Este es el cumplimiento de cuatro ejes claves del Plan de Desarrollo de Petro

Un mes antes de cumplir dos años en el poder, Gustavo Petro decidió hacer un remezón en su gabinete de ministros, cambiando a los jefes de las carteras del Interior, de Justicia, de Agricultura, de Transporte, de Vivienda y de Educación. No fue el primer cambio ministerial, pero sí el primero en que, en público, mostró una preocupación por la falta de avances en el Plan Nacional de Desarrollo.

Un mes antes de cumplir dos años en el poder, Gustavo Petro decidió hacer un remezón en su gabinete de ministros, cambiando a los jefes de las carteras del Interior, de Justicia, de Agricultura, de Transporte, de Vivienda y de Educación. No fue el primer cambio ministerial, pero sí el primero en que, en público, mostró una preocupación por la falta de avances en el Plan Nacional de Desarrollo.

“Hay un cambio drástico de gabinete al llegar a la mitad del gobierno porque estamos reparando errores y detectando problemas estratégicos (...) lo advierto de una vez, se pueden arrepentir, todavía están a tiempo, si no se tienen que agarrar de la silla fuerte, que espero den una batalla por el cambio”, les sentenció a sus nuevos funcionarios.

El Petro del 9 de julio de 2024 tenía un tono distinto al del 7 de agosto de 2022, cuando se paró ante una Plaza de Bolívar a reventar. Frente a sus seguidores en Bogotá, pero también los que seguían el discurso desde las principales ciudades de Colombia, habló durante casi una hora. Lo hizo rodeado del simbolismo que lo ha caracterizado, incluyendo a la espada de Bolívar, y a la vez con el optimismo de lo que él mismo calificó como un “triunfo histórico”.

Durante ese primer pronunciamiento como presidente de Colombia, Petro hizo varias promesas que, a diferencia de muchas más que ha hecho en otras intervenciones públicas, quedaron consignadas en varios de los 372 artículos del Plan Nacional de Desarrollo.

Sin embargo, en una reciente entrevista al diario francés Le Mondé, el presidente, que poco habla en público de los retos en la Casa de Nariño, le pasó un corte de cuentas a varias de esas metas, dejando en el aire un tufillo del trabajo a medio caminar. Es por esto que un Petro acorralado por el tiempo no encontró otra salida que sentenciar, de entrada, a su nuevo equipo de ministros.

Además, se enfrenta a la necesidad de que para cumplir con el PND requiere de una coalición fuerte en el Congreso y la realidad es que esta solo existió hasta 2023. Aunque al comienzo de su gobierno buscó conciliar y alcanzó a montar en el mismo bus a partidos como Liberal, Conservador, de La U, Alianza Verde, Pacto Histórico, Comunes y otros, esta alianza se rompió. Uno de los momentos más críticos en esa conciliación fue con la salida de los ministros Alejandro Gaviria (Educación), Cecilia López (Agricultura) y José Antonio Ocampo (Hacienda), quienes hacían parte del ala moderada del gabinete.

Por otra parte, hay un problema de dinero. El proyecto de Presupuesto de 2025 da fe de que las finanzas estatales están afectadas por cuenta de las deudas. Y el principal damnificado es el monto que se utilizará para inversión el próximo año, que se reducirá significativamente, en unos $17 billones -según cálculos de Salomón Kalmanotivz-, frente a la plata usada para ese rubro.

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Para entender a profundidad los pendientes, El Espectador le midió el aceite a cuatro puntos clave que quedaron plasmados en la hoja de ruta de su gobierno frente a las cifras alcanzadas hasta el momento. Los temas incluidos, por la relevancia en la retórica petrista así como por la coyuntura, son: entrega de tierras, transición energética, lucha contra la corrupción y el cambio en el paradigma frente a las drogas.

Adicional a ello, también se consultaron expertos y actores claves en cada uno de los sectores impactados por cada meta en particular. Los resultados son variables, con más avances en unos que en otros, pero una conclusión común es que aún hay pendientes y el reloj le corre en contra a Petro.

