Colombia dispone el regreso de su embajadora a Honduras

El Gobierno de Colombia dispuso el regreso de la embajadora de este país en Honduras, Sonia Pereira, quien fue llamada a consultas en julio pasado tras la crisis desatada en ese país por el golpe de Estado que depuso al presidente Manuel Zelaya, informaron fuentes oficiales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia detalló en un comunicado que el regreso de Pereira a Honduras "responde al llamado hecho por las partes signatarias del Acuerdo Tegucigalpa-San José".

Ese acuerdo, suscrito el pasado 30 de octubre, "se refiere a la normalización de las relaciones de la República de Honduras con la comunidad internacional, luego de las disposiciones adoptadas con motivo de los hechos ocurridos el pasado 28 de junio de 2009", agrega el comunicado.

"De manera coherente con su respeto al Derecho Internacional y a los principios que rigen las relaciones entre Estados, Colombia reitera su respaldo a la solución negociada a la crisis política en Honduras", señaló la cancillería.

Instó, asimismo, "a dar continuidad al diálogo entre hondureños y a los esfuerzos por lograr la reconciliación nacional y el fortalecimiento de la democracia".

El pasado 1 de julio, el Gobierno colombiano llamó a consultas a su embajadora en Tegucigalpa y ratificó así su respaldo a la Resolución sobre la Crisis Política tomada en la víspera por la Organización de Estados Americanos (OEA).

Este organismo dio un plazo de 72 horas al Gobierno de facto hondureño para que restituyera el orden democrático y exigió "la restauración inmediata, segura e incondicional del presidente Zelaya".

Pasados cuatro meses desde entonces, el Gobierno de facto, liderado por Roberto Micheletti, sigue en el poder; mientras Zelaya consideró el pasado sábado fracasado el Acuerdo Tegucigalpa-San José y pidió de nuevo la intervención de la OEA para resolver la crisis.

El acuerdo Tegucigalpa-San José incluye, entre otros puntos, que el Congreso Nacional hondureño debe resolver sobre si se restituye o no en el cargo a Zelaya, derrocado por el golpe de Estado del 28 de junio pasado.

Otros puntos del acuerdo son la renuncia a convocar una Asamblea Constituyente y a la amnistía política, el respaldo a las elecciones del próximo día 29, el traspaso de las Fuerzas Armadas y la Policía al Tribunal Supremo Electoral para el proceso electoral y la normalización de las relaciones de Honduras con la comunidad internacional.

El Gobierno de Colombia dispuso el regreso de la embajadora de este país en Honduras, Sonia Pereira, quien fue llamada a consultas en julio pasado tras la crisis desatada en ese país por el golpe de Estado que depuso al presidente Manuel Zelaya, informaron fuentes oficiales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia detalló en un comunicado que el regreso de Pereira a Honduras "responde al llamado hecho por las partes signatarias del Acuerdo Tegucigalpa-San José".

Ese acuerdo, suscrito el pasado 30 de octubre, "se refiere a la normalización de las relaciones de la República de Honduras con la comunidad internacional, luego de las disposiciones adoptadas con motivo de los hechos ocurridos el pasado 28 de junio de 2009", agrega el comunicado.

"De manera coherente con su respeto al Derecho Internacional y a los principios que rigen las relaciones entre Estados, Colombia reitera su respaldo a la solución negociada a la crisis política en Honduras", señaló la cancillería.

Instó, asimismo, "a dar continuidad al diálogo entre hondureños y a los esfuerzos por lograr la reconciliación nacional y el fortalecimiento de la democracia".

El pasado 1 de julio, el Gobierno colombiano llamó a consultas a su embajadora en Tegucigalpa y ratificó así su respaldo a la Resolución sobre la Crisis Política tomada en la víspera por la Organización de Estados Americanos (OEA).

Este organismo dio un plazo de 72 horas al Gobierno de facto hondureño para que restituyera el orden democrático y exigió "la restauración inmediata, segura e incondicional del presidente Zelaya".

Pasados cuatro meses desde entonces, el Gobierno de facto, liderado por Roberto Micheletti, sigue en el poder; mientras Zelaya consideró el pasado sábado fracasado el Acuerdo Tegucigalpa-San José y pidió de nuevo la intervención de la OEA para resolver la crisis.

El acuerdo Tegucigalpa-San José incluye, entre otros puntos, que el Congreso Nacional hondureño debe resolver sobre si se restituye o no en el cargo a Zelaya, derrocado por el golpe de Estado del 28 de junio pasado.

Otros puntos del acuerdo son la renuncia a convocar una Asamblea Constituyente y a la amnistía política, el respaldo a las elecciones del próximo día 29, el traspaso de las Fuerzas Armadas y la Policía al Tribunal Supremo Electoral para el proceso electoral y la normalización de las relaciones de Honduras con la comunidad internacional.