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El 2023 promete ser un año, al menos en su primera mitad, de paz y negociaciones para poner fin al conflicto armado en Colombia. Con el anuncio del presidente Gustavo Petro, en vísperas de Año Nuevo, de un cese bilateral al fuego con cinco grandes actores armados, todo parece indicar que la búsqueda de la paz total va por buen camino. Aún así, que tanto violentos como Fuerza Pública frenen sus actividades armadas tiene repercusiones de fondo, no solo en la guerra interna del país, sino también en lo político y lo social. Mientras que esa búsqueda de paz avanza, como lo indica el Gobierno, es necesario entender en qué estado se encuentra el país en relación con la violencia que, por ahora, se espera pause.
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Los cinco actores armados con los que se dará este cese al fuego bilateral tienen orígenes muy diversos y es imposible encasillarlos como lo mismo, por lo cual la búsqueda de paz con cada uno será diferente. Aunque es loable reconocer el avance gubernamental para que grupos guerrilleros y paramilitares pararan temporalmente su actuar, sería ingenuo pensar que buscan lo mismo y que se les puede tratar por igual. El Ejército de Liberación Nacional (Eln), las disidencias de la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo) y las Autodefensas de la Sierra Nevada son los grupos con los que se acordó el cese.
El Eln
El Ejercito de Liberación Nacional (Eln) es el único actor armado con el que, según ha dicho el Gobierno, se negociará la terminación del conflicto, pues los demás grupos tendrán que someterse a la justicia. Esta guerrilla, la única que persiste en Colombia, es considerada actor político, porque, como lo han dicho negociadores de paz y expertos en el tema, su finalidad no es el crimen ni el enriquecimiento a través de este, sino llegar al poder político y para ello se valen de las armas. Este grupo armado, que también está presente en Venezuela, es el que más ha avanzado en diálogos para llegar a un acuerdo con el Estado colombiano, siendo precisamente Venezuela la primera sede de estas conversaciones.
Las disidencias
Por otra parte, aparecen también las disidencias de las extintas Farc. Desde septiembre de 2022 se conocía que el Estado Mayor Central de las Farc-Ep —disidencia conformada por armados que nunca se acogieron al Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre la guerrilla y el gobierno de Juan Manuel Santos— tenía acercamientos con el nuevo Gobierno. Danilo Rueda, comisionado de Paz del Gobierno, se reunió con el grupo armado en Caquetá y, según dijo a los pocos días, la disidencia iniciaría un cese al fuego y mostraba compromiso para dejar las armas. Los liderados por Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, y Néstor Gregorio Mena, conocido como Iván Mordisco, se mostraban como unos de los primeros en subirse al bus de la paz total.
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El 30 de diciembre de 2022, antes de que Petro diera el anuncio sobre los cinco grupos con los que se hizo el acuerdo, la Segunda Marquetalia —disidencia liderada por Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez— hacía pública su voluntad de diálogo. La intención de meterse a la paz total de Petro llegó en un mensaje en el que además hablaron sobre su aparente preocupación por el asesinato de firmantes del Acuerdo de Paz. El mensaje, con el que el grupo armado despidió el 2022, estuvo acompañado de una carga política que puede causar dudas sobre lo que espera este actor armado al hablar de paz.
La Segunda Marquetalia —a diferencia del Estado Mayor Central— está compuesta por desertores del Acuerdo de Paz de 2016; es decir, quienes firmaron el documento, pero después decidieron retomar las armas. Según este grupo armado, la voluntad de diálogo está puesta, y lo confirmó Petro en su anuncio, pero parece, con lo que dicen, que su intención es tener estatus político como el Eln y así poder negociar en vez de acogerse. Esto se puede ver en su comunicado del 30 de diciembre, cuando dicen que la paz se logra a través de un “gran acuerdo político nacional” y haciendo “los cambios constitucionales que la paz demande”.
El Clan del Golfo
Lo amplio del cese acordado por el Gobierno incluye al otro extremo de los grupos mencionados, pues también detendrán sus acciones violentas las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Auc), conocidas como el Clan del Golfo. El paramilitarismo es la raíz de este grupo armado, que también recibió el nombre de Clan Úsuga, porque fue conformado por la familia Úsuga David y liderado por Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel. En octubre de 2021, esta persona, quien llegó a ser la más buscada de Colombia y comparada con Pablo Escobar, fue capturada, pero su caída no significó el cese de acciones criminales de este grupo.
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Actualmente, el Clan del Golfo está liderado por Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, pero la caída de Otoniel dio paso a que otros grupos armados buscaran ocupar zonas del país donde estaban las Agc.
La guerra que sostiene este grupo con otros es principalmente por las rutas del narcotráfico, pues el Clan Úsuga —cuyo nombre quedó obsoleto tras la captura de todos los miembros de la familia— llegó a producir y exportar la mayoría de cocaína que sale de Colombia hacia Estados Unidos y Europa. Además de esto, las bases del grupo provienen de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), grupo paramilitar que fue liderado por la familia Castaño, del cual heredaron rutas y algunos ideales.
