Así pedirá la Comisión de la Verdad la extensión de su mandato a la Corte

La Comisión de la Verdad le pedirá a la Corte Constitucional que extienda su mandato. Lo hará en el marco de una demanda de constitucionalidad que presentaron varias organizaciones, entre ellas De Justicia, para solicitarle al alto tribunal ampliar el período de socialización del Informe Final que presentará la Comisión el próximo 28 de noviembre. La publicación de dicho documento es el eje central de su mandato, pues recopilará testimonios de todas las orillas para entender qué pasó en el conflicto armado para que escalara la violencia de la manera en que lo hizo. No obstante, que todos los colombianos conozcan y digieran esa información es igual de importante para evitar la repetición de la guerra. Por ello, la Corte estudia la demanda del acto legislativo 01 de 2017, que creó la institución, y así mismo escuchará los argumentos presentados por la Comisión como entidad y por el padre Francisco de Roux, presidente de la misma.

(Lea: Los testimonios del empresariado a la Comisión de la Verdad)

En una carta, De Roux le explicó su postura y los y las magistradas. Entre los motivos para extender el mandato, el presidente de la Comisión resaltó la responsabilidad que tiene esta entidad dentro del Sistema Integral de Paz, creado a partir de lo pactado en Cuba y que cobija a otras dos organizaciones: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. “La Comisión es una institución que, sobre la base de la verdad histórica, ética y política, juega el papel central en la no repetición y en la eventual reconciliación de los colombianos”, señaló.

En ese sentido, agregó, avanzar hacia la construcción de un futuro compartido desde la diferencia requiere satisfacer el derecho de miles de víctimas a ser escuchadas, tarea que debe cumplir a cabalidad la entidad que preside. “De lo contrario, el aporte sustancial del Sistema Integral para la Paz, que es central en la Constitución, quedaría incompleto”, añadió. Por ello, entre los argumentos presentados por la Comisión a la Corte, el padre de Roux destacó que los meses en los que se vivieron con más fuerza los estragos de la pandemia, la Comisión tuvo limitado el acceso a los testimonios de las víctimas.

(Conozca: Los enredos del mandato de la Comisión de la Verdad)

“La Comisión ha trabajado sin interrupción y con total dedicación en el cumplimiento de la misión que le fue encomendada y durante los 14 meses fuertes de la pandemia ese trabajo no se interrumpió nunca. Sin embargo, los resultados obtenidos en términos de escucha y acogida directa a las víctimas en la Colombia profunda, y los logros alcanzados en términos del derecho a la verdad de los ciudadanos, fueron seriamente limitados. La Comisión procuró maximizar logros al interior de restricciones de movilidad, de viajes y de escucha; restricciones que impidieron el encuentro presencial que es indispensable para tratar con las personas en cuestión asuntos delicados de victimización y responsabilidades personales”, detalló de Roux en su carta.

(Vea: “Fui encargado de crear las AUC a través de las convivir”: Mancuso)

La recolección de testimonios, sumado al análisis de la información recogida y la escritura del Informe, es un trabajo que requiere más horas. “Es necesario disponer de tiempo para incorporar los aportes faltantes que las víctimas y responsables quieren entregar y, además, poder contrastar estos aportes con los que están ya en estudio en la Comisión a fin de llegar a un esclarecimiento lo más riguroso posible”, indicó el padre de Roux.

(Contexto: Demandan decreto que creó la Comisión de la Verdad para que se extienda su mandato)

Por ello, le escribió a la Corte Constitucional que “tiene en sus manos la posibilidad de garantizar condiciones indispensables para que la contribución de la Comisión de la Verdad pueda responder a los derechos que reclaman víctimas y ciudadanos”, refiriéndose a la labor de revisar la demanda de las organizaciones. Eso sí, aclaró que, sea cual sea la decisión del alto tribunal, la Comisión de la Verdad acogerá su determinación con respeto.

