“Colombia no sabe a cuál Trump tendrá que enfrentar”: Adam Isacson

Pese a la amistosa carta enviada por Trump en las últimas horas al presidente Santos, varias señales de Washington indicarían que las relaciones entre Estados Unidos y Colombia no son, hoy, tan sinceras y solidarias. ¿Está de acuerdo con esta percepción?

Iría más allá y diría que la relación bilateral ha llegado a su peor momento desde el gobierno de Ernesto Samper. No es tan grave como en 1998 -no van a revocarle la visa a ningún miembro del alto gobierno-, pero después de casi 19 años sin casi crítica pública de Estados Unidos contra Colombia, hoy hay una lluvia de regaños, de expresiones de impaciencia y de distanciamientos públicos frente a la política de paz. Los desacuerdos tienen raíces ideológicas: ha llegado al poder en Washington un gobierno de línea dura, muy en sintonía con la derecha colombiana. Pero el tono hostil se debe al presidente mismo, quien también anda irrespetando a aliados en todo el mundo, desde la OTAN hasta Australia y México.

¿Cree que es sincero el cambio de tono del presidente Trump al dirigirse, en las últimas horas, al presidente Santos en los siguientes términos: “Estados Unidos está listo para apoyarlo en sus esfuerzos antinarcóticos (y) simultáneamente estoy trabajando diligentemente para combatir el consumo internamente”?

Supongo que esa carta se redactó después de varias semanas de presenciar el resultado negativo del lenguaje de cuasi-descertificación del 13 de septiembre. Les debió resultar obvio que se dañó la relación binacional y, tal vez, las palabras del ya jubilado Bill Brownfield fueron la gota que rebosó la copa. Los diplomáticos deben haber insistido en hacer un gesto. Es importante que se haya vuelto a reconocer la corresponsabilidad en la política antidrogas, pero Colombia no sabe a cuál Donald Trump tendrá que enfrentar en cualquier momento. Muy fácilmente puede volver al ataque la próxima vez que hable del país.

El episodio más frustrante para el gobierno Santos respecto del de Trump fue el de la cuasi-descertificación del país por el crecimiento de hectáreas cultivadas con hoja de coca. No rajó a Colombia, pero la amenazó. ¿Ese informe es un preámbulo de las decisiones que Washington tomaría pronto o es una presión de mediano y largo plazo?

Fuera de un grupo de funcionarios cercanos a Trump, esa declaración fue frustrante para todos. Decir “casi ponemos a Colombia en la misma categoría de Venezuela” es una bofetada y un grave error estratégico. Me alegró leer que, en una reciente entrevista con El Tiempo, el exsubsecretario de Estado y exembajador en Colombia Bill Brownfield comparte esta valoración. Esa entrevista indica que el lenguaje hostil vino directamente de la Casa Blanca y no del Departamento de Estado. ¿Pero, de quién en la Casa Blanca, si el General Kelly (jefe del gabinete, excomandante del Comando Sur) conoce y admira a Colombia? Puede ser, más bien, del senador Marco Rubio, republicano del Estado de Florida con quien Trump consulta la política de Estados Unidos con respecto a Cuba, Venezuela y Colombia. El senador Rubio, a su turno, consulta con frecuencia a Álvaro Uribe. De todos modos y al final de cuentas, nadie cree que vaya a descertificar a Colombia. Es otra amenaza vacía, como la “opción militar” para Venezuela, obligar a México a financiar una muralla o echar “fuego y furia” sobre Norcorea.

Ya que usted lo menciona, el gobierno Trump sería cercano a los políticos colombianos más conservadores. Como este grupo es el opositor del gobierno Santos y del Acuerdo, ¿es posible que los funcionarios norteamericanos que toman decisiones en Washington estén influenciados por estos nacionales?

Sí. Hay un sector del Partido Republicano (y unos demócratas también) que recibe buena parte de la información sobre Colombia a través de la oposición. Pero también, a veces, esas perspectivas críticas vienen de la comunidad colombiana en Estados Unidos, que, como sucede con muchas diásporas, es más conservadora que la que vive en el país. Eso es normal, siempre pasa. El problema se presenta cuando esas informaciones incluyen datos falsos como que “la JEP está compuesta por gente de las Farc que va a juzgar a los militares” o como que “dejar de fumigar cultivos ilícitos fue un pacto del Acuerdo de Paz”.

