adjudicadas a las comunidades– que estarían utilizando fracciones de ese grupo. Los procesos en las entidades, sin embargo, siguen sin avanzar.

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