Colombia y el mundo en dos años de Iván Duque

La política exterior de un Estado democrático tiene como objetivo defender y promover los intereses supremos de la nación en múltiples escenarios: comercio, seguridad colectiva, alianzas, fronteras, cooperación, expatriados, reputación internacional, multilateralismo y promoción de principios y valores. La política exterior es, además, producto de la situación interna del país y quizás es Colombia uno de los más elocuentes ejemplos, pues sus variados conflictos internos han requerido la asistencia externa, al igual que lo ha requerido la búsqueda de la paz.

Hasta la llegada de la pandemia, la política exterior del gobierno Duque, en buena medida, giraba en torno a la agenda interna: la crisis migratoria venezolana, la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc y la lucha contra el crimen organizado en todas sus facetas, con el trasfondo de 200.000 hectáreas sembradas de coca heredadas de la administración anterior. Es digna de encomio la postura adoptada por el Gobierno frente a los casi dos millones de migrantes venezolanos y las acciones emprendidas para su absorción en el país, incluyendo los derechos otorgados a los hijos de los refugiados nacidos en Colombia.

Lea también: Dos años de Duque: el sombrío panorama político

Adicionalmente, el presidente Duque ha llevado a cabo una política exterior que tiene como eje la defensa de la democracia, liderando el cerco diplomático a Maduro, que, si bien no ha dado los resultados deseados, sí ha puesto el asunto en el centro de la agenda continental, evidenciando —no es que hiciera falta— la naturaleza tiránica del inquilino de Miraflores y su caterva de áulicos, varios solicitados por la justicia internacional. En ese mismo orden, está también la rápida reacción de rechazo al intento de Evo Morales de permanecer fraudulentamente en la presidencia de Bolivia. A Colombia se le puede agradecer que ese embeleco llamado Unasur finalmente haya fenecido, aunque sus exequias no se han llevado a cabo aún.

Colombia continúa, como hace un siglo, siendo el principal aliado de Estados Unidos en la región, relación de la cual ha sido gran beneficiario. Gracias al Plan Colombia, durante el cual el país recibió la “bicoca” de US$10.000 millones en asistencia militar y social, se crearon las circunstancias conducentes al Acuerdo de Paz. Estados Unidos ha sido el país que más ha colaborado con la situación migratoria de los venezolanos, y sigue haciéndolo en la lucha contra el crimen y con “Paz Colombia” asiste en la implementación de los acuerdos de La Habana. Además, el TLC con los estadounidenses le abre al país grandes oportunidades ante la reconfiguración de las cadenas globales de suministro.

La implementación del Acuerdo de Paz está exhibida en una vitrina internacional a la vista de todos, alumbrada por el seguimiento que hace el Consejo de Seguridad de la ONU. Como cualquier acuerdo de paz en el mundo, el nuestro no es perfecto y su implementación no es ajena a sobresaltos y obstáculos; sin embargo, se reconocen los avances —informe Instituto Kroc—, al igual que se registran los ítems donde hay tareas pendientes. La muerte de líderes sociales ensombrece el panorama y obliga a una mayor acción del Estado.

En temas menos vistosos, pero no menos importantes, Colombia lidera iniciativas ambientales como el Pacto de Leticia, que busca establecer una gobernanza efectiva en la Amazonia. La iniciativa de Prosur impulsada en conjunto con Chile crea un foro, que no otro organismo burocratizado, de los países democráticos para diseñar políticas conjuntas frente a los desafíos actuales. De igual manera, el Gobierno pone en marcha el proceso de inserción en la OECD, club de países democráticos que promueve las “buenas prácticas”, del cual Colombia tiene mucho para beneficiarse. La Alianza del Pacífico, algo frenada al comienzo de esta administración, adquiere nuevos bríos frente a la crisis del COVID-19, con las iniciativas de la creación del Talento Digital, una reactivación conjunta del turismo y apertura común hacia nuevos mercados.

Lea también: “Para mí lo importante son las soluciones, no las agresiones”: Iván Duque

Lo que ha hecho Colombia frente a la pandemia no difiere de los demás estados: entrar al juego del “sálvese quien pueda”, cerrar sus fronteras y buscar a como dé lugar acceso a insumos médicos, ventiladores y, obviamente, la vacuna, cuando esté disponible. El desafío es de tal magnitud, tantas son las incertidumbres, que la política se debe ir ajustando casi que a diario y la perfección en la gestión no existe.

