CNE abrió investigación contra Partido Conservador por caso Aida Merlano
Según el tribunal electoral, la colectividad pudo haber tolerado la superación del tope de gastos electorados en que habría incurrido la exrepresentante, que fue elegida como senadora pero no llegó a posesionarse.
La exrepresentante Aida Merlano se encuentra detenida en Venezuela y su regreso no parece avistarse en el corto tiempo, pues desde el gobierno de Iván Duque se insistió que la solicitud de extradición se haría ante el gobierno del autodenominado presidente Juan Guaidó. Mientras tanto en el país todavía tiene pendiente por pagar la condena de 11 años y 4 meses por los delitos de corrupción al sufragante y se están acumulando otros procesos en su contra.
En esta ocasión, el Consejo Nacional Electoral abrió una nueva investigación en su contra, esta vez por supuestamente no nombrar un gerente y no abrir una cuenta única bancaria para llevar un seguimiento de los recursos de su campaña. Asimismo, los cargos formulados por el CNE apuntan a que Merlano no habría presentado el informe de ingresos y gastos de su aspiración y hasta habría superado los topes económicos designados por el CNE.
Sin embargo, más allá de los nuevos cargos en contra de la exrepresentante, esta vez llama la atención que la apertura de investigación apunta también al partido Conservador. Según el tribunal electoral, la historíca colectividad habría “tolerado la violación al monto máximo de gastos autorizados para la campaña electoral de su avalada Aida Merlano”.
Para el CNE, la colectividad pudo haber permitido que Merlano se gastara más de $1.000 millones, cuando el máximo fijado por campaña al Senado era de $884 millones. Según la resolución, se encontraron los elementos suficientes para investigar la posible tolerancia del partido que avaló Merlano para que esta violara los montos máximos.
De encontrarse alguna responsabilidad de los conservadores, el partido podría caerle las siguientes sanciones: suspensión o privación de la financiación estatal, la suspensión de la personería jurídica hasta por cuatro años, la suspensión del derecho a inscribir candidatos y hasta la cancelación de la personería jurídica.
Por otro lado, frente a Aida Merlano, el tribunal encontró en las pesquisas previas que Merlano omitió la obligación de nombrar gerente de campaña y de abrir una cuenta única donde centralizar los dineros de su campaña. Asimismo, no presentó los informes de ingresos y egresos de su aspiración.
En este último punto, el CNE encontró que el Partido Conservador cumplió su deber de insistir en que la candidata presentara los informes. Este trabajo no solo lo hizo la colectividad, sino la firma auditora contratada por el partido para hacerle seguimiento a las cuentas. En este aspecto, en la resolución quedó consignado: “Como quiera que el Partido Conservador Colombiano actuó en cumplimientos de los postulados legales que rigen la oportuna y debida presentación de informes, esta corporación se abstendrá de iniciar investigación administrativa en su contra”.
La exrepresentante Aida Merlano se encuentra detenida en Venezuela y su regreso no parece avistarse en el corto tiempo, pues desde el gobierno de Iván Duque se insistió que la solicitud de extradición se haría ante el gobierno del autodenominado presidente Juan Guaidó. Mientras tanto en el país todavía tiene pendiente por pagar la condena de 11 años y 4 meses por los delitos de corrupción al sufragante y se están acumulando otros procesos en su contra.
En esta ocasión, el Consejo Nacional Electoral abrió una nueva investigación en su contra, esta vez por supuestamente no nombrar un gerente y no abrir una cuenta única bancaria para llevar un seguimiento de los recursos de su campaña. Asimismo, los cargos formulados por el CNE apuntan a que Merlano no habría presentado el informe de ingresos y gastos de su aspiración y hasta habría superado los topes económicos designados por el CNE.
Sin embargo, más allá de los nuevos cargos en contra de la exrepresentante, esta vez llama la atención que la apertura de investigación apunta también al partido Conservador. Según el tribunal electoral, la historíca colectividad habría “tolerado la violación al monto máximo de gastos autorizados para la campaña electoral de su avalada Aida Merlano”.
Para el CNE, la colectividad pudo haber permitido que Merlano se gastara más de $1.000 millones, cuando el máximo fijado por campaña al Senado era de $884 millones. Según la resolución, se encontraron los elementos suficientes para investigar la posible tolerancia del partido que avaló Merlano para que esta violara los montos máximos.
De encontrarse alguna responsabilidad de los conservadores, el partido podría caerle las siguientes sanciones: suspensión o privación de la financiación estatal, la suspensión de la personería jurídica hasta por cuatro años, la suspensión del derecho a inscribir candidatos y hasta la cancelación de la personería jurídica.
Por otro lado, frente a Aida Merlano, el tribunal encontró en las pesquisas previas que Merlano omitió la obligación de nombrar gerente de campaña y de abrir una cuenta única donde centralizar los dineros de su campaña. Asimismo, no presentó los informes de ingresos y egresos de su aspiración.
En este último punto, el CNE encontró que el Partido Conservador cumplió su deber de insistir en que la candidata presentara los informes. Este trabajo no solo lo hizo la colectividad, sino la firma auditora contratada por el partido para hacerle seguimiento a las cuentas. En este aspecto, en la resolución quedó consignado: “Como quiera que el Partido Conservador Colombiano actuó en cumplimientos de los postulados legales que rigen la oportuna y debida presentación de informes, esta corporación se abstendrá de iniciar investigación administrativa en su contra”.