Gobierno lleva un tercio de la meta de tierras

El viernes, 2 de agosto, Gustavo Petro viajó a El Aro, convirtiéndose en el primer presidente en visitar el corregimiento de Ituango (Antioquia) donde los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) asesinaron a 17 campesinos en 1997. Estuvo allí por la conmemoración de los 27 años de esa masacre y aprovechó el momento para entregar 52 títulos de propiedad equivalentes a 608 hectáreas de tierra.

El acto significó, pues, un paso más en la meta, consignada en el Plan Nacional de Desarrollo, de entregar 2,9 millones de hectáreas de tierra en su cuatrienio. Precisamente, la entrega de estos terrenos es el pilar de la reforma agraria, tal como lo ha dicho el jefe de Estado. En distintos escenarios ha insistido en que para transformar el campo, primero los campesinos deben poseer los terrenos y contar con acompañamiento estatal para convertirlos en productivos.

Es tal la importancia de esa meta que, en 2023, el Ministerio de Agricultura lanzó el Contador Oficial de la Reforma Agraria. Para el 22 de mayo pasado -fecha más reciente-, en ese contador se resalta la gestión de 1.065.109 hectáreas. Ese trámite incluye medidas como compra, donación, administración, formalización de títulos, restitución, entre otros.

No se trata de una cifra menor, toda vez que representan cerca de la tercera parte de la ambiciosa meta. Sin embargo, en los próximos dos años, el presidente Gustavo Petro se enfrenta a un camino cuesta arriba. Hace apenas un par de semanas, la Corte Constitucional tumbó parte del artículo 61 del PND que, en pocas palabras, le daba las herramientas al gobierno para la expropiación exprés, a través de la Agencia Nacional de Tierras. En una seguidilla de publicaciones en X, el mandatario criticó la decisión, asegurando que con esta “la corte restringe seriamente el cumplimiento del Acuerdo de Paz en su aspecto central: la reforma agraria pacífica”.

A ello se suma la pelea legislativa que, con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quiere dar para aprobar la jurisdicción agraria. Aunque el proyecto se hundió en la comisión primera del Senado, el jefe de la cartera política ha dicho que uno de los proyectos que presentará ante el Congreso en esta legislatura será, precisamente, ese. Para ambientar la discusión, el 20 de julio pasado, el presidente pidió a organizaciones campesinas que salieran a marchar a favor de la reforma agraria.

En todo caso, y como ha pasado en otros temas, Petro se enfrenta al reto de pasar de la retórica a la realidad. Y de hacerlo rápido. “Los hechos dan cuenta de que no han podido avanzar con celeridad en la compra de tierras, pero, aún peor, con los proyectos productivos que tiene que acompañar la entrega a los beneficiarios para que tengan un horizonte de vida con alguna esperanza de ser actores reales productivos en sus entornos”, dice José Félix Lafaurie, quien hace parte de la mesa de negociaciones con el ELN, es el director de Fedegán, gremio ganadero más grande de Colombia y que suscribió en 2022 un acuerdo con el MinAgricultura para agilizar la venta de tierras al Estado.

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Según las cifras de Lafaurie, quien antes se ha posicionado como un duro opositor a Petro, la ANT tiene a disposición unos 1,6 millones de hectáreas de tierras y los recursos para comprarlas. “Se trata de que ejecute y, al mismo tiempo, tenga proyectos productivos”, apunta.

Normatividad demora la transición energética

La obsesión de Petro con la tierra -o su redistribución- también apunta a otro pilar de su gobierno: la transición energética, con la meta de agregar 2.297,08 MW al sistema de energía colombiano con fuentes de energías renovables no convencionales.

El 5 de julio pasado, ante un centenar de personas en Sabanalarga (Atlántico), y acompañado por varios mandatarios locales como el gobernador de ese departamento, Eduardo Verano de la Rosa, el primer mandatario habló de una revolución. “No es simplemente un cambio de máquinas: la revolución no está en el cambio de tecnologías, es el efecto de este cambio”, dijo para agregar que esa transformación debía venir acompañada de cambiar el uso de la tierra.