* Analista internacional y columnista de El Espectador.

La política exterior de un Estado democrático tiene como objetivo defender y promover los intereses supremos de la nación en múltiples escenarios: comercio, seguridad colectiva, alianzas, fronteras, cooperación, expatriados, reputación internacional, multilateralismo y promoción de principios y valores. La política exterior es, además, producto de la situación interna del país y quizás es Colombia uno de los más elocuentes ejemplos, pues sus variados conflictos internos han requerido la asistencia externa, al igual que lo ha requerido la búsqueda de la paz.

Hasta la llegada de la pandemia, la política exterior del gobierno Duque, en buena medida, giraba en torno a la agenda interna: la crisis migratoria venezolana, la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc y la lucha contra el crimen organizado en todas sus facetas, con el trasfondo de 200.000 hectáreas sembradas de coca heredadas de la administración anterior. Es digna de encomio la postura adoptada por el Gobierno frente a los casi dos millones de migrantes venezolanos y las acciones emprendidas para su absorción en el país, incluyendo los derechos otorgados a los hijos de los refugiados nacidos en Colombia.

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Adicionalmente, el presidente Duque ha llevado a cabo una política exterior que tiene como eje la defensa de la democracia, liderando el cerco diplomático a Maduro, que, si bien no ha dado los resultados deseados, sí ha puesto el asunto en el centro de la agenda continental, evidenciando —no es que hiciera falta— la naturaleza tiránica del inquilino de Miraflores y su caterva de áulicos, varios solicitados por la justicia internacional. En ese mismo orden, está también la rápida reacción de rechazo al intento de Evo Morales de permanecer fraudulentamente en la presidencia de Bolivia. A Colombia se le puede agradecer que ese embeleco llamado Unasur finalmente haya fenecido, aunque sus exequias no se han llevado a cabo aún.

Colombia continúa, como hace un siglo, siendo el principal aliado de Estados Unidos en la región, relación de la cual ha sido gran beneficiario. Gracias al Plan Colombia, durante el cual el país recibió la “bicoca” de US$10.000 millones en asistencia militar y social, se crearon las circunstancias conducentes al Acuerdo de Paz. Estados Unidos ha sido el país que más ha colaborado con la situación migratoria de los venezolanos, y sigue haciéndolo en la lucha contra el crimen y con “Paz Colombia” asiste en la implementación de los acuerdos de La Habana. Además, el TLC con los estadounidenses le abre al país grandes oportunidades ante la reconfiguración de las cadenas globales de suministro.

La implementación del Acuerdo de Paz está exhibida en una vitrina internacional a la vista de todos, alumbrada por el seguimiento que hace el Consejo de Seguridad de la ONU. Como cualquier acuerdo de paz en el mundo, el nuestro no es perfecto y su implementación no es ajena a sobresaltos y obstáculos; sin embargo, se reconocen los avances —informe Instituto Kroc—, al igual que se registran los ítems donde hay tareas pendientes. La muerte de líderes sociales ensombrece el panorama y obliga a una mayor acción del Estado.

En temas menos vistosos, pero no menos importantes, Colombia lidera iniciativas ambientales como el Pacto de Leticia, que busca establecer una gobernanza efectiva en la Amazonia. La iniciativa de Prosur impulsada en conjunto con Chile crea un foro, que no otro organismo burocratizado, de los países democráticos para diseñar políticas conjuntas frente a los desafíos actuales. De igual manera, el Gobierno pone en marcha el proceso de inserción en la OECD, club de países democráticos que promueve las “buenas prácticas”, del cual Colombia tiene mucho para beneficiarse. La Alianza del Pacífico, algo frenada al comienzo de esta administración, adquiere nuevos bríos frente a la crisis del COVID-19, con las iniciativas de la creación del Talento Digital, una reactivación conjunta del turismo y apertura común hacia nuevos mercados.

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Lo que ha hecho Colombia frente a la pandemia no difiere de los demás estados: entrar al juego del “sálvese quien pueda”, cerrar sus fronteras y buscar a como dé lugar acceso a insumos médicos, ventiladores y, obviamente, la vacuna, cuando esté disponible. El desafío es de tal magnitud, tantas son las incertidumbres, que la política se debe ir ajustando casi que a diario y la perfección en la gestión no existe.

* Analista internacional y columnista de El Espectador.