Comisiones primeras del Congreso aprobaron proyecto de reforma al Código Disciplinario
Con este supuestamente la Procuraduría acoge las recomendaciones del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano por el caso de Gustavo Petro. La mayoría de la oposición se retiró al considerar que la iniciativa restringe y quita los derechos políticos.
Luego de tres días de sesión, las comisiones primeras de Senado y Cámara aprobaron en primer debate el proyecto de reforma al Código Disciplinario presentado por la Procuraduría y con el que supuestamente estaría acogiendo los exhortos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dio en el fallo contra el Estado colombiano por la destitución de Gustavo Petro cuando era alcalde de Bogotá.
Para contexto: Así actuará la Procuraduría tras el fallo de la Corte IDH por el caso Petro.
La iniciativa ha suscitado polémica y Gustavo Petro junto a la mayoría de la oposición se retiraron de las discusiones al considerar que con esto se estarían limitando los derechos políticos de funcionarios elegidos por voluntad popular. Pero no es solo la bancada de la oposición, sino académicos y expertos los que reparan el proyecto.
La Procuraduría de Fernando Carrillo, antes de finalizar su período, radicó un proyecto que no fue tenido en cuenta por Margarita Cabello, quien presentó una propuesta enfocada en otorgar las facultades jurisdiccionales del Ministerio Público, contar con funcionarios diferentes en cada fase de investigación, y crear una sala especial que permita la doble instancia.
Lea: Procuraduría radica proyecto para reformar el Código General Disciplinario.
Bajo estas perspectivas, lo que han advertido varias personas es que, en vez de garantizar los derechos políticos de los electos, se abren aún más las posibilidades para que estos sean condenados por la Procuraduría, sin importar la decisión judicial por falta disciplinar.
Bajo estas perspectivas, lo que han advertido varias personas es que, en vez de garantizar los derechos políticos de los electos, se abren aún más las posibilidades para que estos sean condenados por la Procuraduría, sin importar la decisión judicial por falta disciplinar. “Es evidente que el proyecto que pretende habilitar a la Procuraduría para limitar derechos políticos de funcionarios electos viola a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cada congresista que lo vote a favor y cada procurador que lo aplique debería pagar, con su propio patrimonio y hasta el último peso, todas las condenas futuras contra el Estado colombiano por violación del artículo 23 de la Convención”, escribió Catalina Botero, abogada experta en derecho constitucional y derecho internacional de los derechos humanos.
También la abogada experta en derecho internacional de los derechos humanos, Silvia Serrano, advirtió que es erróneo concebir que sanciones de destitución e inhabilitación a funcionarios de elección popular sean impuestas por autoridad administrativa. “El fallo es claro en que la condena debe hacerla un juez competente en proceso penal”, proceso que, por ejemplo, no se cumplió en el caso de Petro, que terminó siendo destituido por el entonces procurador Alejandro Ordóñez, hoy embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), donde está adscrita la Corte IDH.
El último reparo, relacionado con la búsqueda del Ministerio Público de garantizar que haya funcionarios diferentes en los procesos de investigación, es el riesgo de crear más burocracia, una situación que podría ser inconveniente en la actualidad nacional por cuenta de la convulsión social que lleva más de un mes en paro, como lo advirtió la representante Juanita Goebertus (Alianza Verde).
“Se ha vuelto práctica, lo hizo la Contraloría y la Registraduría, pasar una serie de reformas cuyo denominador común incrementa los poderes de esas instituciones y sistemáticamente le da atribuciones de facultades para crecer la planta de personal, sin ningún tipo de soporte de Función Pública que nos diga por qué se necesita este crecimiento de planta”, dijo Goebertus, señalando que serían 500 cargos nuevos, “en plena pandemia y crisis económica”, pese a que el proyecto no lo estima en su articulado.
Sobre esto, Serrano apuntó que la procuradora Cabello se tomó literal que la misma persona no esté encargada de la investigación y sanción disciplinar. “La Corte IDH no es literal sobre cómo cumplir que autoridad que investiga no sea la misma que sanciona y que se puede cumplir por varios medios. Ahí se manda el mensaje de que la ampliación de personal es necesaria para cumplir, aunque el fallo no diga eso”.
Por último, el tema que preocupó a congresistas, no solo de la oposición, son las funciones de policía judicial a la Procuraduría que, algunos, la han tachado de estar pensada al “estilo de la Gestapo” (policía secreta de la Alemania nazi). Es decir, según advirtieron varios, le daría facultades para interceptar comunicaciones, realizar allanamientos, requisas, entre otras funciones que cumple la policía judicial.
Los afines al proyecto justificaron este punto al señalar que la Procuraduría ya cuenta con labores de policía judicial y la iniciativa solo busca especificarlo.
Antecediendo la votación del proyecto, Serrano aseveró que “contrario a lo que dijo la procuradora, si el Congreso aprueba el proyecto de ley, no solo Colombia incumpliría el fallo de la Corte en el caso de Gustavo Petro, sino que mantiene inconvencionalidad del ordenamiento interno y abre la puerta a muchas otras condenas internacionales”.
