Análisis: Colombia y su apuesta por la seguridad humana

La designación de Iván Velásquez en la cartera de defensa allana el camino para que Colombia transite de una doctrina militar-policial que priorizaba la seguridad nacional, basada en la idea de la defensa de la soberanía nacional y la lucha anti subversiva, a una que privilegie la “seguridad humana” como el propio mandatario lo ha reconocido. ¿Qué significa esa transición? ¿Hasta qué punto es viable? ¿Qué retos supone en el corto plazo?

La seguridad humana surgió formalmente como noción de la política internacional a mediados de los 90 (aunque tiene antecedentes) cuando el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan propuso un concepto que se fuera distanciando de la disuasión nuclear y se centrara en el ser humano. Dicho de otro modo, se trataba de acercar la seguridad a la ciudadanía. Los antecedentes en América Latina en las épocas de los gobiernos militares, mostraban regímenes que privilegiaban la seguridad del Estado a expensas de los derechos de la ciudadanía. Pues bien, la seguridad humana no solo busca ubicar al ciudadano en el centro, sino actualizar el campo para incluir riesgos provenientes parcialmente de la naturaleza como la protección del medio ambiente, las reacciones frente a catástrofes naturales, y la gestión de las migraciones entre otras.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político

Varios Estados han pasado por transiciones de ese corte, o bien por cambios en el sistema político, como en los países de Europa Central y Oriental tras superar la tutela soviética o con posterioridad a la firma de acuerdos de paz como en Centroamérica. En esta última se pactó la doctrina de seguridad democrática (muy distinta a la acuñada por el uribismo) similar a la humana por la que apuestan Petro y Velásquez. También es prudente recordar que Colombia ya ha vivido cambios importantes en su sector seguridad y defensa asimilables a una extensa transición. Basta recordar la refundación constitucional de 1991, y el retorno de civiles a la cartera de Defensa con Rafael Pardo, o el acompañamiento de militares y policías a los procesos de paz con las guerrillas. En épocas más recientes, Colombia ha tenido cúpulas militares sensibles a la paz como las que estuvieron en cabeza de Fernando Tapias Stahelin durante la administración de Andrés Pastrana o Alberto José Mejía con Juan Manuel Santos. Durante la negociación con las FARC, militares y policías (activos y en retiro) fueron protagonistas. Sumando todo lo anterior, se podría concluir que esta transición ya ha debutado o al menos tienen antecedentes.

Por ende, esta etapa puede entenderse como una evolución de la seguridad y de la defensa que ha estado condicionada por distintos procesos de paz, como el que acabó en la desmovilización del M19 a comienzos de los 90, o los Acuerdos de La Habana. Ese posacuerdo por imperfecto que sea, impone cambios del sector seguridad y defensa. Se trataría de adaptarlo a la idea de “paz total” que el gobierno actual ha propuesto y presupone que los derechos humanos no son un tema subsidiario, sino que componen la esencia del discurso sobre seguridad. Tanto Fuerzas Militares como Policía tendrían que privilegiar los derechos de los ciudadanos por encima de la defensa del Estado y no al contrario, como el gobierno entiende ha sucedido hasta ahora. Uno de los ejemplos más relevadores ha sido el uso de la Fuerza Pública en las manifestaciones. Se exige un manejo más proporcionado y se privilegie el diálogo y la concertación como antesala a cualquier despliegue. La presencia de Yenny Alejandra Molina (madre de Dylan Cruz) en el discurso tras la victoria de Petro tuvo un significado contundente: el compromiso del gobierno para reformas a la fuerza, inamovible y prioridad de la actual administración.

Igualmente, retomar el proceso de conversaciones con el ELN donde quedó ‘congelado’ al finalizar el gobierno de Juan Manuel Santos –lamentablemente acentuado esto por el atentado terrorista del ELN en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander-, lo cual ya se ha venido dando con la visita del canciller Álvaro Leyva y el Alto Comisionado para la Paz Danilo Rueda y otras personalidades a La Habana, donde se buscó ‘reparar’ simbólicamente el daño causado por el anterior gobierno de Duque a Cuba al ser un país cumplidor de los protocolos que acompañan este tipo de conversaciones –junto con Noruega-, así como legitimar a la Delegación de negociadores del ELN, el posterior levantamiento por parte del Presidente Petro de las órdenes de captura contra estos y en reciprocidad las liberaciones unilaterales por parte de la insurgencia del ELN de personas secuestradas, incluido un grupo de miembros de la Fuerza Pública, todo lo cual ha creado un nuevo clima que presagia un retomar de las conversaciones en el corto plazo, luego de un retorno de dicha Delegación al país y recibir un mandato y eventualmente una composición renovada. También se prevé un proceso parecido con las denominadas Disidencias de las extintas FARC.