Después de la primera advertencia de certificación “raspando”, la DEA publicó otro informe sobre la misma materia: cultivos de coca. ¿Esa insistencia implica que Estados Unidos presiona a Colombia para que abandone la erradicación manual y en su lugar reactive la aspersión aérea?

El informe de la DEA es anual y para reportar sus estimaciones de producción y tráfico que reflejan la misma tendencia que las de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Pero por lo menos el informe de la DEA no le echa toda la culpa de aumento de cultivos al Acuerdo de Paz -una distorsión de la realidad que se escucha mucho en Washington-, e informa sobre otros factores graves que inciden en el fenómeno, como el clan del Golfo. Tanto el gobierno de Obama -de manera menos ruidosa- como el de Trump han dicho que preferirían que se vuelva a fumigar por aire en Colombia: a pesar de las evidencias, muchos funcionarios ven este método como si fuera la “herramienta indispensable.” Pero no presionan seriamente a la administración Santos a iniciarla de nuevo. Tal vez la verdadera presión va a recaer en el próximo gobierno.

Los funcionarios colombianos están entre dos fuegos: de un lado, Washington exigiendo resultados en disminución de cultivos. Y del otro, las poblaciones campesinas que quieren colaborar con la erradicación pero si les ofrecen un medio alternativo de subsistencia. ¿Existe una tercera vía que respete los derechos de los campesinos y que haga eficiente, simultáneamente, la erradicación?

No existe ninguna solución que, primero, logre reducir los cultivos en el corto plazo y, segundo, mantenga esas reducciones de manera permanente. Es el primero o el segundo: escoja uno. Evidentemente, el gobierno Trump está mucho más interesado en el primero: reducción de corto plazo. Pero si se erradica sin establecer la presencia del Estado con servicios básicos, ¿qué sucedería? Que se resiembra casi inmediatamente. También es cortoplacista el plan del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS) del cuarto capítulo del Acuerdo de Paz, si se lleva a cabo sin soluciones de base. Sustituir cultivos por dos años está muy bien, pero, ¿qué pasa cuando venzan esos dos años y no se haya establecido la gobernabilidad ni los servicios? El resultado sería igual: resiembra. Urge una estrategia de largo plazo. Sin embargo creo, como el exsubsecretario Brownfield, que la erradicación de este año conducirá a una reducción. Espero que eso le permita a Colombia enfocarse en estrategias duraderas sin tener que sufrir regaños constantes.

¿Cuál podría ser una estrategia sostenible en el tiempo? Parece imposible…

Una estrategia de largo plazo implica que el Estado llegue a las zonas abandonadas en donde los habitantes pueden estar meses o años sin ver a los representantes no uniformados del Estado. Desarmar a las Farc fue un buen primer paso, porque ya se puede llegar sin tener que conquistar el territorio. Y reintegrarlas es crucial para mantener la seguridad, pero ese esfuerzo está muy atrasado. El segundo paso es iniciar grandes inversiones en el campo, inversiones que están previstas en el primer capítulo del Acuerdo y en los programas de la Agencia de Renovación Territorial. Esta implementación también va moviéndose a paso de tortuga con muy pocos recursos. Una vez haya avances en estos campos, se podría hacer la erradicación y sustitución de cultivos con alguna esperanza de que tenga efectos duraderos. Pero, desafortunadamente, debido a las presiones generadas por la bonanza de coca y por los mensajes de Washington, se está empezando con el último paso.

El incremento del uso de la fuerza policial contra la población civil y, pese a ello, el continuo aumento en el número de hectáreas, ¿demuestra el fracaso de la política de erradicación manual y tras ésta de los pactos del Acuerdo de Paz?

