Choque Petro -“Fico” tendría a la Presidencia sin contratista para organizar sus eventos

Después de haber organizado durante estos dos años todos los eventos públicos del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez por un poco más de $23.400 millones, la empresa paisa Plaza Mayor está por decirle adiós a su relación con la Casa de Nariño. De hecho, en tres días se cerrará un millonario negocio con un nuevo operador, pues los constantes choques entre el jefe de Estado y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habrían hecho inevitable esta ruptura contractual.

Después de haber organizado durante estos dos años todos los eventos públicos del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez por un poco más de $23.400 millones, la empresa paisa Plaza Mayor está por decirle adiós a su relación con la Casa de Nariño. De hecho, en tres días se cerrará un millonario negocio con un nuevo operador, pues los constantes choques entre el jefe de Estado y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habrían hecho inevitable esta ruptura contractual.

Desde que el presidente Petro se posesionó en agosto de 2022 como el primer presidente de izquierda en Colombia, Plaza Mayor ha firmado 20 contratos con el Gobierno. Todos relacionados con la planificación, organización y producción de eventos, siendo algunos de estos las marchas del presidente para impulsar sus reformas, las citas de “Gobierno con el pueblo” o “Gobierno con los barrios populares”, la entrega de tierras en algunas regiones, entre otros.

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Estos 20 negocios pactados por contratación directa, en su mayoría con el Dapre, otros con la Agencia Nacional de Tierras o con ministerios (Agricultura, Ciencias, Relaciones Exteriores y TIC), suman más de $114.000 millones.

Y aunque hay varios de estos procesos activos, y que terminarán solo hasta fin de este 2024, llamó la atención que el Dapre, que conduce la directora Laura Sarabia, decidiera no prorrogar o hacer una nueva contratación a Plaza Mayor, luego de que el pasado 31 de julio venciera su último contrato. En su lugar se abrió una licitación por más de $7.000 millones que será adjudicada el próximo miércoles 4 de septiembre de 2024, a las 11:00 de la mañana.

Pero lo que sorprendió más fue la ausencia de la firma paisa en el proceso licitatorio, negocio por el que participan 28 empresas. No tener operador habría ocasionado, por ejemplo, que el presidente Petro tuviera que cancelar su nueva jornada de “Gobierno con los barrios populares”, como lo anunció la Consejería Presidencial para las Regiones, pero sin dar una explicación clara.

Así, se espera que con la adjudicación del nuevo proceso se retomen las visitas que iba a hacer Petro en agosto a Ibagué, Cúcuta, Bucaramanga, Medellín y Villavicencio.

Esta “ruptura” entre Plaza Mayor y el Gobierno venía gestándose desde inicios de este año, justo después de que el alcalde de Medellín anunciara que iba a proponerle a la junta de Plaza Mayor poner en la gerencia general a Ricardo Galindo, quien en 2016 fue uno de sus subsecretarios de la Secretaría de Desarrollo Económico y lo acompañó hombro a hombro durante su candidatura presidencial en 2022, la cual perdió ante Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, pero lo catapultó para quedarse con la administración local.

El exfuncionario de Fico venía de desempeñarse en cargos directivos en el sector químico para mejorar su posicionamiento. Por eso hubo comentarios, incluso del exalcalde Daniel Quintero, de no ser la persona más apropiada para dirigir una firma encargada de temas logísticos de eventos a nivel nacional y que le aportan una suma importante a la economía y desarrollo de la capital antioqueña.

Aunque El Espectador consultó a la firma para contrastar las afirmaciones, no se recibió respuesta.

Efectivamente, en enero salió de su cargo Víctor Hugo Zapata, cercano al exalcalde Quintero y quien estuvo al frente de la firma durante cuatro años, no sin estar exento de algunos señalamientos por presuntamente firmar contratos interadministrativos con La Alpujarra con recursos del Presupuesto Participativo, algo desmentido por él y Quintero.

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En marzo, Galindo se posesionó oficialmente y continuó con la ejecución de varios contratos firmados en la dirección de Zapata. De hecho, también firmó en febrero uno por $22.776 millones con las Agencia Nacional de Tierras (ANT), quizás una de las entidades a la que más se le ha inyectado capital en el último año por el propósito de Petro de poner a toda marcha la reforma agraria y terminar su mandato en 2026 habiendo entregado más de un millón de hectáreas de tierra.