Pero igualmente se encuentra la propuesta del actual gobierno a las bandas criminales –como el conocido Clan del Golfo- de entrar en un acercamiento que conduzca al acogimiento de los mismos a la justicia con su consecuente desmovilización, desarme y contribución a desmantelar el negocio ilícito, a cambio de medidas que podríamos denominar, en principio, como de ‘justicia penal benigna’.

De igual manera la seguridad en nuestras fronteras, especialmente con Venezuela, debe modificarse y pasar progresivamente de una situación de tensión y prevención –derivado de verse mutuamente como amenazas a la seguridad-, a una cooperación binacional para combatir los fenómenos de criminalidad presentes en las mismas, lo cual se fortalecerá con el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países.

Por último quisiéramos destacar el cambio que el nuevo gobierno quiere propiciar de la ubicación institucional de la Policía Nacional, del Ministerio de Defensa a un nuevo Ministerio de Paz, Seguridad Ciudadana y Convivencia o eventualmente a un Ministerio reformado de Justicia y Seguridad Ciudadana, todo ello buscando una Policía civil y no militarizada, orientada por la doctrina de seguridad humana, pero esa es una decisión en curso, que pasa por un análisis y debate en el Congreso y por supuesto escuchando la propia institución policial.

No hay duda que el nuevo gobierno de Gustavo Petro está decidido a dar pasos firmes para avanzar en cambios de la doctrina policial y militar, en los cuales la seguridad humana sea el eje central de la nueva doctrina –que va a estar dependiendo en buena medida del éxito de las demás políticas del actual gobierno, por ejemplo frente al narcotráfico-, y que seguramente será durante un período una doctrina de seguridad integral, por la persistencia de fenómenos delincuenciales en las regiones.

*Profesor de la Universidad del Rosario.

**Profesor de la Universidad Nacional y director del Grupo en Seguridad y Defensa.

La designación de Iván Velásquez en la cartera de defensa allana el camino para que Colombia transite de una doctrina militar-policial que priorizaba la seguridad nacional, basada en la idea de la defensa de la soberanía nacional y la lucha anti subversiva, a una que privilegie la “seguridad humana” como el propio mandatario lo ha reconocido. ¿Qué significa esa transición? ¿Hasta qué punto es viable? ¿Qué retos supone en el corto plazo?

La seguridad humana surgió formalmente como noción de la política internacional a mediados de los 90 (aunque tiene antecedentes) cuando el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan propuso un concepto que se fuera distanciando de la disuasión nuclear y se centrara en el ser humano. Dicho de otro modo, se trataba de acercar la seguridad a la ciudadanía. Los antecedentes en América Latina en las épocas de los gobiernos militares, mostraban regímenes que privilegiaban la seguridad del Estado a expensas de los derechos de la ciudadanía. Pues bien, la seguridad humana no solo busca ubicar al ciudadano en el centro, sino actualizar el campo para incluir riesgos provenientes parcialmente de la naturaleza como la protección del medio ambiente, las reacciones frente a catástrofes naturales, y la gestión de las migraciones entre otras.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político

Varios Estados han pasado por transiciones de ese corte, o bien por cambios en el sistema político, como en los países de Europa Central y Oriental tras superar la tutela soviética o con posterioridad a la firma de acuerdos de paz como en Centroamérica. En esta última se pactó la doctrina de seguridad democrática (muy distinta a la acuñada por el uribismo) similar a la humana por la que apuestan Petro y Velásquez. También es prudente recordar que Colombia ya ha vivido cambios importantes en su sector seguridad y defensa asimilables a una extensa transición. Basta recordar la refundación constitucional de 1991, y el retorno de civiles a la cartera de Defensa con Rafael Pardo, o el acompañamiento de militares y policías a los procesos de paz con las guerrillas. En épocas más recientes, Colombia ha tenido cúpulas militares sensibles a la paz como las que estuvieron en cabeza de Fernando Tapias Stahelin durante la administración de Andrés Pastrana o Alberto José Mejía con Juan Manuel Santos. Durante la negociación con las FARC, militares y policías (activos y en retiro) fueron protagonistas. Sumando todo lo anterior, se podría concluir que esta transición ya ha debutado o al menos tienen antecedentes.