Por eso, este jueves, Petro antes de retirarse de la discusión anunció que denunciará a los congresistas que aprobaron la reforma al Código Disciplinar al considerar que habría desacato a la justicia, en este caso a lo dispuesto y ordenado por la Corte IDH.
Luego de tres días de sesión, las comisiones primeras de Senado y Cámara aprobaron en primer debate el proyecto de reforma al Código Disciplinario presentado por la Procuraduría y con el que supuestamente estaría acogiendo los exhortos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dio en el fallo contra el Estado colombiano por la destitución de Gustavo Petro cuando era alcalde de Bogotá.
Para contexto: Así actuará la Procuraduría tras el fallo de la Corte IDH por el caso Petro.
La iniciativa ha suscitado polémica y Gustavo Petro junto a la mayoría de la oposición se retiraron de las discusiones al considerar que con esto se estarían limitando los derechos políticos de funcionarios elegidos por voluntad popular. Pero no es solo la bancada de la oposición, sino académicos y expertos los que reparan el proyecto.
La Procuraduría de Fernando Carrillo, antes de finalizar su período, radicó un proyecto que no fue tenido en cuenta por Margarita Cabello, quien presentó una propuesta enfocada en otorgar las facultades jurisdiccionales del Ministerio Público, contar con funcionarios diferentes en cada fase de investigación, y crear una sala especial que permita la doble instancia.
Lea: Procuraduría radica proyecto para reformar el Código General Disciplinario.
Bajo estas perspectivas, lo que han advertido varias personas es que, en vez de garantizar los derechos políticos de los electos, se abren aún más las posibilidades para que estos sean condenados por la Procuraduría, sin importar la decisión judicial por falta disciplinar.
Bajo estas perspectivas, lo que han advertido varias personas es que, en vez de garantizar los derechos políticos de los electos, se abren aún más las posibilidades para que estos sean condenados por la Procuraduría, sin importar la decisión judicial por falta disciplinar. “Es evidente que el proyecto que pretende habilitar a la Procuraduría para limitar derechos políticos de funcionarios electos viola a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cada congresista que lo vote a favor y cada procurador que lo aplique debería pagar, con su propio patrimonio y hasta el último peso, todas las condenas futuras contra el Estado colombiano por violación del artículo 23 de la Convención”, escribió Catalina Botero, abogada experta en derecho constitucional y derecho internacional de los derechos humanos.
También la abogada experta en derecho internacional de los derechos humanos, Silvia Serrano, advirtió que es erróneo concebir que sanciones de destitución e inhabilitación a funcionarios de elección popular sean impuestas por autoridad administrativa. “El fallo es claro en que la condena debe hacerla un juez competente en proceso penal”, proceso que, por ejemplo, no se cumplió en el caso de Petro, que terminó siendo destituido por el entonces procurador Alejandro Ordóñez, hoy embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), donde está adscrita la Corte IDH.
El último reparo, relacionado con la búsqueda del Ministerio Público de garantizar que haya funcionarios diferentes en los procesos de investigación, es el riesgo de crear más burocracia, una situación que podría ser inconveniente en la actualidad nacional por cuenta de la convulsión social que lleva más de un mes en paro, como lo advirtió la representante Juanita Goebertus (Alianza Verde).
“Se ha vuelto práctica, lo hizo la Contraloría y la Registraduría, pasar una serie de reformas cuyo denominador común incrementa los poderes de esas instituciones y sistemáticamente le da atribuciones de facultades para crecer la planta de personal, sin ningún tipo de soporte de Función Pública que nos diga por qué se necesita este crecimiento de planta”, dijo Goebertus, señalando que serían 500 cargos nuevos, “en plena pandemia y crisis económica”, pese a que el proyecto no lo estima en su articulado.
Sobre esto, Serrano apuntó que la procuradora Cabello se tomó literal que la misma persona no esté encargada de la investigación y sanción disciplinar. “La Corte IDH no es literal sobre cómo cumplir que autoridad que investiga no sea la misma que sanciona y que se puede cumplir por varios medios. Ahí se manda el mensaje de que la ampliación de personal es necesaria para cumplir, aunque el fallo no diga eso”.
Por último, el tema que preocupó a congresistas, no solo de la oposición, son las funciones de policía judicial a la Procuraduría que, algunos, la han tachado de estar pensada al “estilo de la Gestapo” (policía secreta de la Alemania nazi). Es decir, según advirtieron varios, le daría facultades para interceptar comunicaciones, realizar allanamientos, requisas, entre otras funciones que cumple la policía judicial.
Los afines al proyecto justificaron este punto al señalar que la Procuraduría ya cuenta con labores de policía judicial y la iniciativa solo busca especificarlo.
Antecediendo la votación del proyecto, Serrano aseveró que “contrario a lo que dijo la procuradora, si el Congreso aprueba el proyecto de ley, no solo Colombia incumpliría el fallo de la Corte en el caso de Gustavo Petro, sino que mantiene inconvencionalidad del ordenamiento interno y abre la puerta a muchas otras condenas internacionales”.
Por eso, este jueves, Petro antes de retirarse de la discusión anunció que denunciará a los congresistas que aprobaron la reforma al Código Disciplinar al considerar que habría desacato a la justicia, en este caso a lo dispuesto y ordenado por la Corte IDH.