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A través de un oficio enviado al secretario del Senado, Diego González, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó este jueves que el puesto que dejó David Luna en el Senado, tras renunciar para iniciar una campaña presidencial, lo debe ocupar Temístocles Ortega. Se trata del exgobernador del Cauca y quien, de acuerdo con los resultados de las elecciones de 2022, es el candidato no elegido con más votos en la lista de Cambio Radical.
Ortega, quien justo este jueves fue acusado ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento privado, fue designado en 2023 como embajador de Colombia en Chile, por lo que para muchos su regreso al Congreso podría beneficiar al gobierno del presidente Gustavo Petro, que ahora tendría un aliado en la curul que hasta hace algunos días pertenecía a uno de sus más férreos opositores.
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“Conforme lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política y el artículo 278 de la Ley 5 de 1992, le corresponde suplir la vacancia al candidato no elegido que, según el orden de inscripción o votación obtenida, sigue en forma sucesiva en la lista del mismo partido o coalición”, conceptuó el CNE.
Antes de conocerse el pronunciamiento del CNE, en el interior de Cambio Radical algunos intentaban encontrar la fórmula para impedir la llegada de Ortega, pues argumentaban que, con su renuncia al partido, para aterrizar en la campaña de Petro, no tenía derecho a volver al Capitolio como representante de un partido de oposición. Además, el proceso penal en su contra era otro punto que sacaban a relucir para desvirtuar su idoneidad para el cargo. Aún así, legalmente Ortega tiene todos los argumentos a su favor para regresar.
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La acusación contra Temístocles Ortega
Los hechos por los que será juzgado el exgobernador y también excongresista habrían ocurrido cuando fue gobernador del Cauca entre 2012 y 2015. Según lo que encontró la Fiscalía en la investigación en contra del político, es que en su administración buscó ampliar en 200 metros la pista de aterrizaje del aeropuerto del municipio de López de Micay. Dice el ente acusador que en julio de 2013, el entonces gobernador Ortega tramitó el proyecto y la obra fue priorizada con un presupuesto inicial de $2.807′708.294.
La Fiscalía dice que Ortega, como gobernador, llevó a cabo el “contrato No. 1040 de 2014 con sustento en documentación falsa, que a la postre generó un detrimento patrimonial”. Además, que no cumplía con varios requisitos legales. Dice el ente en su escrito de acusación que “en la etapa precontractual no se realizaron los estudios de suelo correspondientes, ya que los presentados son falsos, utilizando para ello el nombre y la firma del ingeniero Víctor Hugo Bautista Ponce, quien de manera tajante afirma que no los elaboró”. Además, el ente acusador encontró que esos mismos estudios fueron el principal argumento para “etapa contractual para soportar la primera suspensión, con fecha 20 abril 2015 por treinta (30) días”.
Esta es la segunda acusación que se presenta en contra de Ortega por los hechos que habrían ocurrido cuando fue gobernador del Cauca. En junio del año pasado, el excongresista y exgobernador fue llamado a juicio por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales por la misma obra.
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