Iván Cepeda denunciará al ministro de Defensa por decreto de militarización

El senador Iván Cepeda anunció que denunciará penalmente al ministro de Defensa, Diego Molano, por publicar un decreto que imparte instrucciones para el restablecimiento del orden público, pero que en verdad es un “golpe de Estado”.

Lea también: Claudia López pidió ayuda al Ejército para custodiar los CAI, pero Bogotá no será militarizada

Según Cepeda, el decreto 575 del 28 de mayo de 2021 no es simplemente una norma de orden público, pues “sustituye la autoridad civil en buena parte de territorio nacional por autoridades militares”.

El decreto detalla seis medidas, entre ellas recurrir a la asistencia militar para afrontar “la grave alteración de la seguridad” y coordinar con la fuerza pública el levantar los bloqueos actuales y evitar la instalación de otros nuevos. Incluso pide que se brinde apoyo y colaboración a las autoridades para los procesos de captura y judicialización de las personas que afectan el orden público.

Además, ordena adoptar las medidas necesarias para reactivar la productividad y la movilidad, entre ellas, fortalecer los controles de seguridad en las vías y caravanas. También demanda que se decrete toque de queda frente a cualquier alteración significativa del orden público y mantener informada a la opinión pública nacional e internacional los avances en el control de orden público y las denuncias de las agresiones sistemáticas contra la población.

Estas aplican para los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda y para los municipios de Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva.

Cepeda cuestionó que “con esa decisión y con los hechos que han venido ocurriendo queda de facto normalizadas las desapariciones, las ejecuciones y las torturas que está cometiendo por doquier la Policía Nacional, es un cheque el blanco para que se siga en esta práctica, francamente desembozada, descarada, del paramilitarismo urbano”, aseguró en un video.

“hemos estado presenciando cómo la Policía está actuando con civiles o con personas encubiertas de civil, disparándole a personas inermes, eso es lo que se está normalizando hoy en Colombia

El congresista explicó que el artículo 22A de la Constitución Política de Colombia prohíbe expresamente la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial y/o privado de grupos civiles armados organizados con fines legales de cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas, paramilitares, así como sus redes de apoyo, estructuras o prácticas, grupos de seguridad con fines ilegales u otras denominaciones equivalentes.

Según la Carta Magna, se trata de una “garantía de no repetición con el fin de contribuir a asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado, y en particular de la fuerza pública, en todo el territorio”.

El senador Iván Cepeda anunció que denunciará penalmente al ministro de Defensa, Diego Molano, por publicar un decreto que imparte instrucciones para el restablecimiento del orden público, pero que en verdad es un “golpe de Estado”.

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Según Cepeda, el decreto 575 del 28 de mayo de 2021 no es simplemente una norma de orden público, pues “sustituye la autoridad civil en buena parte de territorio nacional por autoridades militares”.

El decreto detalla seis medidas, entre ellas recurrir a la asistencia militar para afrontar “la grave alteración de la seguridad” y coordinar con la fuerza pública el levantar los bloqueos actuales y evitar la instalación de otros nuevos. Incluso pide que se brinde apoyo y colaboración a las autoridades para los procesos de captura y judicialización de las personas que afectan el orden público.

Además, ordena adoptar las medidas necesarias para reactivar la productividad y la movilidad, entre ellas, fortalecer los controles de seguridad en las vías y caravanas. También demanda que se decrete toque de queda frente a cualquier alteración significativa del orden público y mantener informada a la opinión pública nacional e internacional los avances en el control de orden público y las denuncias de las agresiones sistemáticas contra la población.

Estas aplican para los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda y para los municipios de Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva.

Cepeda cuestionó que “con esa decisión y con los hechos que han venido ocurriendo queda de facto normalizadas las desapariciones, las ejecuciones y las torturas que está cometiendo por doquier la Policía Nacional, es un cheque el blanco para que se siga en esta práctica, francamente desembozada, descarada, del paramilitarismo urbano”, aseguró en un video.

“hemos estado presenciando cómo la Policía está actuando con civiles o con personas encubiertas de civil, disparándole a personas inermes, eso es lo que se está normalizando hoy en Colombia

El congresista explicó que el artículo 22A de la Constitución Política de Colombia prohíbe expresamente la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial y/o privado de grupos civiles armados organizados con fines legales de cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas, paramilitares, así como sus redes de apoyo, estructuras o prácticas, grupos de seguridad con fines ilegales u otras denominaciones equivalentes.

Según la Carta Magna, se trata de una “garantía de no repetición con el fin de contribuir a asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado, y en particular de la fuerza pública, en todo el territorio”.