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Es evidente que en el Gobierno Nacional no cayeron nada bien varias de las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de la visita en terreno que se hizo en Colombia en medio de las protestas en Colombia.
“La CIDH y estos organismos de derechos humanos jamás aplauden a los gobiernos, siempre tiene reparos, siempre tiene actitudes críticas. Muchas veces falta la suficiente objetividad, pero para nosotros esto hace parte de lo que uno sabe que va a suceder, sabíamos que el informe iba a tener críticas, pero también vemos que se hacen reconocimientos importantes”, señaló Ramírez este jueves, en entrevista con La FM.
En ese sentido, dijo que algunas recomendaciones son recibidas con agrado, pero otras no y que, en consecuencia, esas no serán cumplidas. “No tienen un carácter vinculante porque no hacen parte de una investigación al Estado colombiano”, agregó la funcionaria.
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A renglón seguido, hizo énfasis en los bloqueos y a su referencia en el informe de la CIDH. “No se va a acatar esa recomendación porque los bloqueos han hecho daños a la economía, pero lo peor, han amenazado la vida de los colombianos. Impedir el paso de los alimentos, de insumos médicos a los hospitales (…) Todos esos son actos delictivos que están definidos en el Código Penal (…) El Estado no puede permitir ese tipo de bloqueos”. Para Ramírez, los bloqueos estuvieron planeados y financiados. “Esto no era una situación espontánea que se vio en distinto lugares”, expresó la vicepresidenta.
Por otra parte, también insistió, como ya lo han hecho el presidente Iván Duque y el ministro de Defensa, Diego Molano, que la Policía Nacional seguirá bajo el techo del Ministerio de Defensa. “Estando dentro del Ministerio de Defensa puede preservar su doctrina civilista, los elementos que usa la Policía son distintos, su formación es distinta y ahora el presidente quiere reafirmar más ese carácter civilista, creando un viceministerio de seguridad ciudadana para crear protocolo de cercanía del policía al ciudadano”, agregó.
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En un comunicado difundido el miércoles, la también canciller rechazó la creación en Colombia de un “Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia, que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad”.
“Reiteramos que nuestro Estado cuenta con una institucionalidad robusta y sólida, cimentada en principios democráticos y garantías para todos los ciudadanos y, por tanto, no consideramos necesario un mecanismo de seguimiento. En atención al principio de subsidiariedad que rige las actuaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Colombia dispone de mecanismos internos para atender las denuncias presentadas por presuntos casos de vulneraciones a los derechos humanos”, señaló Ramírez en el comunicado.