Autodefensas Conquistadoras
Justamente la guerra por cuidar las rutas para sacar droga de Colombia la libra el Clan del Golfo con otro de los grupos que acordó con el gobierno de Petro un cese bilateral al fuego: las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), o también conocidas como Los Pachenca.
La organización se proclama el grupo de autodefensas más antiguo del país y, al igual que el Clan del Golfo, tienen la vieja herencia paramilitar del extinto Bloque Resistencia Tayrona, desmovilizado en febrero de 2006. En la actualidad, su guerra con el Clan del Golfo se libra principalmente en el Magdalena, donde disputan la ruta de Ciénaga, un corredor estratégico para el tráfico de armas y narcóticos.
Reacciones
Los dos grupos herederos del paramilitarismo expresaron su intención de explorar conversaciones con el gobierno de Gustavo Petro para buscar una salida al conflicto armado entre septiembre y octubre del año pasado. De hecho, la guerrilla del Eln se mostró inconforme en ese momento por los acercamientos del Gobierno con estos grupos, pues se pensaba en un inicio que todos serían medidos con la misma vara. Y no solo ha sido la guerrilla —que ya completó el primer ciclo de negociaciones— la que se mostró opuesta a la búsqueda de paz. En la política —campo donde se juega y define la paz—, la iniciativa gubernamental ha tenido resistencia, a pesar de la favorabilidad con la que aún cuenta el primer mandatario y la mayoría parlamentaria que le ha permitido avanzar con sus reformas e ideas.
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La noche del 31 de diciembre de 2022, cuando Gustavo Petro anunció el cese al fuego con los cinco actores armados hasta el 30 de junio de 2023, varios opositores a su Gobierno manifestaron que esto sería una mala idea y podría dejar en desventaja a la Fuerza Pública. María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, principal opositora de Petro, sostuvo que este cese al fuego —el cual es prorrogable de acuerdo al avance de las conversaciones entre el Gobierno y los grupos— sería una ventana a la impunidad. Cabal ha dicho, desde el inicio del mandato presidencial, que Gustavo Petro es un “iluso” si cree que se puede “negociar con criminales” y, hasta el momento, aún con su esposo, José Félix Lafaurie como negociador del Gobierno con el Eln, es inamovible en su perspectiva.
Asimismo, una crítica a este acuerdo temporal proviene de Enrique Macías, expresidente del Congreso y una de las fichas más visibles del Gobierno anterior (Iván Duque). El exparlamentario sostiene que el cese bilateral, en el que el Estado no podrá atacar a estos grupos, es ir en contra de la Constitución. “La Fuerza Pública no puede cesar su obligación constitucional de actuar contra toda organización criminal en todo momento y en todo el territorio nacional”, señaló el político, quien además considera que “tiene el deber de mantener el orden público y garantizar los derechos, las libertades y la paz de los colombianos”.
A pesar de estas críticas, que generan contrapeso político, no todo fue mal recibido en esta esfera y en lo social. Desde el Congreso, el senador Humberto de la Calle —quien fue negociador de paz con las Farc en el gobierno Santos y se ha mantenido escéptico a la idea de paz total— abrazó el cese bilateral. Para el político, “aun con las dificultades de sostenibilidad y verificación, es una gran noticia. Hay que acompañar al Gobierno en este empeño. Cada bala menos es bienvenida”. Además, los espaldarazos llegaron desde el exterior. Antony Blinken, secretario general de los Estados Unidos, vio con buenos ojos el anuncio de Petro.
“El secretario general acoge con beneplácito el anuncio del presidente de Colombia sobre el cese al fuego de seis meses con los grupos armados; un acontecimiento que renueva las esperanzas de paz duradera del pueblo colombiano en el nuevo año”, aseguró el funcionario estadounidense. Según los voceros de la oficia, Blinken “confía en que la adhesión a estos compromisos reducirá la violencia y el sufrimiento de las comunidades afectadas por el conflicto. Al mismo tiempo, el cese contribuirá a generar confianza en los diálogos en curso”.
Desde el ámbito social, las expectativas son buenas con este cese bilateral. En el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), consideran que esto es un paso gigante en la aspiración de paz total que tiene el Gobierno. Camilo González Posso, presidente de Indepaz, dijo: “Estamos ante un hecho extraordinario, porque se trata de más o menos 80 estructuras, entre frentes, columnas y organizaciones diversas” que están buscando, aparentemente, la paz. “Esto tiene un impacto extraordinario en cerca de 350 municipios de Colombia y significa que más de 15.000 efectivos en armas de estas organizaciones están suspendiendo acciones de confrontación”, señaló González.
A pesar de celebrar el cese al fuego, el presidente de Indepaz considera que estos actores armados tienen que aclarar si también cesarán las acciones entre sí. “Hay cerca de 70 choques entre estas organizaciones en lo que va de este Gobierno”, señala González, quien además manifiesta que las consecuencias más graves las sufre la población civil de las zonas de Colombia. Las comunidades, precisamente, señala el experto, deben tener un rol de veedoras para que el cese se cumpla a cabalidad y así, de la mejor manera, se camine la senda de la paz total.
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