Es demasiado temprano juzgar el desempeño de los pactos del Acuerdo de Paz cuya implementación apenas se ha iniciado. Pero los episodios del uso de la fuerza son sintomáticos de lo que pasa cuando se erradica forzadamente sin que el Estado le ofrezca siquiera servicios básicos a la población. La gente se resiste a pasar hambre. El ejemplo más notorio de esas situaciones ocurrió en Bolivia a principios del siglo. Allá, el llamado Plan Dignidad, apoyado por Estados Unidos, incrementó drásticamente la erradicación forzosa. Sí, hubo una reducción temporal de la coca. Pero también un movimiento de rechazo que impulsó a Evo Morales a la notoriedad nacional y después a la Presidencia. Sin el Plan Dignidad, ¿quién sería Evo Morales hoy? Probablemente el jefe de un sindicato cocalero, líder de un movimiento social poco conocido fuera de su lejana región del Chapare.

Estados Unidos pretende disminuir su asistencia económica a Colombia y si es consecuente con las políticas generales de la administración Trump, también habrá recortes en asistencia técnica, logística, etc. Estos propósitos, ¿demuestran que el gobierno estadounidense retiraría paulatinamente su apoyo al Acuerdo y al gobierno Santos más allá de las palabras diplomáticas que le envía?

El gobierno Trump ha buscado recortar la asistencia tanto militar como económica a todo el mundo. Para Colombia, su solicitud para 2018 ante el Congreso, divulgada en mayo, buscaba disminuirla de US$391 a US$251 millones. (Aproximadamente US$50 millones más van a través del presupuesto de Defensa). Pero la mayoría republicana en el Congreso ha rechazado esa propuesta y no comparte el lema “primero América.” En la Cámara decidieron darle US$336 millones, y el Senado mantuvo totalmente el paquete “Paz Colombia” a niveles de 2017, en US$391 millones. El Congreso no ha terminado de trabajar el presupuesto de ayuda para 2018, pero las cifras hacen evidente que tiene más interés en que prospere el Acuerdo de Paz que el que tiene la Casa Blanca.

Se ha informado en varios medios que el reemplazo del embajador Whitaker sería Joseph Macmanus. Si este nombramiento se concreta, ¿sería demostración de que Estados Unidos va a ser más o menos cooperativo con Colombia y su Acuerdo de Paz?

Joseph McManus ha sido diplomático de carrera desde 1986, y los diplomáticos normalmente esconden sus creencias políticas y sirven al presidente de turno. No lo conozco, porque lleva pocos años trabajando sobre temas de América Latina. Hasta cierto punto, su nombramiento es un alivio: se había rumorado que la Casa Blanca pretendía nombrar a un embajador “político”, es decir, a algún aliado sin carrera en el cuerpo diplomático profesional pero fiel creyente de la causa Trumpista. Puede resultar que McManus tenga esas proclividades personales, pero, de otro lado, también fue alto asesor de Hillary Clinton y de John Kerry cuando éstos dirigieron el Departamento de Estado en los gobiernos de Obama. Por eso, los medios de derecha han dicho que existe oposición del ala más conservadora de la administración, al nombramiento de MacManus. Habrá que esperar.

Pero, en sentido contrario, El Espectador reportó lo que el medio web The New American describió como “escandalosa manera en que se está moviendo la administración Trump para instalar a Macmanus en Bogotá”…

The New American es una pequeña publicación digital de fuerte línea pro Trump y es uno de los medios de derecha que buscan bloquear a MacManus por estar, a su juicio, demasiado ligado al gobierno Obama. Ese grupo está presionando para que Trump nombre a alguien más “puro” en su ideología “primero América.” Lo cierto es que no resulta probable que prospere el nombramiento de alguien “duro” porque se necesita la aprobación del Senado. Y allí, aunque los republicanos tienen 52 de 100 escaños, hay un número de ellos anti-Trump, entre otros, el jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Bob Corker, que nunca votaría por un embajador con esas condiciones.

“Nadie debe perder la vida”

Los conflictos entre campesinos y la fuerza pública se están repitiendo. La situación de Tumaco, en donde hubo varios muertos es sintomática ¿Son corresponsables de esta tensión Colombia y Estados Unidos cuya presión para reducir los cultivos puede tener incidencia en el afán de dar resultados?

