Ciro Ramírez se defendió ante investigación de corrupción: “nunca he pedido dinero”
El exsenador de Centro Democrático, que está preso desde diciembre del año pasado, insistió en que no hay ni un solo testimonio que lo incrimine de los crímenes por los que lo acusan: concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.
El exsenador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, publicó un comunicado para defenderse ante el proceso que lleva la Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. De acuerdo con Ramírez, quien está preso desde diciembre del año pasado, “nunca [ha] pedido dinero, prebendas, ni contratos ante entidad pública alguna en [sus] 10 años de carrera política”.
El excongresista asegura que el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda ha estudiado “más de 70 pruebas testimoniales”, que incluyen funcionarios de la Gobernación del Quindío y del Departamento de Prosperidad Social (DPS), así como contratistas. Ramírez indica que “todos han asegurado que nada [tuvo] que ver con el convenio 670 entre el DPS y la Gobernación del Quindío, o no [le] conocen”.
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“Ni un solo testimonio me incrimina en los delitos que me acusan”, aseguró.
El caso lo lleva la Corte Suprema de Justicia, que a mediados de abril indicó que el exsenador seguiría privado de la libertad y enfrentaría un juicio. La investigación busca determinar el presunto liderazgo de Ramírez en un esquema de corrupción contractual entre 2021 y 2022 en el que usaba su puesto en el Congreso. Según la corte, habría tenido una “injerencia indebida” en el DPS “para la contratación de obras públicas en varios departamentos del país”.
Específicamente, el acuerdo 670 de 2021 es la razón por la cual el excongresista está tras las rejas. Este fue suscrito entre el DPS y la empresa Proyecta por un valor de $48.660 millones y, según el tribunal, el senador habría pedido coimas del 10 %. Ramírez insiste en que los contratistas que, según el testimonio de Pablo Herrera, entonces director de Proyecta, le entregaron dinero, “nunca fueron contratistas del convenio 670 y han negado cualquier entrega de dinero”.
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“El convenio 670 comprende municipios que no conozco y nunca he visitado. No conozco ninguno de los alcaldes y/o gobernadores de los municipios y departamentos objeto de ese convenio por el cual me imputan los delitos”, apuntó.
También señaló que “existen pruebas irrefutables” que indican que Herrera es “el verdadero autor de la gestión de este convenio que [le] imputan”. De acuerdo con Ramírez, que el magistrado Rueda ha hecho “caso omiso” a las pruebas que apuntarían a que Herrera es el culpable.
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“En el curso de los próximos días estaremos mostrando más pruebas que dejarán clara mi inocencia”, dijo. “Hasta el día de hoy no me han permitido practicar una sola prueba solicitada por parte de mi defensa, y con asombro mantienen la orden de privarme la libertad durante el juicio que habían emitido para investigarme”.
En febrero, el presidente del Senado, Iván Name, decretó “silla vacía” sobre la curul de Ramírez, es decir, el Centro Democrático perdió oficialmente un escaño en el Congreso: pasó de 13 a 12. La figura se aplica cuando un congresista es vinculado a presuntos delitos. Otros senadores investigados son Carlos Motoa y Abraham Jiménez, de Cambio Radical.
Este es el comunicado completo:
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El exsenador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, publicó un comunicado para defenderse ante el proceso que lleva la Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. De acuerdo con Ramírez, quien está preso desde diciembre del año pasado, “nunca [ha] pedido dinero, prebendas, ni contratos ante entidad pública alguna en [sus] 10 años de carrera política”.
El excongresista asegura que el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda ha estudiado “más de 70 pruebas testimoniales”, que incluyen funcionarios de la Gobernación del Quindío y del Departamento de Prosperidad Social (DPS), así como contratistas. Ramírez indica que “todos han asegurado que nada [tuvo] que ver con el convenio 670 entre el DPS y la Gobernación del Quindío, o no [le] conocen”.
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El caso lo lleva la Corte Suprema de Justicia, que a mediados de abril indicó que el exsenador seguiría privado de la libertad y enfrentaría un juicio. La investigación busca determinar el presunto liderazgo de Ramírez en un esquema de corrupción contractual entre 2021 y 2022 en el que usaba su puesto en el Congreso. Según la corte, habría tenido una “injerencia indebida” en el DPS “para la contratación de obras públicas en varios departamentos del país”.
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También señaló que “existen pruebas irrefutables” que indican que Herrera es “el verdadero autor de la gestión de este convenio que [le] imputan”. De acuerdo con Ramírez, que el magistrado Rueda ha hecho “caso omiso” a las pruebas que apuntarían a que Herrera es el culpable.
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En febrero, el presidente del Senado, Iván Name, decretó “silla vacía” sobre la curul de Ramírez, es decir, el Centro Democrático perdió oficialmente un escaño en el Congreso: pasó de 13 a 12. La figura se aplica cuando un congresista es vinculado a presuntos delitos. Otros senadores investigados son Carlos Motoa y Abraham Jiménez, de Cambio Radical.
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