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Este miércoles, la Misión de Observación Electoral (MOE) dio apertura al proceso de observación para los comicios de 2022, luego de que la Registraduría publicara el calendario electoral que, en forma, inicio el pasado 12 de marzo.
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En un evento en el que participan integrantes del Consejo Nacional Electoral; la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez; la embajadora de Suecia en Colombia, Helena Storm; y la Iglesia, la directora de la MOE, Alejandra Barrios, dio apertura oficial al proceso de observación electoral haciendo un llamado para que la democracia no se suspenda, pese a circunstancias excepcionales como la pandemia por el nuevo coronavirus.
“Tenemos que lograr hacer un acuerdo en el país para poder sacar adelante un proceso electoral que, por primera vez, se está haciendo en pandemia, bajo la convicción de que la democracia es imparable”, dijo Barrios en el evento.
La MOE resaltó tres situaciones que generan preocupación. La primera, que aún la Corte Constitucional no se manifiesta con relación al nuevo Código Electoral, por ende, “no se tienen claras las reglas que regirán los comicios del próximo año”. Así mismo, sobre las reglas de juego, la directora enfatizó que también es importante “definir la normatividad que va a regir a las campañas en el contexto de la pandemia”.
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Esto, principalmente, por los aplazamientos que han tenido algunas elecciones, como los Consejo Territoriales de Juventud, especialmente sobre el desarrollo de las campañas.
Los otros dos temas que le preocupa a la MOE son el riesgo latente de que se use la pandemia por el COVID-19 y las necesidades que generó con fines políticos y electoral; y, por último, la violencia contra líderes y lideresas sociales que persiste en los territorios, que, de acuerdo con la organización, se recrudece en el marco de las elecciones.
“Es vital que exista una separación entre el Plan Nacional de Vacunación y el proselitismo político, para esto, debe hacerse un estricto seguimiento de ambos procesos”, alertó la MOE.
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El llamado de Barrios es el de “fortalecer las medidas de prevención y protección a fin de garantizar la celebración de comicios verdaderamente democrático, en los que las distintas posiciones políticas o ideológicas se debatan y defiendan en las urnas, a partir de la decisión del electoral, y no de la coerción o incluso la eliminación del contrario”.