58 representantes a la Cámara que integran la Comisión de Paz expresaron su preocupación por la grave situación de desplazamiento forzado que están sufriendo personas en proceso de reincorporación de la antigua guerrilla de las Farc, en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).
Desde la comisión aseguran que ya son múltiples los hechos de violencia que están viviendo las comunidades por la reactivación de las violencias por parte de grupos armados en los territorios.
Hacen referencia a los hechos ocurridos en Mesetas, en el departamento del Meta, en donde más de 200 familias fueron obligadas a abandonar el Centro Poblado de Mariana Páez y asumir la pérdida total de la infraestructura y proyectos productivos que venían desarrollando en los últimos 6 años.
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“El desplazamiento y confinamiento silencioso responde a las amenazas y hechos victimizantes que suman a la fecha según Indepaz, 351 firmantes de paz asesinados desde la firma del acuerdo, 1435 líderes y lideresas sociales de todo el país y miles de desplazados a las principales ciudades y municipios, situación que se repite en distintas zonas del país”, aseguraron en un carta los integrantes de la comisión.
Ante esas alertas, los representantes aseguran que la “paz total” no puede significar el “desconocimiento de lo alcanzado, ni el abuso, control territorial y hostigamiento a las comunidades por parte de los interesados en los diálogos, sean de orden político o estructuras criminales de alto impacto”, manifestaron.
Por eso, pidieron que al Gobierno: al presidente Gustavo Petro; al Ministro de la Defensa, Iván Velásquez; al Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda; y a la directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas, que logren mantener los ceses de fuego, igual que a los grupos armados que los acaten, de cara al respeto de los derechos de las comunidades.
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De acuerdo con los representantes, “en este momento histórico que vive Colombia, la ‘paz total’ necesita de todas las voluntades y acciones reales que den confianza a todos los actores sociales y políticos que garanticen la vida digna, sin miedo y con políticas públicas que fortalezcan el buen vivir de las y los colombianos”.
“Esta situación afecta gravemente la consecución y el desarrollo de la ‘paz total’ y la implementación del Acuerdo Final de Paz con las Farc”, dijeron.
También hicieron referencia a la situación en la vía a Cartagena del Chaira-Caquetá, en donde desde hace tres días se “montó” un retén ilegal que duró más de 2 horas, “los alcaldes de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chaira están despachando desde Florencia por falta de garantías de seguridad; la situación en el Bajo Cauca no es mejor. En el municipio de Remedios (Antioquia), firmantes del espacio Juan Carlos Castañeda y campesinos de la zona han sido amenazados y están siendo desplazados por el Clan del Golfo, las disidencias y el Eln”, aseguraron.
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