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A pesar de que las consultas interpartidistas que se llevaron a cabo el pasado 11 de marzo -el mismo día de las elecciones legislativas- arrojaron resultados contundentes a favor de uno y otro candidato presidencial, aún permanecen varias preocupaciones en torno a la forma en la que se dio manejo a los datos de los votantes que participaron en ellas.
(Lea: MOE pide destruir material electoral que vulnera datos de votantes en la consulta)
No se trata de una preocupación menor, pues ese día quedaron consignados en un documento escrito los datos de los ciudadanos que escogieron entre los cinco aspirantes a la Casa de Nariño que se midieron ese día en las urnas (Iván Duque, Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez, Gustavo Petro y Carlos Caicedo) y, más aún, la consulta en la cual decidieron participar. Es decir, la de la derecha representada por los tres primeros candidatos, o la de la izquierda, liderada por Petro y Caicedo.
Lo más grave es que a dicha información podían acceder los distintos partidos políticos y, de esa forma, sus directivas hubiesen podido verificar con exactitud qué ciudadano decidió votar en las consultas y a favor de quién lo habían hecho. Así, todas las colectividades habrían podido corroborar qué colombiano acompañó la Gran Consulta por Colombia (alianza entre el uribismo y los movimientos La Patria de Pie y Por una Colombia Honesta y Fuerte), y qué a la Consulta Interpartidista por el Cambio (coalición entre los movimientos MAIS, Colombia Humana y Fuerza Ciudadana).
Ante esa inminente violación al derecho fundamental del voto secreto, no fueron pocas las alertas que se encendieron desde las más altas instancias estatales. La Procuraduría General de la Nación fue la primera en pedir a la organización electoral destruir el material que ponía en riesgo la información de los sufragantes, llamado al que se sumó la Misión de Observación Electoral. Y, acogiendo dicha petición, el Consejo Nacional Electoral preparó un proyecto de ponencia que fue radicado en las últimas horas ante la plenaria de dicho organismo, con el que se ordenaría a la Registraduría destruir los documentos que recolectaron los datos de los votantes.
El Espectador tuvo acceso al borrador de ese proyecto en el que, además, se deja en evidencia la falta de planeación en la que, según el CNE, habría incurrido la Registraduría como principal autoridad a cargo del proceso electoral. “El empadronamiento contiene el nombre, número de cédula de ciudadanía y tarjetón de preferencia política o ideológica de cada ciudadano. Con base en esta información, la Registraduría Nacional puede identificar la tendencia política o ideológica de cada uno de los ciudadanos que participaron de las consultas”, ratifica el documento.
En el mismo sentido, añade que el diseño de los cubículos que fueron instalados en los puestos de votación no cumplió con las condiciones necesarias para garantizar el derecho al voto secreto, tranquilo y adecuado. “Las medidas de los cubículos no facilitaron la apertura completa de los tarjetones, pues por su tamaño estos se los espacios diseñados para su diligenciamiento y tampoco permitían la privacidad”, agrega el proyecto de ponencia.
Aclara el documento puesto a consideración de los magistrados del CNE, que la connotación de ‘dato sensible’ hace referencia a la información relacionada con la orientación política. Y agregó que tampoco se garantizó la disponibilidad de las tarjetas electorales para las consultas, como quedó en evidencia el mismo 11 de marzo. Bajo todas estas consideraciones, las decisiones que tomaría el Consejo Electoral dirigidas a la Registraduría serían las siguientes:
1. Ordenar al registrador nacional, Juan Carlos Galindo, que en el término de cinco días, a partir de la expedición del documento, proceda a la destrucción de la totalidad de las actas de registro de sufragantes de las consultas populares interpartidistas llevadas a cabo el pasado 11 de marzo de 2018.
2. La destrucción de ese material sería llevada a cabo en audiencia pública, con la participación de los representantes de todas las agrupaciones políticas que participaron en las consultas, de los candidatos o sus representantes y de los funcionarios debidamente acreditados de la Procuraduría General de la Nación, de la Fiscalía General de la Nación y de los ciudadanos u organizaciones civiles que manifiesten interés en participar en la misma.
3. Pedir a la Registraduría que en los próximos comicios adecúe los cubículos y las urnas de votación para garantizar el carácter secreto del voto.