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Este miércoles, el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay solicitó devolverle al Ministerio de Hacienda el proyecto de ley que estipula el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025, radicado en la Cámara de Representantes el pasado 30 de julio. Según Uribe, el presupuesto está severamente “desfinanciado y basado en proyecciones irreales” que podrían poner en riesgo la estabilidad financiera del país.
El congresista criticó que la proyección de $523 billones para 2025 incluye $12 billones que vendrían de una ley de financiamiento que aun no ha sido presentada ante el Congreso.
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“Lo más grave es que el gobierno está gastando plata en nómina y burocracia y el derroche también es corrupción”, dijo en el Salón del Senado. De acuerdo con el congresista, hay un “crecimiento desproporcionado del gasto en funcionamiento”, que ha aumentado en 70 billones de pesos en los últimos tres años, mientras que la inversión se ha mantenido estancada.
Petro se acaba en 2026 pero los problemas que nos deja van a perdurar por muchos años más, por eso nuestro deber es detener esta catástrofe.
— Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) August 14, 2024
Por eso junto a varios senadores y representantes proponemos devolver el presupuesto para que sea ajustado, eso es lo más responsable con… pic.twitter.com/Z6zINz5HC7
“Esto es el resultado de tres años de Gustavo Petro: un aumento del 26% en el gasto burocrático mientras se recorta la inversión en áreas esenciales para el desarrollo del país”, enfatizó el senador uribista.
En cuanto al crecimiento económico, Miguel Uribe criticó las previsiones del presupuesto para 2025, que proyecta un incremento del 3% en la economía. Uribe considera que esta proyección es demasiado optimista y se desvía de las estimaciones de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco de la República. Estos organismos estiman que el crecimiento económico para 2025 será más modesto, entre el 2.6% y el 2.7%.
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Además, Uribe resaltó un problema adicional: en los primeros seis meses de 2024, el gobierno ha experimentado una caída del 8.7% en el recaudo tributario. Esta disminución en los ingresos tributarios ya ha obligado al gobierno a hacer recortes en el presupuesto de 2024 y podría afectar negativamente el presupuesto para 2025, dejándolo aún más desfinanciado.
Para decidir si devolverán el proyecto a Ricardo Bonilla para que el ministro realice los ajustes necesarios, los congresistas tienen hasta el 15 de agosto. Después de esta fecha, tienen hasta el 15 de septiembre para definir el monto del presupuesto para el próximo año. “Fedesarrollo ya ha indicado que es necesario recortar al menos 26.6 billones de pesos, y otros expertos sugieren que la cifra podría llegar hasta 40 billones”, comentó Uribe.
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