Hay un patrón aquí que me parece extremadamente grave. En marzo, Estados Unidos y Colombia se pusieron de acuerdo en un plan de seis puntos para reducir los cultivos. El quinto punto era “una estrategia para abordar las realidades de las protestas cocaleras.” Desde entonces, en foros públicos, el exsubsecretario Brownfield se quejó varias veces por las erradicaciones frustradas por las protestas. “Esto es absurdo,” dijo a mediados de septiembre. “El gobierno debe darles a la Policía y al Ejército, autoridad  y reglas claras del uso de la fuerza.” Me imagino que, de manera privada, los mensajes fueron más fuertes. Mi sospecha es que estas presiones crearon un ambiente propicio para episodios como el de Tumaco. En vez de “hay que fortalecer sus procedimientos de uso de fuerza,” el mensaje que se escuchó parece haber sido “hay que darles más duro a los manifestantes.” Nadie, ni en el campesinado ni en la Fuerza Pública, debe perder la vida por la búsqueda de una cifra efímera de menos hectáreas.

“La derecha colombiana tiene una línea semidirecta con la Casa Blanca”

Ocurrió hace pocos meses un incidente social menor pero no por ello, sin importancia: los expresidentes Uribe y Pastrana, contradictores de Santos y opositores del Acuerdo de Paz, se habrían saludado cordialmente en Mar –a – Lago con Trump antes de que este recibiera al jefe de Estado colombiano. Ese encuentro, ¿qué significa para usted?

Los reportajes mediáticos indican que el senador Rubio jugó un papel en el arreglo de ese encuentro. Es un buen ejemplo de cómo la derecha colombiana ha establecido una línea semidirecta con la Casa Blanca para ser escuchada en temas de política de su país.

Si el gobierno Trump le retirara del todo su respaldo al Acuerdo de Paz, ¿cuánto cree usted que se afectaría el éxito del proceso en Colombia?

Sería gravísimo. Estados Unidos financió la guerra cien veces más generosamente que cualquier otro país. Por eso es tan importante su apoyo político a la paz. Retirar ese apoyo le quitaría una fuente importante de legitimidad al Acuerdo. Aún ahora, ha dejado un vacío importante la ausencia de un enviado especial a Colombia (del gobierno Trump para asuntos del Acuerdo).

Pese a la amistosa carta enviada por Trump en las últimas horas al presidente Santos, varias señales de Washington indicarían que las relaciones entre Estados Unidos y Colombia no son, hoy, tan sinceras y solidarias. ¿Está de acuerdo con esta percepción?

Iría más allá y diría que la relación bilateral ha llegado a su peor momento desde el gobierno de Ernesto Samper. No es tan grave como en 1998 -no van a revocarle la visa a ningún miembro del alto gobierno-, pero después de casi 19 años sin casi crítica pública de Estados Unidos contra Colombia, hoy hay una lluvia de regaños, de expresiones de impaciencia y de distanciamientos públicos frente a la política de paz. Los desacuerdos tienen raíces ideológicas: ha llegado al poder en Washington un gobierno de línea dura, muy en sintonía con la derecha colombiana. Pero el tono hostil se debe al presidente mismo, quien también anda irrespetando a aliados en todo el mundo, desde la OTAN hasta Australia y México.

¿Cree que es sincero el cambio de tono del presidente Trump al dirigirse, en las últimas horas, al presidente Santos en los siguientes términos: “Estados Unidos está listo para apoyarlo en sus esfuerzos antinarcóticos (y) simultáneamente estoy trabajando diligentemente para combatir el consumo internamente”?

Supongo que esa carta se redactó después de varias semanas de presenciar el resultado negativo del lenguaje de cuasi-descertificación del 13 de septiembre. Les debió resultar obvio que se dañó la relación binacional y, tal vez, las palabras del ya jubilado Bill Brownfield fueron la gota que rebosó la copa. Los diplomáticos deben haber insistido en hacer un gesto. Es importante que se haya vuelto a reconocer la corresponsabilidad en la política antidrogas, pero Colombia no sabe a cuál Donald Trump tendrá que enfrentar en cualquier momento. Muy fácilmente puede volver al ataque la próxima vez que hable del país.

