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Al parecer, un bloque de congresistas le ganó el pulso al registrador Alexander Vega Rocha sobre la reforma al Código Electoral. Este martes, a través de un comunicado, Vega le pidió al legislativo que debata el proyecto en 2023.
Según el comunicado, la petición la hizo directamente al presidente de la Comisión Primera del Senado, el liberal Fabio Raúl Amín Saleme. A través de una carta, le manifestó a Amín Saleme su intención de que el proyecto se debata a partir de marzo de 2023, la fecha en la que se reanudan las sesiones ordinarias del Congreso.
En ese sentido, Rocha expresó que en caso de que se apruebe un nuevo código electoral, este debería regir a partir de 2024. Por lo tanto, no cobijaría a las elecciones regionales que se llevarán a cabo el 29 de octubre de 2023.
Igualmente, en la misiva el registrador afirmó que se acogía a la propuesta del ministro del Interior, Alfonso Prada, de excluir del proyecto de ley que reforma el Código Electoral las temáticas relacionadas con el registro civil, cuyo contenido data desde 1970. De esa forma, Alexander Vega Rocha reconoció la importancia de que este tema se debata en un proyecto nuevo, a parte del que actualmente se tramita en el legislativo.
“En varias oportunidades, la jurisprudencia de la honorable Corte Constitucional ha exhortado al Gobierno Nacional, al Congreso de la República y a la Registraduría Nacional del Estado Civil a modernizarla”, dijo el funcionario público.
Con esta respuesta, congresistas del centro como Humberto de la Calle, Ariel Ávila, Catherine Juvinao, Jote Pe Hernández, y de derecha, como Paloma Valencia, ganan una pelea cazada que tenían con el Código Electoral de Vega. Incluso parlamentarios de otras colectividades, como el Partido Liberal, aseguraron a este diario que el registrador estaría presionando para que aprobaran de pupitrazo este proyecto que contiene un articulado extenso y robusto. Son cerca de 400 artículos.
Todos ellos pidieron que la iniciativa se debatiera con calma porque había temor de que en ella se anidara la llave para abrirle la puerta a la corrupción. Entre otras cosas porque, de aprobarse tal cual está el texto, se crearía nueva nómina para la entidad y, por lo tanto, la posibilidad de celebrar más contratos.
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