Por ende, esta etapa puede entenderse como una evolución de la seguridad y de la defensa que ha estado condicionada por distintos procesos de paz, como el que acabó en la desmovilización del M19 a comienzos de los 90, o los Acuerdos de La Habana. Ese posacuerdo por imperfecto que sea, impone cambios del sector seguridad y defensa. Se trataría de adaptarlo a la idea de “paz total” que el gobierno actual ha propuesto y presupone que los derechos humanos no son un tema subsidiario, sino que componen la esencia del discurso sobre seguridad. Tanto Fuerzas Militares como Policía tendrían que privilegiar los derechos de los ciudadanos por encima de la defensa del Estado y no al contrario, como el gobierno entiende ha sucedido hasta ahora. Uno de los ejemplos más relevadores ha sido el uso de la Fuerza Pública en las manifestaciones. Se exige un manejo más proporcionado y se privilegie el diálogo y la concertación como antesala a cualquier despliegue. La presencia de Yenny Alejandra Molina (madre de Dylan Cruz) en el discurso tras la victoria de Petro tuvo un significado contundente: el compromiso del gobierno para reformas a la fuerza, inamovible y prioridad de la actual administración.

Igualmente, retomar el proceso de conversaciones con el ELN donde quedó ‘congelado’ al finalizar el gobierno de Juan Manuel Santos –lamentablemente acentuado esto por el atentado terrorista del ELN en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander-, lo cual ya se ha venido dando con la visita del canciller Álvaro Leyva y el Alto Comisionado para la Paz Danilo Rueda y otras personalidades a La Habana, donde se buscó ‘reparar’ simbólicamente el daño causado por el anterior gobierno de Duque a Cuba al ser un país cumplidor de los protocolos que acompañan este tipo de conversaciones –junto con Noruega-, así como legitimar a la Delegación de negociadores del ELN, el posterior levantamiento por parte del Presidente Petro de las órdenes de captura contra estos y en reciprocidad las liberaciones unilaterales por parte de la insurgencia del ELN de personas secuestradas, incluido un grupo de miembros de la Fuerza Pública, todo lo cual ha creado un nuevo clima que presagia un retomar de las conversaciones en el corto plazo, luego de un retorno de dicha Delegación al país y recibir un mandato y eventualmente una composición renovada. También se prevé un proceso parecido con las denominadas Disidencias de las extintas FARC.

Pero igualmente se encuentra la propuesta del actual gobierno a las bandas criminales –como el conocido Clan del Golfo- de entrar en un acercamiento que conduzca al acogimiento de los mismos a la justicia con su consecuente desmovilización, desarme y contribución a desmantelar el negocio ilícito, a cambio de medidas que podríamos denominar, en principio, como de ‘justicia penal benigna’.

De igual manera la seguridad en nuestras fronteras, especialmente con Venezuela, debe modificarse y pasar progresivamente de una situación de tensión y prevención –derivado de verse mutuamente como amenazas a la seguridad-, a una cooperación binacional para combatir los fenómenos de criminalidad presentes en las mismas, lo cual se fortalecerá con el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países.

Por último quisiéramos destacar el cambio que el nuevo gobierno quiere propiciar de la ubicación institucional de la Policía Nacional, del Ministerio de Defensa a un nuevo Ministerio de Paz, Seguridad Ciudadana y Convivencia o eventualmente a un Ministerio reformado de Justicia y Seguridad Ciudadana, todo ello buscando una Policía civil y no militarizada, orientada por la doctrina de seguridad humana, pero esa es una decisión en curso, que pasa por un análisis y debate en el Congreso y por supuesto escuchando la propia institución policial.

No hay duda que el nuevo gobierno de Gustavo Petro está decidido a dar pasos firmes para avanzar en cambios de la doctrina policial y militar, en los cuales la seguridad humana sea el eje central de la nueva doctrina –que va a estar dependiendo en buena medida del éxito de las demás políticas del actual gobierno, por ejemplo frente al narcotráfico-, y que seguramente será durante un período una doctrina de seguridad integral, por la persistencia de fenómenos delincuenciales en las regiones.

*Profesor de la Universidad del Rosario.

**Profesor de la Universidad Nacional y director del Grupo en Seguridad y Defensa.