Otros argumentos de la Comisión de la Verdad que oirá la Corte Constitucional:

En un documento de 40 páginas, la Comisión ahondó en los impactos negativos que representó la pandemia para su trabajo. Expresó entonces que si bien la metodología y ejecución de su plan de trabajo estaba ajustado para un período de tres años, la colisión en la calidad de los resultados es “irreversible”. “Esto es especialmente traumático para una institución de justicia transicional que tiene un mandato que es concreto y ambicioso a la vez; para el cual cuenta con un tiempo preciso; razonable pero no amplio. Debido a la pandemia, la Comisión de la Verdad se ha visto abocada a adelantar más del 55% de su mandato bajo estas condiciones, no dejó de funcionar, y nuestra planta de personal y colaboradores han trabajado tiempo completo y sin interrupciones. No obstante, las restricciones propias de la pandemia han generado traumatismos en nuestro trabajo que han retrasado la producción de los resultados”, argumentó la Comisión.

Puntualmente, la entidad expresó que ese impacto negativo de la pandemia se ve reflejado, especialmente, en el retraso del proceso de elaboración del Informe Final. Esto porque, arguyó la Comisión, la recolección de testimonios y escucha de los mismos no ha culminado y el acceso a la información con reserva se ha visto limitado. “Por estas razones se ha postergado: el cierre del proceso de verificación, contraste y análisis de las fuentes primarias y secundarias por parte de los equipos de investigación; la redacción y elaboración del contenido del Informe Final y la deliberación por parte del Pleno de Comisionados y Comisionadas sobre los hallazgos, patrones, causas explicativas y recomendaciones del Informe Final”, manifestó.

Entre otras cosas, la entidad le refiere a la Corte Constitucional que, como sostienen los demandantes, hay un asunto sobre la constitucionalidad que no fue estudiado en 2018 y que está presto a diferentes interpretaciones. “Para ese entonces, no se advertía que las normas, referentes a los 3 años de periodo de funcionamiento de la Comisión de la Verdad, podrían tener dos interpretaciones. La primera supone que los tres años de periodo son formales y se cuentan en días calendario que inician el 28 de noviembre del 2018 y culminan el 28 de noviembre de 2021. La segunda interpretación entiende que los tres años de funcionamiento de la Comisión deben ser efectivos. Estas posibilidades interpretativas se han hecho evidentes por la llegada, en el 2020, de la pandemia del Covid-19, que obligó a todo el Estado y la sociedad a adecuar su funcionamiento a la nueva realidad”, expuso la Comisión en el documento.

La Comisión de la Verdad le pedirá a la Corte Constitucional que extienda su mandato. Lo hará en el marco de una demanda de constitucionalidad que presentaron varias organizaciones, entre ellas De Justicia, para solicitarle al alto tribunal ampliar el período de socialización del Informe Final que presentará la Comisión el próximo 28 de noviembre. La publicación de dicho documento es el eje central de su mandato, pues recopilará testimonios de todas las orillas para entender qué pasó en el conflicto armado para que escalara la violencia de la manera en que lo hizo. No obstante, que todos los colombianos conozcan y digieran esa información es igual de importante para evitar la repetición de la guerra. Por ello, la Corte estudia la demanda del acto legislativo 01 de 2017, que creó la institución, y así mismo escuchará los argumentos presentados por la Comisión como entidad y por el padre Francisco de Roux, presidente de la misma.

(Lea: Los testimonios del empresariado a la Comisión de la Verdad)

En una carta, De Roux le explicó su postura y los y las magistradas. Entre los motivos para extender el mandato, el presidente de la Comisión resaltó la responsabilidad que tiene esta entidad dentro del Sistema Integral de Paz, creado a partir de lo pactado en Cuba y que cobija a otras dos organizaciones: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. “La Comisión es una institución que, sobre la base de la verdad histórica, ética y política, juega el papel central en la no repetición y en la eventual reconciliación de los colombianos”, señaló.

En ese sentido, agregó, avanzar hacia la construcción de un futuro compartido desde la diferencia requiere satisfacer el derecho de miles de víctimas a ser escuchadas, tarea que debe cumplir a cabalidad la entidad que preside. “De lo contrario, el aporte sustancial del Sistema Integral para la Paz, que es central en la Constitución, quedaría incompleto”, añadió. Por ello, entre los argumentos presentados por la Comisión a la Corte, el padre de Roux destacó que los meses en los que se vivieron con más fuerza los estragos de la pandemia, la Comisión tuvo limitado el acceso a los testimonios de las víctimas.