Resaltaba cómo un área de 300 hectáreas pasaría de ser usada por “latifundistas de vacas” a servir para suministrar energía a más de 400.000 personas gracias a los Bosques Solares de Bolívar, operado por Isagén, cinco parques solares con capacidad de producir 20 megavatios (MW) de energía cada uno.

El de Sabanalarga fue uno de los más recientes esfuerzos que ha permitido que, a lo largo del año, se hubieran agregado proyectos con capacidad para más de 500 MW. Según cálculos del gobierno, han entrado en operación 62 proyectos de distribución, granjas y parques solares en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.

Para Alexandra Hernández, presidenta de SER Colombia -gremio que acoge a las empresas que implementan y desarrollan energías renovables no convencionales-, hay “un ambiente dispuesto para que se tomen las decisiones regulatorias necesarias. Hemos estado trabajando con el Gobierno Nacional en varias mesas de alto nivel, planteando los desafíos del sector y la forma de solucionarlos, además, del otro lado, tenemos empresas realmente comprometidas”. Pero también reconoce que el gran reto es que haya trámites más simples para la conexión de nuevos proyectos y una actualización de las normas para que correspondan a las ambiciones y necesidades actuales.

Ese 5 de julio, Petro tiró el balón al otro lado de la cancha. Frente a varios alcaldes caribeños cuestionó que las autoridades locales no impulsaran más proyectos como Bosques Solares. “¿Qué le pasa a los alcaldes del Caribe? ¿Están en la nómina de Afinia y Air-e que no se dan la pela y bajan la energía? ¿Cuál es la dificultad para que el Ministerio de Minas inmediatamente con empresas privadas construya en cada municipio granjas solares de 10 megas?”, dijo.

Pese a ese señalamiento, Eduardo Verano, en reciente entrevista con El Espectador, aseguró que el problema no es de ellos ni de falta de voluntad para que se construyan este tipo proyectos, sino de mayor impulso desde el gobierno nacional y el sector privado: “nosotros no tenemos en este momento los incentivos y la claridad para concretar esos proyectos. Lo que está demostrado es que quienes sacan adelante proyectos de esa envergadura y esa magnitud, y con ese nivel de precisión tecnológica, son empresas que se dedican a ello”.

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Aún no hay estrategia anticorrupción

En todo caso, más compleja ha sido la lucha contra la corrupción. Transparencia por Colombia, por los dos años de Petro, realizó un informe sobre cómo va este tema en el gobierno actual y las cifras no son buenas. La organización identificó 57 indicadores de anticorrupción para entender cómo se ha atendido el tema en el gobierno actual. Esos indicadores incluyen metas planteadas puntualmente en el PND, como la elaboración de la estrategia nacional de lucha contra la corrupción.

“A la fecha no está completada su formulación. Esto lo que hace es quitarle visión estratégica, coherencia y coordinación a un esfuerzo anticorrupción que necesita resultados”, dice Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.

Hernández, de todas maneras, no ve todo perdido. Resalta, por ejemplo, la radicación en el Congreso del proyecto de ley para la protección de denunciantes de corrupción. Aunque aún le faltan tres de los cuatro debates para ser norma, el experto celebra que en el gobierno se apostó por desestancar la propuesta.

Sin embargo, hay una sombra aún mayor en este gobierno en la lucha contra la corrupción. El 20 de julio, ante el Congreso en pleno, Gustavo Petro pidió perdón. Lo hizo por el escándalo de corrupción que, más recientemente, sacude a su gobierno: el desangre de las finanzas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). “Tengo que pedir perdón porque yo fui el que lo puse ahí”, dijo refiriéndose al nombramiento de Olmedo López al frente de la entidad, cuyas finanzas se pusieron en grave riesgo por el supuesto pago de coimas.

Luego de explicar que López llegó de las entrañas de la izquierda -buena parte de su vida limitó en la Alianza Democrática M-19-, Petro hizo una radiografía de la corrupción en Colombia. “No es un tema ideológico”, dijo, sino “una cultura, que atraviesa todo, está en los más ricos, y en los más pobres”.