El episodio más frustrante para el gobierno Santos respecto del de Trump fue el de la cuasi-descertificación del país por el crecimiento de hectáreas cultivadas con hoja de coca. No rajó a Colombia, pero la amenazó. ¿Ese informe es un preámbulo de las decisiones que Washington tomaría pronto o es una presión de mediano y largo plazo?

Fuera de un grupo de funcionarios cercanos a Trump, esa declaración fue frustrante para todos. Decir “casi ponemos a Colombia en la misma categoría de Venezuela” es una bofetada y un grave error estratégico. Me alegró leer que, en una reciente entrevista con El Tiempo, el exsubsecretario de Estado y exembajador en Colombia Bill Brownfield comparte esta valoración. Esa entrevista indica que el lenguaje hostil vino directamente de la Casa Blanca y no del Departamento de Estado. ¿Pero, de quién en la Casa Blanca, si el General Kelly (jefe del gabinete, excomandante del Comando Sur) conoce y admira a Colombia? Puede ser, más bien, del senador Marco Rubio, republicano del Estado de Florida con quien Trump consulta la política de Estados Unidos con respecto a Cuba, Venezuela y Colombia. El senador Rubio, a su turno, consulta con frecuencia a Álvaro Uribe. De todos modos y al final de cuentas, nadie cree que vaya a descertificar a Colombia. Es otra amenaza vacía, como la “opción militar” para Venezuela, obligar a México a financiar una muralla o echar “fuego y furia” sobre Norcorea.

Ya que usted lo menciona, el gobierno Trump sería cercano a los políticos colombianos más conservadores. Como este grupo es el opositor del gobierno Santos y del Acuerdo, ¿es posible que los funcionarios norteamericanos que toman decisiones en Washington estén influenciados por estos nacionales?

Sí. Hay un sector del Partido Republicano (y unos demócratas también) que recibe buena parte de la información sobre Colombia a través de la oposición. Pero también, a veces, esas perspectivas críticas vienen de la comunidad colombiana en Estados Unidos, que, como sucede con muchas diásporas, es más conservadora que la que vive en el país. Eso es normal, siempre pasa. El problema se presenta cuando esas informaciones incluyen datos falsos como que “la JEP está compuesta por gente de las Farc que va a juzgar a los militares” o como que “dejar de fumigar cultivos ilícitos fue un pacto del Acuerdo de Paz”.

Después de la primera advertencia de certificación “raspando”, la DEA publicó otro informe sobre la misma materia: cultivos de coca. ¿Esa insistencia implica que Estados Unidos presiona a Colombia para que abandone la erradicación manual y en su lugar reactive la aspersión aérea?

El informe de la DEA es anual y para reportar sus estimaciones de producción y tráfico que reflejan la misma tendencia que las de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Pero por lo menos el informe de la DEA no le echa toda la culpa de aumento de cultivos al Acuerdo de Paz -una distorsión de la realidad que se escucha mucho en Washington-, e informa sobre otros factores graves que inciden en el fenómeno, como el clan del Golfo. Tanto el gobierno de Obama -de manera menos ruidosa- como el de Trump han dicho que preferirían que se vuelva a fumigar por aire en Colombia: a pesar de las evidencias, muchos funcionarios ven este método como si fuera la “herramienta indispensable.” Pero no presionan seriamente a la administración Santos a iniciarla de nuevo. Tal vez la verdadera presión va a recaer en el próximo gobierno.

Los funcionarios colombianos están entre dos fuegos: de un lado, Washington exigiendo resultados en disminución de cultivos. Y del otro, las poblaciones campesinas que quieren colaborar con la erradicación pero si les ofrecen un medio alternativo de subsistencia. ¿Existe una tercera vía que respete los derechos de los campesinos y que haga eficiente, simultáneamente, la erradicación?

