![Las delegaciones han celebrado varias jornada de diálogos, sin embargo, no se ha llegado a acuerdos de fondo que permitan levantar el paro. Las manifestaciones ya van a completar un mes.](https://www.elespectador.com/resizer/v2/4WNPUCCCO5FTLM3WEUGCEUXMZ4.jpg?auth=f557fac1e2cc29f64fe202ea5bc2de86bb4eeec26a47a3a4a04d0c6c5c70c4a6&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
Cumplidos ocho días de la instalación de la mesa de conversaciones entre el Gobierno Nacional y el Comité Nacional del Paro, en búsqueda de acuerdos y medidas que permitan hacerle frente al estallido social que completa más de tres semanas en el país, el Comité llamó la atención por “maniobras de dilación y desgaste” por parte del Ejecutivo.
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Según reclamó el Comité, que calificó como “extenuantes” las jornadas de diálogo de hasta 14 horas, si bien se han llegado a puntos de encuentro en la discusión de las garantías para el ejercicio de la protesta, el Gobierno sigue sin tomar medidas efectivas para hacerle frente a los hechos de violencia y abuso de la Fuerza Pública.
“La táctica del Gobierno ha sido la combinación de muchas maniobras de dilación y desgaste, desconociendo la urgente necesidad de tomar medidas efectivas que contengan la intervención sistemática, violenta y arbitraria desatada por la Fuerza Pública contra las y los manifestantes, en el marco de la implementación de la anunciada guerra al paro con gravísimos episodios de violaciones a los derechos humanos”, alegó el Comité.
Insistiendo en su disposición de llegar a acuerdos para poder al fin iniciar las negociaciones, el Comité del Paro declaró que ha apostado por el diálogo para que también haya acuerdos con aquellos que persisten en concentraciones y bloqueo de vías.
Sin embargo, el Comité sostuvo que hay temas en los que el Gobierno no ha mostrado interés de resolver, como “avanzar en el desmonte del Esmad de la Policía, el mensaje de cero tolerancias con la violencia policial, el uso de la facultad discrecional para el retiro del servicio a los integrantes de la Fuerza Pública comprometidos con la violencia policial, la anuencia a la visita de la CIDH y relatores especiales de la ONU, etc”.
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Por último, el Comité instó al Ejecutivo a hacer las revisiones y consultas necesarias para poder llegar a acuerdos sobre las garantías de la protesta, para poder luego iniciar las negociaciones del pliego de emergencia radicado y los otros reclamos en las calles.
A su turno, el Gobierno –a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, delegado por Duque para las conversaciones–, destacó que han mantenido un tono propositivo para generar un ambiente favorable e intentan “superar cada reto de forma asertiva y desde el respeto mutuo entre las partes”.
En esa línea, la entidad defendió que el Gobierno Nacional ha venido actuando de manera diligente para dar inicio a una mesa de negociación con el Comité. En esa tarea, explican, han analizado, proactivamente, cada una de las propuestas presentadas en relación con las garantías correspondientes a la manifestación pública y pacífica.
“Gracias a lo anterior se han logrado preacuerdos significativos que fortalecerán el ejercicio del derecho constitucional a la protesta pacífica en los frentes planteados, incluidas múltiples verificaciones de las acciones estatales por parte de órganos independientes y organismos internacionales multilaterales”, explicó la Oficina.
Por otro lado, reivindicaron su disposición y ánimo para lograr consensos y que, con fundamento en ello, se superen las afectaciones que impiden el libre ejercicio de la movilidad, salud, seguridad, abastecimiento y trabajo, y menoscaban los derechos tanto de quienes marchan como de quienes no marchan.
“Existe plena confianza en que este proceso seguirá avanzando. El compromiso de cada uno de los integrantes sigue presente y se evidencia en el empeño puesto en el desarrollo de las jornadas”, precisó el Ejecutivo, que celebró el acompañamiento de las Naciones Unidas y la Iglesia Católica como garantes de estos acercamientos, así como la asistencia de delegados de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.