Comisión Primera de Senado le puso talanquera a la agenda de Petro y lo haría ceder

Una semana más acaba de pasar en el Congreso y el gobierno de Gustavo Petro sigue sin encontrar los votos necesarios para destrabar sus proyectos en la Comisión Primera del Senado. Y es que, con las reformas a la salud y laboral prácticamente hundidas, el Ejecutivo le apuesta a sacar adelante, además de la pensional, dos iniciativas que están en su penúltimo debate en esa corporación: las modificaciones a la ley estatutaria de educación y la implementación de la Jurisdicción Agraria.

Una semana más acaba de pasar en el Congreso y el gobierno de Gustavo Petro sigue sin encontrar los votos necesarios para destrabar sus proyectos en la Comisión Primera del Senado. Y es que, con las reformas a la salud y laboral prácticamente hundidas, el Ejecutivo le apuesta a sacar adelante, además de la pensional, dos iniciativas que están en su penúltimo debate en esa corporación: las modificaciones a la ley estatutaria de educación y la implementación de la Jurisdicción Agraria.

El principal obstáculo que se ha encontrado es un organizado frente de oposición conformado por algunas de las figuras más activas de ese sector, entre estas Paloma Valencia, María Fernanda Cabal (Centro Democrático), David Luna (Cambio Radical), Alfredo Deluque (La U), entre otros. Todos ellos, argumentando que los proyectos tienen varios aspectos inconvenientes, a lo que sumaron sus críticas contra los escándalos de corrupción y la polémica del “poder constituyente” de Petro, han logrado aplazar las votaciones claves en las últimas tres semanas.

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En el caso de la ley de educación, aunque la Comisión Primera operó cuatro días esta semana, en ninguno el proyecto logró avanzar significativamente. El lunes, el senador Luna pidió una sesión de oposición para llevar a control político a los ministros de Salud, Guillermo Jaramillo, y Educación, Aurora Vergara, por los problemas del nuevo modelo de salud del magisterio.

Al día siguiente, la iniciativa terminó en el tercer punto del orden del día porque antes se debatieron la Ley Sara Sofía —que crea un protocolo ante los casos de desaparición de menores— y el reconocimiento del desplazamiento forzado por causas asociadas al cambio climático. A la hora de la discusión, la senadora Paloma Valencia presentó una ponencia para modificar el texto, la cual, si bien fue rechazada con 13 votos negativos y tres positivos, agotó el tiempo de la sesión.

El miércoles, la oposición volvió a utilizar la fórmula del control político y llamó nuevamente a la ministra de Educación para que respondiera por la autonomía universitaria, esto en medio de la polémica elección de rector en la Universidad Nacional. Finalmente, este jueves, cuando se esperaba el reinicio del debate, tras más de una hora y media de conversaciones entre los ponentes, en las que intervino el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se acordó levantar la sesión y continuar la próxima semana.

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La ministra Vergara y la ponente de la reforma, la senadora María José Pizarro, dieron un parte de tranquilidad señalando que están a cerca de llegar a un consenso para modificar el proyecto y lograr que avance a su debate final en la plenaria del Senado. “Hay ánimo conciliatorio y avanzamos con ese propósito nacional de hacer de la educación nuestro gran acuerdo”, dijo la jefa de la cartera de educación.

Sin embargo, para varias figuras de la oposición, el resultado está lejos de ser un avance del Gobierno, pues, por el contrario, sería la comprobación de que no tiene mayorías y deberá desistir de algunos puntos. De acuerdo con la senadora Valencia, el oficialismo tendrá que votar por otra ponencia de modificación, la de sus colegas David Luna, Alfredo Deluque y el conservador Germán Blanco, quien además es el presidente de la Comisión.

“Este proyecto, como lo tiene el Gobierno, acaba con la autonomía universitaria, pero además no mejora realmente la educación”, aseguró la senadora del Centro Democrático. De acuerdo con ella y con el senador Luna, el texto que van a impulsar también le garantiza recursos a la educación privada, a través de bonos escolares, programas de excelencia o becas. Así mismo, explicaron, incluirán la “reivindicación de los ecosistemas de educación mixtos”, ya que el original “ni siquiera mencionaba a los colegios y universidades privadas”.

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El próximo martes, a puerta cerrada, los promotores de las ponencias alternativa y oficial se reunirán en la Subsecretaría del Senado para buscar un acuerdo. El Gobierno intentará minimizar los cambios estructurales, pero la oposición insistirá en que no tienen los votos para exigir. Además, le recordarán que sigue pendiente el aval fiscal de la propuesta, una asignatura que podría poner a tambalear los cambios en la Corte Constitucional. De hecho, como se trata de una ley estatutaria, además de que no puede ser discutida en sesiones extras, si pasa este y su último debate en la plenaria, llegará a revisión del alto tribunal.

En medio de este ajetreo por otra de las llamadas reformas sociales de Petro, en un segundo plano ha quedado el proyecto que regula la Jurisdicción Agraria y Rural, también impulsada por el Ejecutivo. La discusión sobre la estructura, funcionamiento y competencias del tribunal que resolvería los conflictos por tierras en el país también se frenó por una oleada de cuestionamientos de la oposición, los gremios e incluso de la Corte Suprema de Justicia.

Para la senadora María Fernanda Cabal, lo que propone el Gobierno es “activismo judicial contra la propiedad privada” e iría en contra del derecho civil. Lo mismo opina Paloma Valencia, quien pide tomar en cuenta las 16 recomendaciones de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema antes de darle luz verde a la nueva jurisdicción.

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Este tribunal dice, entre otras cosas, que el proyecto debería hacer aplicables las leyes del Código Civil de manera subsidiaria, lo que implica que, cuando no haya normas puntuales para un caso de conflicto de tierras, se remita a las que establece el derecho civil. De igual manera, la Corte pidió ajustes muy precisos, como cambiar el término “pruebas verdaderas”, al considerarlo ambiguo, por el de “pruebas auténticas”.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, lidera la defensa de la jurisdicción, intentando derribar lo que él llama “mitos” que la oposición ha creado sobre esta. Según él, no se plantea cambiar las reglas de juego para asignar derechos de propiedad, promover las invasiones o darles poder sin límite a los jueces agrarios. “Serán jueces como los que conocemos, imparciales, serenos, rigurosos. No veo por qué el temor”, explicó Osuna.

Aunque esta propuesta a veces queda lejos de los reflectores mediáticos y de la opinión pública, lo cierto es que es una de las que más inquietan al propio presidente Petro, quien ha insistido en que se trata de uno de los puntos primordiales del Acuerdo de Paz de 2016, hoy por hoy en boca de muchos por la propuesta de interpretar algunos de sus apartes como la base de un proceso constituyente.

Entre tanto, algunas voces de la bancada del Pacto Histórico señalan la posible falta de coordinación para sacar adelante la agenda de reformas, incluidas las de la Comisión Primera del Senado. Según dicen, cada ministro dialoga con un grupo específico de congresistas, pero no hay uno que juegue como “el 10″ y organice toda la estrategia política en torno a los proyectos que están en juego.

Al igual que la reforma pensional, las iniciativas del Gobierno en la Comisión Primera del Senado definirán su suerte en medio de las “jugadas” de la oposición y del Gobierno para hacer que las escasas tres semanas que le quedan a la legislatura jueguen a favor de un bando u otro.

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