(Conozca: Los enredos del mandato de la Comisión de la Verdad)

“La Comisión ha trabajado sin interrupción y con total dedicación en el cumplimiento de la misión que le fue encomendada y durante los 14 meses fuertes de la pandemia ese trabajo no se interrumpió nunca. Sin embargo, los resultados obtenidos en términos de escucha y acogida directa a las víctimas en la Colombia profunda, y los logros alcanzados en términos del derecho a la verdad de los ciudadanos, fueron seriamente limitados. La Comisión procuró maximizar logros al interior de restricciones de movilidad, de viajes y de escucha; restricciones que impidieron el encuentro presencial que es indispensable para tratar con las personas en cuestión asuntos delicados de victimización y responsabilidades personales”, detalló de Roux en su carta.

(Vea: “Fui encargado de crear las AUC a través de las convivir”: Mancuso)

La recolección de testimonios, sumado al análisis de la información recogida y la escritura del Informe, es un trabajo que requiere más horas. “Es necesario disponer de tiempo para incorporar los aportes faltantes que las víctimas y responsables quieren entregar y, además, poder contrastar estos aportes con los que están ya en estudio en la Comisión a fin de llegar a un esclarecimiento lo más riguroso posible”, indicó el padre de Roux.

(Contexto: Demandan decreto que creó la Comisión de la Verdad para que se extienda su mandato)

Por ello, le escribió a la Corte Constitucional que “tiene en sus manos la posibilidad de garantizar condiciones indispensables para que la contribución de la Comisión de la Verdad pueda responder a los derechos que reclaman víctimas y ciudadanos”, refiriéndose a la labor de revisar la demanda de las organizaciones. Eso sí, aclaró que, sea cual sea la decisión del alto tribunal, la Comisión de la Verdad acogerá su determinación con respeto.

Otros argumentos de la Comisión de la Verdad que oirá la Corte Constitucional:

En un documento de 40 páginas, la Comisión ahondó en los impactos negativos que representó la pandemia para su trabajo. Expresó entonces que si bien la metodología y ejecución de su plan de trabajo estaba ajustado para un período de tres años, la colisión en la calidad de los resultados es “irreversible”. “Esto es especialmente traumático para una institución de justicia transicional que tiene un mandato que es concreto y ambicioso a la vez; para el cual cuenta con un tiempo preciso; razonable pero no amplio. Debido a la pandemia, la Comisión de la Verdad se ha visto abocada a adelantar más del 55% de su mandato bajo estas condiciones, no dejó de funcionar, y nuestra planta de personal y colaboradores han trabajado tiempo completo y sin interrupciones. No obstante, las restricciones propias de la pandemia han generado traumatismos en nuestro trabajo que han retrasado la producción de los resultados”, argumentó la Comisión.

Puntualmente, la entidad expresó que ese impacto negativo de la pandemia se ve reflejado, especialmente, en el retraso del proceso de elaboración del Informe Final. Esto porque, arguyó la Comisión, la recolección de testimonios y escucha de los mismos no ha culminado y el acceso a la información con reserva se ha visto limitado. “Por estas razones se ha postergado: el cierre del proceso de verificación, contraste y análisis de las fuentes primarias y secundarias por parte de los equipos de investigación; la redacción y elaboración del contenido del Informe Final y la deliberación por parte del Pleno de Comisionados y Comisionadas sobre los hallazgos, patrones, causas explicativas y recomendaciones del Informe Final”, manifestó.

Entre otras cosas, la entidad le refiere a la Corte Constitucional que, como sostienen los demandantes, hay un asunto sobre la constitucionalidad que no fue estudiado en 2018 y que está presto a diferentes interpretaciones. “Para ese entonces, no se advertía que las normas, referentes a los 3 años de periodo de funcionamiento de la Comisión de la Verdad, podrían tener dos interpretaciones. La primera supone que los tres años de periodo son formales y se cuentan en días calendario que inician el 28 de noviembre del 2018 y culminan el 28 de noviembre de 2021. La segunda interpretación entiende que los tres años de funcionamiento de la Comisión deben ser efectivos. Estas posibilidades interpretativas se han hecho evidentes por la llegada, en el 2020, de la pandemia del Covid-19, que obligó a todo el Estado y la sociedad a adecuar su funcionamiento a la nueva realidad”, expuso la Comisión en el documento.