La preocupación de Andrés Hernández es clara: “el país necesita que se vaya más allá de acciones aisladas, más allá de un reconocimiento de la complejidad de las redes de la corrupción y más allá del perdón”.

Más interdicción que sustitución voluntaria

Esos problemas han opacado una de sus principales propuestas a comienzo de gobierno: la formulación de una nueva política de drogas. El 20 de septiembre de 2022, Gustavo Petro dio uno de sus discursos más provocativos como presidente ante uno de los foros políticos más importantes del mundo: la Asamblea General de Naciones Unidas.

En el encuentro 78° de los jefes de Estado de los países miembros de la ONU, Petro dijo a sus congéneres: “La guerra contra las drogas ha fracasado (...) Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, necesita que todos construyamos una mejor sociedad”.

Ese llamado a cambiar el paradigma de la guerra contra las drogas quedó reflejado en la política sobre el tema, presentada por el gobierno en octubre de 2023. El documento, llamado “Sembrando vida desterramos el narcotráfico”, tiene dos estrategias: oxígeno y asfixia.

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La primera le apuesta a la reducción de 92.000 hectáreas cultivas con coca, siendo 69.000 de ellas a través del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos en Colombia. La asfixia, por su parte, pone la mirada en el narcotráfico y en cómo se debe acabar su infraestructura. Además, pone un especial énfasis en la interdicción.

Esta última ha sido, quizá, la parte más exitosa de la estrategia antidrogas en el gobierno Petro. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, en 2023 las autoridades incautaron 739,5 toneladas de cocaína, 450 de las cuales se confiscaron en territorios internacionales. Pero en la contraparte está el sustancial aumento de los cultivos de uso ilícito. Para el cierre del año pasado, el gobierno identificó 246.000 hectáreas con estos cultivos, significativamente por encima de la cifra de 2022 (230.000).

Durante una visita el pasado marzo, Rahul Gupta, director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, resaltó la apuesta gubernamental para solucionar el problema de la droga. “Hay cosas que ya están pasando y realmente tenemos que felicitar al gobierno de Colombia y al presidente por asegurarse de que esto sea una prioridad para él”, afirmó el funcionario de Joe Biden.

Pero esa priorización tiene bemoles, como lo reflejan las cifras. “La actual política de drogas planteó un cambio estructural respecto a la lucha contra el narcotráfico en el país, pero el futuro de la sustitución es poco claro. Aunque la política se enfoca en la persecución de las redes de tráfico internacional de cocaína y no en perseguir a los pequeños cultivadores de coca, también se ha distanciado del enfoque de la sustitución”, sentenció Insight Crime en su informe ‘La inercia estatal limitan la sustitución de cultivos ilícitos en Colombia’.

Este miércoles, Gustavo Petro llega a la mitad de su mandato con un balance que muestra que es más lo que falta que lo que se ha hecho. No han sido dos años sencillos para el mandatario que se ha chocado con la realidad de que ejecutar las palabras requiere de una coordinación y un esfuerzo difícil de lograr.

Por eso, en un reciente evento en Corferias, volvió a darles un ultimátum a sus ministros: “Si no aguantan, den un paso al costado, porque eso no es un pecado. Nadie nació para estas vainas, si no puede, dé un paso al costado, alguien asumirá la pelea. Ni siquiera sé quién, pero alguien va a asumir la pelea. Son puestos de combate”.

Petro, entonces, se enfrenta a un complejo cruce de caminos y un combate, que ya con la mitad de los rounds cumplidos aún no tiene a un ganador claro. Para que eso pase, deberá acelerar el cumplimiento de su Plan Nacional de Desarrollo. Así, podrá materializar el cambio que cree que necesita el país, con miras a lograr la promesa que le ha hecho a sus seguidores: que el suyo sea el primer, pero no el último gobierno progresista en Colombia.

*Esta es la quinta de seis entregas relacionadas con los dos años del presidente Gustavo Petro en el poder, que se cumplirán el próximo 7 de agosto.

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