No existe ninguna solución que, primero, logre reducir los cultivos en el corto plazo y, segundo, mantenga esas reducciones de manera permanente. Es el primero o el segundo: escoja uno. Evidentemente, el gobierno Trump está mucho más interesado en el primero: reducción de corto plazo. Pero si se erradica sin establecer la presencia del Estado con servicios básicos, ¿qué sucedería? Que se resiembra casi inmediatamente. También es cortoplacista el plan del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS) del cuarto capítulo del Acuerdo de Paz, si se lleva a cabo sin soluciones de base. Sustituir cultivos por dos años está muy bien, pero, ¿qué pasa cuando venzan esos dos años y no se haya establecido la gobernabilidad ni los servicios? El resultado sería igual: resiembra. Urge una estrategia de largo plazo. Sin embargo creo, como el exsubsecretario Brownfield, que la erradicación de este año conducirá a una reducción. Espero que eso le permita a Colombia enfocarse en estrategias duraderas sin tener que sufrir regaños constantes.

¿Cuál podría ser una estrategia sostenible en el tiempo? Parece imposible…

Una estrategia de largo plazo implica que el Estado llegue a las zonas abandonadas en donde los habitantes pueden estar meses o años sin ver a los representantes no uniformados del Estado. Desarmar a las Farc fue un buen primer paso, porque ya se puede llegar sin tener que conquistar el territorio. Y reintegrarlas es crucial para mantener la seguridad, pero ese esfuerzo está muy atrasado. El segundo paso es iniciar grandes inversiones en el campo, inversiones que están previstas en el primer capítulo del Acuerdo y en los programas de la Agencia de Renovación Territorial. Esta implementación también va moviéndose a paso de tortuga con muy pocos recursos. Una vez haya avances en estos campos, se podría hacer la erradicación y sustitución de cultivos con alguna esperanza de que tenga efectos duraderos. Pero, desafortunadamente, debido a las presiones generadas por la bonanza de coca y por los mensajes de Washington, se está empezando con el último paso.

El incremento del uso de la fuerza policial contra la población civil y, pese a ello, el continuo aumento en el número de hectáreas, ¿demuestra el fracaso de la política de erradicación manual y tras ésta de los pactos del Acuerdo de Paz?

Es demasiado temprano juzgar el desempeño de los pactos del Acuerdo de Paz cuya implementación apenas se ha iniciado. Pero los episodios del uso de la fuerza son sintomáticos de lo que pasa cuando se erradica forzadamente sin que el Estado le ofrezca siquiera servicios básicos a la población. La gente se resiste a pasar hambre. El ejemplo más notorio de esas situaciones ocurrió en Bolivia a principios del siglo. Allá, el llamado Plan Dignidad, apoyado por Estados Unidos, incrementó drásticamente la erradicación forzosa. Sí, hubo una reducción temporal de la coca. Pero también un movimiento de rechazo que impulsó a Evo Morales a la notoriedad nacional y después a la Presidencia. Sin el Plan Dignidad, ¿quién sería Evo Morales hoy? Probablemente el jefe de un sindicato cocalero, líder de un movimiento social poco conocido fuera de su lejana región del Chapare.

Estados Unidos pretende disminuir su asistencia económica a Colombia y si es consecuente con las políticas generales de la administración Trump, también habrá recortes en asistencia técnica, logística, etc. Estos propósitos, ¿demuestran que el gobierno estadounidense retiraría paulatinamente su apoyo al Acuerdo y al gobierno Santos más allá de las palabras diplomáticas que le envía?

El gobierno Trump ha buscado recortar la asistencia tanto militar como económica a todo el mundo. Para Colombia, su solicitud para 2018 ante el Congreso, divulgada en mayo, buscaba disminuirla de US$391 a US$251 millones. (Aproximadamente US$50 millones más van a través del presupuesto de Defensa). Pero la mayoría republicana en el Congreso ha rechazado esa propuesta y no comparte el lema “primero América.” En la Cámara decidieron darle US$336 millones, y el Senado mantuvo totalmente el paquete “Paz Colombia” a niveles de 2017, en US$391 millones. El Congreso no ha terminado de trabajar el presupuesto de ayuda para 2018, pero las cifras hacen evidente que tiene más interés en que prospere el Acuerdo de Paz que el que tiene la Casa Blanca.

Se ha informado en varios medios que el reemplazo del embajador Whitaker sería Joseph Macmanus. Si este nombramiento se concreta, ¿sería demostración de que Estados Unidos va a ser más o menos cooperativo con Colombia y su Acuerdo de Paz?

