Comisión de Paz del Congreso puso la lupa sobre crisis social en el Bajo Cauca

Los senadores Iván Cepeda y Omar Restrepo, de la Comisión de Paz del Congreso, durante una visita a Cáceres.

Foto: Cortesía

El pasado 23 de agosto, la Corporación de Derechos Humanos Jesús María Valle denunció que hombres armados, que portaban insignias de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, asesinaron a seis personas en la vereda San Pablo, del municipio de Cáceres, Antioquia.

“El cadáver de un liderazgo social se encuentra en medio de una calle principal de la vereda, siendo objeto de alimento de aves carroñeras porque estos hombres no permiten que la comunidad haga un levantamiento”, dijo la corporación, agregando que los pobladores estuvieron incomunicados, sin acceso a telefonía e internet.

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Estos hechos llamaron la atención del Congreso, especialmente de la Comisión de Paz del Congreso, donde el senador Robert Daza solicitó realizar una audiencia pública en el municipio para escuchar directamente a las víctimas. El compromiso se cumplió este 23 de septiembre, con la presencia de los senadores Iván Cepeda, Robert Daza, al igual que de representantes del Ejército, la Policía y el gobierno local.

Los habitantes, varios de los cuales prefieren no ser citados por temor a represalias, aseguraron que la escalada de violencia se vive en todo el Nordeste y Bajo Cauca antioqueño, debido a la “presencia paramilitar del Clan del Golfo”. Varios señalan que este grupo armado ha bloqueado en varias ocasiones el paso de combustible que se usa para la minería artesanal, los trabajos agrícolas y el aprovechamiento forestal.

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Un líder minero de la región aseguró que todos estos hechos y los constantes combates con otros grupos armados, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), obligaron a cientos de campesinos a desplazarse. Sin embargo, dice que ni así lograron escapar de la violencia. “Nos fuimos al refugio Rancho Quemado y hasta ahí llegaron y asesinaron a Carlos Mario Roldán, líder social y defensor de derechos humanos”.

Para las organizaciones de derechos humanos de la región, se trata de un “plan de genocidio contra el movimiento social”. Además, aseguran que a la problemática se suma el accionar cuestionable de las fuerzas militares, pues varios dicen que tras la masacre y otros hechos las tropas no han hecho presencia y que incluso señalaron que las víctimas eran integrantes de otros grupos armados.

“Hemos denunciado esto muchas veces y henos aquí, otra vez con las mismas preocupaciones”, dijo uno de los líderes frente a los senadores de la Comisión de Paz. Al final de la audiencia, las comunidades reclamaron, además del respaldo de la fuerza pública, soluciones estructurales a problemas como el de la educación o la minería.

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Así mismo, le solicitaron al Gobierno establecer una ruta clara para las negociaciones con grupos armados, ya que, para ellos, mantener un cese al fuego con el ELN y no con el Clan del Golfo propicia los combates que dejan en la mitad a la población civil.

El senador Iván Cepeda, presidente de la Comisión de Paz, cerró la jornada haciendo un llamado a los grupos que actúan en la zona. Pidió respeto por la población civil y aseguró que el gobierno de Gustavo Petro les brinda la oportunidad de someterse a la justicia. “Llamamos a todos los grupos armados al cese al fuego y a la Fuerza Pública a respetar los derechos humanos”, concluyó el senador.

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