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A partir de agosto de 2022, la administración del presidente Gustavo Petro realizó, con las autoridades locales de Táchira y ministros delegados por Nicolás Maduro, una “normalización” simbólica que apuntó a regresar a la situación existente en agosto de 2016, con paso peatonal en el día y de mercancías en la noche, pero sin un paso de transporte público colectivo, solo permitiendo transporte público individual de momento.
Sin embargo, es importante señalar que actores legales e ilegales se han adaptado a los años de cierre fronterizo y han logrado beneficiarse del statu quo que se impuso en los años de ruptura. Algunos de ellos podrían buscar sabotear la normalización de la frontera entre Táchira y Norte de Santander. Del lado de los gremios se podrían impulsar dinámicas de proteccionismo en sectores como el hotelero, los restaurantes, los centros comerciales y la economía del entretenimiento, que han crecido en los últimos años al acaparar la demanda venezolana.
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Igual sucede del lado contrario, pero, sobre todo, en los sectores industriales y productivos que han sobrevivido al recurrir a diferentes estrategias de vinculación formal e informal con el oficialismo chavista. Esto ha sido así mediante el pago de impuestos o, incluso, coimas, para mantener su operación, pero en condiciones abiertas de competencia contra los productos colombianos tienen una baja capacidad para sostenerse en el mercado y prácticamente no tendrían posibilidad para exportar a Colombia. No sorprende, entonces, que estos se resistan a la llegada legal de los productos colombianos.
Los actores de la criminalidad y otros actores armados presentes en la frontera de Norte de Santander (EPL, ELN, La Línea, Los Rastrojos, La Frontera, GPF Frente 33 Mariscal Sucre, Cartel de Sinaloa, Clan del Golfo, Compañía Pedro Echeverry EPL, Frente 10 Guadalupe Salcedo, Frente Libardo Mora Toro EPL, Frente Carlos Germán Velasco Villamizar ELN y disidencias de las FARC), que se disputan el área fronteriza y sus rentas pueden buscar desestabilizar la construcción de confianza. Dichos grupos están entrando en una nueva espiral de violencia por el cambio con la reapertura de los puentes para vehículos particulares. Y los bajos niveles de coordinación entre los cuerpos de seguridad colombianos y venezolanos complejizan la situación. Si bien ya se dio un encuentro ministerial el 24 de septiembre de 2022, la coordinación a nivel local y a nivel de comandantes del área, continúa en construcción.
Los retos del Gobierno colombiano en lograr la normalización de la frontera tendrán una repercusión en la población e implican establecer un nuevo relacionamiento desde lo local y lo nacional y generar así garantías para los habitantes del departamento de Norte de Santander que nunca más serán llevados hasta el punto que se llegó con el cierre fronterizo.
La ausencia de diálogo directo entre los Gobiernos nacionales, así como la falta de cualquier otro canal de comunicación entre las autoridades, dio lugar en los últimos años al surgimiento de nuevos espacios entre actores de los dos países. Particularmente, surgieron espacios de diplomacia ciudadana como “Puentes Ciudadanos Colombia Venezuela”, que congrega a organizaciones de la sociedad civil de Colombia y Venezuela, que se reúnen periódicamente y se pronuncian sobre los acontecimientos que se presentan en la frontera.
Lo mismo sucedió desde los gremios empresariales fronterizos de ambos países que están entre los principales afectados por la ruptura de relaciones. La Cámara de Comercio Colombo-Venezolana, de Colombia, y FEDECAMARAS Táchira, de Venezuela, convocaron a los actores, a los gremios, a los comerciantes, a los transportistas y a los agentes aduaneros a espacios de diálogo. Esto se hizo con la vista puesta en construir confianza y promover protocolos para el intercambio y el pago de las mercancías, punto inicial de lo que hoy desarrolla en su posición como ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, hasta hace poco presidente de la Cámara Colombo-Venezolana.
Un camino similar se recorrió desde la diplomacia local, especialmente entre los gobiernos de Norte de Santander y Táchira. En el marco de las reuniones de coordinación que surgieron en el contexto de la pandemia de la Covid-19, se construyeron canales de comunicación entre el entonces secretario de Fronteras, Cooperación Internacional y Migraciones de Norte de Santander, Víctor Bautista, y el “protector” del estado Táchira, Freddy Bernal, designado por el presidente Nicolás Maduro, quien posteriormente ganaría las elecciones convirtiéndose en el gobernador de esa entidad.
Dichos espacios de diplomacia ciudadana, gremial y local son el punto de partida sobre el que se inició el proceso de “normalización” de la frontera entre Norte de Santander y Táchira. Pero, en la práctica, varios temas están aún pendientes. La infraestructura vial y el parque automotor venezolano no garantizan que se pueda dar una relación comercial armónica, a lo que se suman los problemas de seguridad en las carreteras, como, por ejemplo, las alcabalas de las propias autoridades venezolanas que han normalizado la extorsión e incautación ilegal de mercancías.
El nombramiento de los embajadores Armando Benedetti, por parte de Colombia, y de Félix Plasencia, por Venezuela, representan la consolidación de un canal de comunicación permanente entre las autoridades de los dos países que no se daba desde 2019. Y las reuniones del canciller colombiano, Álvaro Leyva, con las autoridades venezolanas y la participación del país hermano como garante en la negociación con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) establecen que la prioridad de la relación bilateral será la participación del régimen venezolano en la propuesta de “Paz Total” del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Entre tanto, la relación de la zona de frontera se concentra en el intercambio comercial como punto de partida para la construcción de confianza. Sin embargo, temas como el de la migración y el de la seguridad, que son prioritarios en el área, quedan subordinados y sin un claro direccionamiento. Incluso pareciera que el Estado colombiano asumirá la narrativa del régimen venezolano en estos asuntos como verdadera.
*Investigadores del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario
**Este texto hace parte del documento Edificando una Nueva Relación Bilateral del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer, KAS.