El de la ANT es el contrato más alto que ha firmado la empresa paisa en el gobierno Petro, y va hasta el 31 de diciembre de este año. Pero no es el único consignado este año. También tiene uno por $6.900 millones con la Cancillería, otro por 3.934 millones con el Ministerio de las TIC, dos con el Ministerio de Ciencias -que suman $4.000 millones- y otro con Prosperidad Social por un valor de $1.800 millones.

No obstante, personas cercanas a la anterior dirección dicen que algunos de estos procesos venían adelantándose desde 2023, por lo que no se le podrían atribuir a Galindo, quien ha dejado ver públicamente su oposición a Petro, incluso desde antes de montarse al poder.

En varios de sus trinos de su cuenta de X ha cuestionado algunas de las medidas del ahora presidente e incluso lo ha relacionado con el fallecido expresidente de Venezuela Hugo Chávez. También ha mostrado su afinidad política con los ideales del expresidente Álvaro Uribe y los de Fico Gutiérrez.

En todo caso, fuentes cercanas mencionan que los canales de diálogo entre el Ejecutivo y Plaza Mayor no han fluido igual desde que Zapata dejó la gerencia general, y que los roces entre Petro y Gutiérrez han terminado por avivar más las divisiones y dejar en el aire la sentencia de que trabajar juntos, cuando lo político pesa por encima de lo técnico, es complejo.

Y los choques no han sido solo con Fico, sino también con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, e incluso con el mismo expresidente Uribe: por la política de paz total, por las no finalizadas vías 4G, por la venta de Tigo-Une y por la postura de Colombia ante la crisis política de Venezuela.

En el listado de puntos de diferencias entre la administración nacional y la departamental también se mete la polémica del esquema de seguridad de Gutiérrez, que fue reducido por decisión de la Unidad Nacional de Protección.

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El mandatario local calificó el hecho como una amenaza contra la oposición, mientras que la entidad señala que tiene a disposición lo que necesita de acuerdo con su riesgo y nivel de exposición.

Por estas constantes peleas, desde el Dapre se busca la opción “b”, una que además de asumir el contrato de $7.000 millones para realizar todos los eventos del presidente y la vicepresidenta, pueda gradualmente hacerse cargo de los otros temas logísticos de las demás carteras en estos siguientes dos años que le quedan a Petro y de los que se esperan más marchas y más citas con sus simpatizantes en su espacio predilecto: las calles.

Quien gane el contrato no solo se responsabilizará de las cinco citas del “Gobierno con los barrios populares”, sino también de las próximas marchas del Gobierno para, nuevamente, impulsar su agenda legislativa y sus reformas. Está en los pendientes la próxima “marcha de las canas”, como la denominó el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, para respaldar la reforma pensional, que ha sido demandada por la oposición y está en estudio de la Corte Constitucional.

Las empresas que participan en la licitación del Dapre

Entre las empresas mejores calificadas en la licitación están Royal Park, que ha firmado más de 100 contratos con el Estado, y en el Gobierno actual lo ha hecho con varias entidades judiciales y de orden militar, como el Mindefensa ($6.894 millones) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas ($8.890 millones).

El segundo oferente mejor calificado es la empresa de Manizales A descubrir travel & adventure, especializada en excursiones, cruceros, planes vacacionales, asistencias médicas y organización de eventos. Celebró contratos con la Alcaldía de Bogotá durante la administración de Claudia López, y este año por $11.954 con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Feeling Company es la otra firma calificada para quedarse con el contrato, la cual desde mayo está organizando los eventos de la Superintendencia de Salud por $1.927 millones.

El presidente Petro no abandonará las calles y, de hecho, su propósito para sus últimos dos años es reforzar su imagen desde la región y lo popular. Sin embargo, hay quienes cuestionan que, a lo mejor, tanto él como su opositor Federico Gutiérrez hayan priorizado lo político por encima de lo técnico. Se espera que este miércoles el Dapre finalmente le dé la buena nueva a alguna de las 28 firmas participantes, pues la adjudicación de este negocio ya ha sido aplazada en dos ocasiones.

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