Joseph McManus ha sido diplomático de carrera desde 1986, y los diplomáticos normalmente esconden sus creencias políticas y sirven al presidente de turno. No lo conozco, porque lleva pocos años trabajando sobre temas de América Latina. Hasta cierto punto, su nombramiento es un alivio: se había rumorado que la Casa Blanca pretendía nombrar a un embajador “político”, es decir, a algún aliado sin carrera en el cuerpo diplomático profesional pero fiel creyente de la causa Trumpista. Puede resultar que McManus tenga esas proclividades personales, pero, de otro lado, también fue alto asesor de Hillary Clinton y de John Kerry cuando éstos dirigieron el Departamento de Estado en los gobiernos de Obama. Por eso, los medios de derecha han dicho que existe oposición del ala más conservadora de la administración, al nombramiento de MacManus. Habrá que esperar.

Pero, en sentido contrario, El Espectador reportó lo que el medio web The New American describió como “escandalosa manera en que se está moviendo la administración Trump para instalar a Macmanus en Bogotá”…

The New American es una pequeña publicación digital de fuerte línea pro Trump y es uno de los medios de derecha que buscan bloquear a MacManus por estar, a su juicio, demasiado ligado al gobierno Obama. Ese grupo está presionando para que Trump nombre a alguien más “puro” en su ideología “primero América.” Lo cierto es que no resulta probable que prospere el nombramiento de alguien “duro” porque se necesita la aprobación del Senado. Y allí, aunque los republicanos tienen 52 de 100 escaños, hay un número de ellos anti-Trump, entre otros, el jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Bob Corker, que nunca votaría por un embajador con esas condiciones.

“Nadie debe perder la vida”

Los conflictos entre campesinos y la fuerza pública se están repitiendo. La situación de Tumaco, en donde hubo varios muertos es sintomática ¿Son corresponsables de esta tensión Colombia y Estados Unidos cuya presión para reducir los cultivos puede tener incidencia en el afán de dar resultados?

Hay un patrón aquí que me parece extremadamente grave. En marzo, Estados Unidos y Colombia se pusieron de acuerdo en un plan de seis puntos para reducir los cultivos. El quinto punto era “una estrategia para abordar las realidades de las protestas cocaleras.” Desde entonces, en foros públicos, el exsubsecretario Brownfield se quejó varias veces por las erradicaciones frustradas por las protestas. “Esto es absurdo,” dijo a mediados de septiembre. “El gobierno debe darles a la Policía y al Ejército, autoridad  y reglas claras del uso de la fuerza.” Me imagino que, de manera privada, los mensajes fueron más fuertes. Mi sospecha es que estas presiones crearon un ambiente propicio para episodios como el de Tumaco. En vez de “hay que fortalecer sus procedimientos de uso de fuerza,” el mensaje que se escuchó parece haber sido “hay que darles más duro a los manifestantes.” Nadie, ni en el campesinado ni en la Fuerza Pública, debe perder la vida por la búsqueda de una cifra efímera de menos hectáreas.

“La derecha colombiana tiene una línea semidirecta con la Casa Blanca”

Ocurrió hace pocos meses un incidente social menor pero no por ello, sin importancia: los expresidentes Uribe y Pastrana, contradictores de Santos y opositores del Acuerdo de Paz, se habrían saludado cordialmente en Mar –a – Lago con Trump antes de que este recibiera al jefe de Estado colombiano. Ese encuentro, ¿qué significa para usted?

Los reportajes mediáticos indican que el senador Rubio jugó un papel en el arreglo de ese encuentro. Es un buen ejemplo de cómo la derecha colombiana ha establecido una línea semidirecta con la Casa Blanca para ser escuchada en temas de política de su país.

Si el gobierno Trump le retirara del todo su respaldo al Acuerdo de Paz, ¿cuánto cree usted que se afectaría el éxito del proceso en Colombia?

Sería gravísimo. Estados Unidos financió la guerra cien veces más generosamente que cualquier otro país. Por eso es tan importante su apoyo político a la paz. Retirar ese apoyo le quitaría una fuente importante de legitimidad al Acuerdo. Aún ahora, ha dejado un vacío importante la ausencia de un enviado especial a Colombia (del gobierno Trump para asuntos del Acuerdo).